La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios invita a usuarios, usuarias, líderes y lideresas sociales, vocales y comités de control social y a representantes de la comunidad metense al “Diálogo Servicios Públicos por la Vida” que se realizará el próximo viernes 6 de octubre en Villavicencio.

Este es un encuentro de escucha y participación abierta a la ciudadanía en los territorios. Su objetivo es concertar soluciones efectivas a las dificultades que tienen los habitantes de esta región del país en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible. De esta manera defendemos sus derechos, en el marco de la Constitución Política de Colombia y las prioridades sociales del Gobierno del Cambio, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

A esta jornada también han sido convocadas autoridades locales y representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos del Meta, departamento con más de un millón de habitantes.

El superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, quien lidera estos encuentros institucionales manifestó: “Con este diálogo regional llegaremos a Villavicencio en desarrollo de nuestra agenda de presencia en los territorios. Escucharemos a todos los actores convocados; y acordaremos compromisos para mejorar la calidad, continuidad y cobertura de estos servicios esenciales. Nuestro papel es asegurar que se atiendan las necesidades de las comunidades, se respeten sus derechos y se dignifiquen sus condiciones de vida en torno al agua, el saneamiento básico, la energía y el gas combustible”.

La inscripción a la jornada está disponible en este formulario. El encuentro se realizará en el Teatro Rosita Hoyos, ubicado en la sede de la alcaldía, calle 40 No. 33 – 64, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. 

En este diálogo participativo, el superintendente estará acompañado por los superintendentes delegados para la Protección al Usuario, Ulver Triviño Hermida; Energía y Gas Combustible, Orlando Velandia Sepúlveda; y Acueducto, Alcantarillado y Aseo (e), Hugo Guanumen Pacheco; así como el director técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, James Copete Ríos, y la directora de la Territorial Oriente, Patricia Almario Ortiz. 

Con la conformación de un Comité Nacional por la Defensa de los Servicios Públicos en Colombia, concluyó con éxito la Asamblea nacional de usuarios de energía y servicios públicos, realizada por el Ministerio de Minas y Energía, y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el miércoles 27 de septiembre en Bogotá. 

En la plaza central de la Universidad Nacional de Colombia se congregaron más de 3.500 personas para ser escuchados y tenidos en cuenta en los cambios estructurales que promueve el Gobierno para el sector energético en el país, en defensa de los usuarios y usuarias.

Al iniciar la jornada, el superintendente delegado para la Protección al Usuario y la Gestión en Territorio, Ulver Triviño, recordó que “Los servicios públicos son derechos establecidos en la Constitución Política. En el Gobierno del Cambio sabemos que la solución a los problemas en este sector se debe dar de la mano de los usuarios, los principales afectados”.

Manifestó, además, que “Desde la Superservicios hemos realizado jornadas de diálogo con usuarios de los servicios públicos en diferentes regiones de Colombia; y, por eso, hemos propuesto que al modernizar la Ley 142 se impulse la democratización de los servicios. La invitación es a que nos organicemos y nos fortalezcamos desde los territorios y consolidemos la participación de los usuarios para lograr el cambio que necesita el país”.

Durante el encuentro, representantes de las diferentes delegaciones presentes en esta asamblea, presentaron sus peticiones y propuestas para que el servicio de energía llegue a todo el territorio nacional con calidad, continuidad y amplia cobertura, y tarifas justas.  

Juntas de acción comunal, líderes sociales, campesinos, indígenas y afros resumieron las necesidades que, en materia de energía, tienen las comunidades en las regiones Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía, Amazónica e Insular del país; así: Cambio de modelo en la prestación del servicio, derogación del régimen especial de tarifas que aplica en el Caribe, justicia tarifaria, reposición de infraestructura, mayor control sobre las empresas, mayores inversiones, y respeto y buen uso de los recursos naturales.

El presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia, Guillermo Cardona Moreno, abrió la participación de las organizaciones sociales y destacó la movilización nacional por la vida y la paz, los derechos, y las reformas sociales en defensa de la oferta institucional a la acción comunal.

Ricardo Villanueva Ballestas, en representación de la delegación del Caribe, enfatizó: “Se debe derogar el régimen que eleve las tarifas de energía en el Caribe, cambiar el modelo en la prestación del servicio”.

Xiomara Puerto, representante de la Orinoquia, indicó que “Hay muchas comunidades sin un servicio de energía digno y se cobra el servicio mediante macromedición. Requerimos presencia del gobierno y mayor seguimiento a las empresas”.

Luis Ángel Bolaños y Luis Felipe Galamba, de la región Pacífica, manifestaron que “Los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó, en donde hay grandes poblaciones indígenas, afro y mestizas, están abandonados; hay altas tarifas y se cobra el alumbrado público sin tenerlo”.

En la asamblea, los congresistas María José Pizarro y Alberto Benavides anunciaron que desde la bancada del cambio acompañarán este consenso nacional para que la reforma a la regulación garantice mejores servicios y tarifas justas. “Los congresistas tenemos que tomar decisiones importantes frente a este tema; con una reforma que construyó la gente, con la gente y para la gente”, manifestó la senadora Pizarro.

 

Al concluir la jornada, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, reiteró a los presentes que desde el Gobierno Nacional se están construyendo las reformas y políticas públicas con la gente, respetando el mandato popular en las urnas de hacer los cambios que requiere el país.

Anunció que “No vamos a dar un paso sin contar con la voz de la gente. Venimos a garantizar la voz de los usuarios y usuarias de Colombia.  La transición energética tiene que significar justicia y resolver los problemas que ha dejado el modelo minero energético en el país, a un costo justo”.

El ministro finalizó resaltando que “Hoy recibimos en este encuentro el mandato de la comunidad, nace el comité nacional por la defensa de los servicios públicos, que cuenta con comités regionales. De allí saldrá su voz para tener en cuenta en la reforma. Cuentan con un gobierno comprometido con el cambio para Colombia”. 

 

La Compañía Energética de Occidente, que opera en Cauca, fue sancionada con una multa de $544.091.090 por facturar a 19.528 usuarios con base en consumos estimados entre el 25 de abril y el 30 de junio de 2020. La confirmación de la sanción fue notificada a CEO mediante la Resolución SSPD 20232400521115 del 1 de septiembre de 2023. 

Por su parte, la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac), que suministra el servicio de energía en Chocó, fue sancionada con una multa de $ 395.738.319 por facturar a 9.210 usuarios con base en consumos estimados, entre el 25 de abril y el 30 de junio de 2020. La multa fue confirmada mediante la Resolución SSPD No. 20232400535505 del 6 de septiembre de 2023.