Columnas de opinión

28 de Abril de 2023
Así mismo, en las próximas semanas pondremos a consideración del presidente de la República y la CRA resoluciones que contribuyan a tapar los vacíos normativos que propician esta situación. La política de fomento a la actividad de aprovechamiento de residuos y formalización de los recicladores de oficio, contenida en el Decreto 596 de 2016 del Ministerio de Vivienda, no cumplió plenamente con sus objetivos. Pasados siete años de su expedición, los avances son precarios en materia de formalización y fortalecimiento organizacional de los recicladores y en la promoción de unas prácticas de aprovechamiento eficientes, productivas y ambientalmente sostenibles. Lo que sí ha crecido es la cantidad de material reportado en el sistema único de información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos y la plata que los usuarios están pagando por aprovechamiento. Esta política fue pensada para empoderar y dignificar el trabajo de los recicladores de oficio, reconocidos por la Corte Constitucional cómo sujetos especiales de protección. La idea inicial fue fomentar organizaciones de recicladores, encargadas de recoger y transportar el material aprovechable y de pesarlo y comercializarlo en las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). En teoría, la ECA sería administrada por la organización, la cual, previo registro en la Superservicios, se encargaría de reportar en el SUI las toneladas de material aprovechable recogidas. Una vez publicada esta información, la empresa de aseo responsable de la facturación transferiría a los recicladores el pago por el servicio de aprovechamiento. Las organizaciones también debían ejecutar de programas de capacitación empresarial, elevar el nivel de vida de los recicladores y garantizar su acceso a seguridad social. Todo esto en el marco de las políticas de protección y de acciones afirmativas ordenadas por la Corte Constitucional. Sin embargo, con la nueva normatividad no prosperaron las ECA administradas por recicladores de oficio, sino bodegas tradicionales de compra y venta de chatarra que aprovecharon la oferta institucional para ocupar este lugar, sin cumplir con los requisitos y sin contar con la base social. Así, muchas asociaciones de papel se están quedando con el dinero del servicio de aprovechamiento. Lo más grave, se están inflando los reportes de material aprovechable para defraudar a los usuarios, mientras explotan a los recicladores de oficio. Las cifras de Bogotá demuestran con claridad la dimensión del problema. La ciudad produce alrededor de 3 millones de toneladas por año. De acuerdo con una estimación optimista, podría estar aprovechando el 16 por ciento de este material, 480 mil toneladas. Sin embargo, según los registros del SUI, de los 489 kilógramos de residuos per cápita que dejan los bogotanos se aprovechan 203, equivalentes al 42 por ciento. De ser cierto esté dato, el relleno sanitario de doña Juana estaría recibiendo anualmente menos de los 2.2 millones de toneladas que recibió en 2021. Para destacar la magnitud de la inconsistencia, Dinamarca, líder mundial en la materia, aprovecha el 44 por ciento de la basura, dos puntos más que Bogotá. La renta del aprovechamiento fue capturada por bodegas de chatarra que se han valido de la vulnerabilidad de los recicladores y de una política de vigilancia y control débil. Cobijados por la libertad de asociación, un mismo reciclador es afiliado a varias asociaciones y el material que recolecta es reportado más de una vez. Actualmente, existe un vacío normativo que impide verificar esto, pues la información se registra por asociación y no por individuo. Para rematar, no les pagan a los recicladores lo que les corresponde por su trabajo, mucho menos los capacitan y garantizan su seguridad social. En 2020, apenas el 6 por ciento de esta población estaba afiliada al régimen contributivo en salud y el 3 por ciento a pensiones. A raíz de estas inconsistencias, desde el año 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos se vio obligada a aplazar la publicación de las toneladas reportadas por 609 prestadores. La cantidad de toneladas aplazadas también es diciente del tamaño de la inconsistencia. Entre octubre de 2020 y febrero de 2023 fueron aplazadas 1.4 millones por año. Si se suman a las que no fueron aplazadas, nos da que en los últimos 2 años y 2 meses en Bogotá se produjeron 7.3 millones de toneladas de material aprovechable, cifra que no se sustenta ni en la lógica, ni en la estadística, pues por su tamaño, ingreso per cápita y hábitos de consumo, la ciudad solo tiene la capacidad de producir un poco más 480 mil toneladas de residuos aprovechables. Una mirada a la capacidad de los recicladores de oficio también evidencia que algo anda mal con la política de aprovechamiento. De ser ciertos los 7.3 millones de toneladas reportadas en el SUI, cada uno de los aproximadamente 21.000 recicladores que hay en la ciudad estaría recogiendo media tonelada diaria, algo que resulta imposible considerando que, de acuerdo a la caracterización que la alcaldía hizo de esta población en 2020, apenas el 3 por ciento recoge material a diario, mientras que el 31 por ciento lo hace menos de 4 días a la semana. Encima, apenas el 9 por ciento usa vehículos motorizados. Las cuentas no dan. Estas cifras evidencian lo que puede ser un fraude monumental. Los pagos represados suman $ 394.000 millones de pesos. La Superintendencia no va a publicar los reportes para que se realicen estos pagos, a menos que los prestadores demuestren la veracidad de las cifras. Creemos que pocos podrán hacerlo. Para ponerle fin a esta práctica estamos adelantando una política de inspección más proactiva para verificar la capacidad real de almacenamiento de las ECA, los recorridos y el material recogido por los recicladores y quien lo está comprando. Para esto último, estamos coordinando con la Dian mecanismos de intercambio de información. También realizaremos todas las denuncias penales a las que haya lugar, pues estas conductas podrían ser delictivas. Así mismo, en las próximas semanas pondremos a consideración del presidente de la República y la CRA resoluciones que contribuyan a tapar los vacíos normativos que propician esta situación. Por último, en la reforma a la ley de servicios públicos, así como en la Política de Basura Cero, vamos a introducir un marco institucional que les devuelva a los recicladores de oficio el servicio de aprovechamiento y, sobre todo, respete su dignidad.   DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios   Publicado en Semana, 27 de abril de 2023

22 de Marzo de 2023
La escandalosa concesión para construir la PTAR de Yopal es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de revisar las normas que rigen a las empresas de servicios públicos. El año pasado, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY) firmó un contrato por 70 millones de dólares con una desconocida firma de ingenieros para la construcción y administración de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). El contrato le entrega a Ingenicontec el tratamiento de aguas por un período de 30 años. El pago por dicho servicio saldrá de los yopaleños vía tarifas. El acuerdo se hizo por contratación directa, sin estudio de mercado, análisis topográfico, ingeniería de detalle o análisis tarifario. Sin mayor reflexión, el alcalde de Yopal resolvió comprometer el bolsillo de los ciudadanos durante tres décadas y, lo que es peor, poner en riesgo la solución al problema de aguas residuales de la ciudad. Por supuesto, detrás de un contrato tan lesivo puede haber intereses oscuros. En este caso parece tratarse de una jugosa comisión: 20 millones de dólares que presuntamente se repartirían entre el alcalde de Yopal, un representante a la Cámara por Casanare, el gerente de la EAAAY y su ex jefe jurídico. En un video que se filtró a la opinión pública, el ingeniero Nelson Suescún, representante legal de Ingenicontec, explica los detalles de la repartija y cuenta que tendrán que sacar las comisiones de la inversión del proyecto para no aumentar su valor. Ingenicontec, no sorprendentemente, carece de la capacidad financiera para adelantar una obra de esta dimensión. Por eso, el video registra una reunión con posibles inversionistas para conseguir una contrapartida que garantice la financiación de la planta, a través de un fondo suizo. En la reunión, el ingeniero Suescún reconoce que sobrefacturarán para justificar las comisiones. Por ejemplo, tasarán el metro cúbico de agua tratada 90 pesos por encima de su valor y cobrarán 19 millones de dólares por un tren de tratamiento que cuesta 8 millones. Como es de esperarse, el contrato despertó grandes interrogantes sobre la modalidad de contratación, la idoneidad de la firma contratante y la ausencia de estudios técnicos para estructurar el proyecto, dudas a las que con cinismo le salieron al paso la EAAAY e Ingenicontec. Ante las críticas de los medios locales, el gerente de la EAAAY invitaba a la comunidad a que “nos pongamos la camiseta y defendamos este contrato”. Por su parte, el ingeniero Suescún defendía la improvisación en los siguientes términos: “Si no, suspendemos el contrato, hacemos un perifoneo, le pedimos el dinero al Ministerio, duramos dos años en diseño, hacemos una licitación y un perifoneo pidiendo a los ciudadanos que por favor no usen los sanitarios, no usen los lavamanos, no usen las duchas”. El asalto a Yopal es escandaloso, pero no atípico. ¿Qué les permite a los alcaldes jugar de esta forma con los servicios públicos esenciales de los ciudadanos? En primer lugar, el gobierno corporativo de las empresas municipales de servicios públicos le da un poder absoluto al alcalde. La junta directiva no tiene poder de veto sobre sus decisiones y el gerente puede ser destituido en caso de oponerse. En segundo lugar, las empresas municipales no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se rigen de acuerdo con las normas del derecho privado, lo que abre la puerta para la contratación directa de inversiones millonarias. Por último, el párrafo 1 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994 le prohíbe expresamente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios supervisar la contratación de las empresas municipales de servicios públicos. De ahí que se conviertan en uno de los botines más codiciados en la política municipal, lo que a su vez explica por qué la mayoría de los municipios de Colombia tienen problemas de calidad de agua y continuidad del servicio. Las empresas son gobernadas por intereses políticos. Para cumplir favores es común que nombren más gente de la que necesitan. Los recursos de mantenimiento y modernización de redes se destinan para pagar una planta de personal sobredimensionada. Pero el atractivo más grande de las empresas municipales de servicios públicos está en las concesiones de largo plazo en las que le entregan la administración del servicio de acueducto, recolección de basura o tratamiento de aguas residuales a alguna empresa privada. También es común que estas concesiones se hagan a la ligera, sin verificar la idoneidad técnica de la firma y a cambio de jugosas comisiones. La escandalosa concesión para construir la PTAR de Yopal es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de revisar las normas que rigen a las empresas de servicios públicos. Es necesario que tengan gobiernos corporativos independientes de los gobiernos de turno. Mientras esto no suceda, podrán seguir aprovechándose de su régimen para firmar contratos completamente lesivos a los intereses de la ciudadanía. Entendemos que es necesario preservar la autonomía de estas empresas, sin embargo, también es necesario que la Superintendencia o a alguna otra entidad revise sus inversiones a partir de un monto determinado. Tenemos la certeza de que la reforma a la Ley 142 de 1994 será la oportunidad para discutir estos temas. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios   Publicado en Semana, 22 de marzo de 2023  

20 de Febrero de 2023
Con la recuperación de sus facultades regulatorias, Petro tomará decisiones para avanzar en la reducción, pero no las decretará arbitrariamente. La decisión del presidente Gustavo Petro de recuperar sus funciones constitucionales delegadas en la Creg y la CRA ha despertado dudas sobre posibles motivaciones políticas en la regulación de la prestación del servicio público de electricidad. Los agentes del sector temen que los precios de la electricidad sean determinados por el Ejecutivo sin consideraciones técnicas e ignorando la complejidad de factores que intervienen en la definición de los precios. Frente a esta preocupación, en primer lugar, cabe señalar que las comisiones de regulación de servicios públicos, por diseño constitucional, no son entidades con plena autonomía del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución, las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios le corresponden al presidente. En segundo lugar, el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia determina que la dirección general de la economía está a cargo del Estado y que este intervendrá, entre otras actividades, en los servicios públicos para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. La recuperación de funciones regulatorias por parte del presidente se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y le permite recuperar la iniciativa en un sector económico cuya responsabilidad recae en el ejecutivo. Es así como el acceso a los servicios públicos y las características de su generación y prestación requieren de la intervención del Estado. Nuestro modelo, por supuesto, se apoya en la participación del sector privado en todos los eslabones de la cadena de valor. La empresa privada, en articulación con el sector público, ha contribuido a mejorar la cobertura y calidad del servicio de energía. Pero no podemos perder de vista que el acceso a los servicios públicos es un derecho ciudadano que no puede estar sujeto a las dinámicas del mercado. Tampoco podemos perder de vista que la competencia tiende a ser limitada en las diferentes etapas de la prestación del servicio. Por su naturaleza, el mercado de los servicios públicos está controlado por oligopolios o monopolios naturales. De ahí que sea fundamental la intervención estatal en su regulación. La coyuntura actual, en la que el alza de las tarifas sobrepasa las posibilidades financieras de las familias colombianas, demanda de acciones rápidas y oportunas, a través de las herramientas de intervención que ofrece nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, hace unos meses el Ministerio de Minas y Energía, con la participación de la Creg, lideró el Pacto por la Justicia Tarifaria, al que se vincularon varios agentes del sector. Sin embargo, el acuerdo no tuvo el impacto esperado y la Creg no ha mostrado el sentido de urgencia que la realidad de millones de colombianos demanda. La situación no da espera. Con la recuperación de sus facultades regulatorias, el presidente Gustavo Petro tomará decisiones oportunas para avanzar en la reducción de las tarifas, pero no las decretará arbitrariamente. En el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios existe el conocimiento y el talento humano necesario para tomar decisiones orientadas por criterios técnicos. De hecho, la decisión de recuperar sus funciones regulatorias estuvo antecedida por un cuidadoso examen en el que encontramos que es posible mejorar la fórmula tarifaria para disminuir la discrecionalidad que tienen los agentes en la determinación de los precios. Además, la Creg no deja de existir. Las nuevas decisiones tarifarias se apoyarán en la experticia de los comisionados y sus equipos de trabajo, pues también hacen parte del Gobierno Nacional. Por último, entendemos que las empresas generadoras y otros agentes de la cadena de energía son conscientes de la situación y saben que su modelo de negocio no soporta la pérdida de capacidad de pago de los usuarios. El presidente y las demás entidades del Estado que integramos este sector tenemos toda la disposición de incluir sus puntos de vista en las medidas tarifarias que adoptaremos. El sector de la energía es uno de los más dinámicos de la economía nacional. Las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización generan grandes utilidades a las empresas responsables y aportan significativamente al crecimiento general de la economía. Sabemos que es posible disminuir las tarifas, sin que ello ponga en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y las inversiones en mantenimiento y expansión necesarias para garantizar la seguridad energética nacional. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Publicado por Portafolio, el 20 de febrero de 2023.