Bogotá D.C., 24 de agosto de 2021. En debate de control político promovido por la Comisión V de la Cámara de Representantes ante la crisis sanitaria en Santander, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, informó las acciones de inspección, vigilancia y control ejercidas por la entidad a las empresas prestadoras del servicio de aseo en los 16 municipios del departamento de Santander que disponían sus residuos en el relleno El Carrasco.

La funcionaria presentó este martes la gestión realizada antes, durante y después del cierre del sitio ordenado por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga, ante los representantes citantes, Ciro Fernández y Edwin Ballesteros. “Desde el 5 de octubre del 2018, un día después de que asumí como superintendente, iniciamos visitas de inspección y vigilancia por el deslizamiento de residuos en El Carrasco. Entre 2019 y 2021 participamos en mesas de trabajo para la definición del plan de cierre y clausura de dicho sitio, y para la búsqueda de una alternativa de disposición final regional para los municipios usuarios del relleno. Como resultado de nuestra gestión, realizamos 16 investigaciones administrativas a empresas del servicio de aseo e impusimos sanciones, 6 de ellas en firme a 3 prestadores de Santander por más de tres mil millones de pesos”, puntualizó Avendaño García.

Los prestadores con sanciones en firme son las empresas de servicios públicos de Lebrija y Piedecuesta, por omisión de reportar y cargue extemporáneo al Sistema Único de Información, SUI, por $13.359.238 y $20.656.076 respectivamente. Y la Empresa de Aseo de Bucaramanga por irregularidades en la disposición final de residuos, omisión de reporte al SUI e incumplimientos de las características de los vehículos recolectores, sanciones que suman $2.972.014.966.

Por su parte, los procesos de investigación administrativa mencionados por la superintendente se iniciaron por presuntos incumplimientos en la formulación de los planes de emergencia y contingencia (PEC) en la operación y entrega de residuos a un sitio que no cuenta con autorización ambiental.  

Actualmente, y luego del cierre del relleno sanitario El Carrasco desde el pasado 13 de agosto, la Superservicios ha evidenciado que cinco empresas siguen disponiendo los residuos en el sitio clausurado, razón por la cual inició investigaciones administrativas. Estas recaen sobre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Limpieza Urbana, Ruitoque, Empresa Municipal de Servicios Públicos de Piedecuesta y AAA de Colombia.

Paralelo a estas acciones, la superintendencia continúa haciendo seguimiento a la situación en Santander, y acompañando la búsqueda de acuerdos entre empresas y las administraciones municipales para que se garantice la prestación del servicio público de aseo a los habitantes de esta región.

Visitas técnicas

Luego del deslizamiento ocurrido el 3 de octubre de 2018, la Superservicios realizó visita técnica de inspección y vigilancia con el propósito de realizar la verificación de las condiciones de la prestación de la actividad de disposición final.

En el 2019, la entidad participó en ocho mesas de trabajo con alcaldías, prestadores y la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab; y en otras siete mesas técnicas y ambientales. Realizó tres visitas técnicas y verificación de las condiciones de estabilidad después del derrumbe, y del estado de la adecuación de la zona para el desmantelamiento del relleno.

Las visitas continuaron en 2020 y 2021 para el análisis de la situación del relleno sanitario, y acompañamiento a las mesas de trabajo con prestadores de recolección, barrido y limpieza (RBL) y la Emab, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, la Procuraduría y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Además, la superintendente sostuvo reuniones con el gobernador de Santander en enero de 2020 y de 2021, para analizar la situación y se concertó un manejo regional acompañado desde la gobernación.

Durante el cierre del relleno sanitario El Carrasco, en el marco del Plan de Cierre avalado por la ANLA, se realizó una visita de inspección y vigilancia al sitio, evidenciando el ingreso de los vehículos compactadores al relleno sanitario el viernes 13 de agosto. Además se observó un frente de operación activo con recepción de residuos en la celda de respaldo No. 2, y labores de impermeabilización del talud y adecuación de filtros para manejo de lixiviados en la misma celda.

Requerimientos a prestadores

En mayo de 2020 fueron requeridos por la Superservicios 27 prestadores RBL por el Plan de Emergencia y Contingencia en sitios alternos de prestadores e impacto tarifario. Se hizo requerimiento de garantía de la prestación del servicio de aseo a 16 entes territoriales y empresas; de los cuales sólo dieron respuesta el 37% de los prestadores y el 44% de las alcaldías.

Acciones de control

Como resultado de las visitas técnicas, se han adelantado los siguientes procesos de investigación administrativa contra los prestadores por presuntos incumplimientos en la formulación del PEC, en la operación y entrega de residuos a un sitio que no cuenta con autorización ambiental. Este es el estado de las investigaciones.

Sanciones en firme

Al finalizar el debate de control político, la superintendente Avendaño aceptó la solicitud de la Comisión V de la Cámara de Representantes, de coordinar con diferentes entidades del orden nacional y regional, la búsqueda de soluciones a la situación de contingencia a raíz del cierre del relleno sanitario El Carrasco. La funcionaria aclaró que lo hará respetando los fallos judiciales amparados en las decisiones de las autoridades ambientales.

Quibdó, 1 de septiembre de 2021. En alianza con el plan integral de desarrollo regional Todos somos PAZcífico, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presidió la primera jornada pedagógica de la campaña educativa ‘Superguardianes de los servicios públicos’ que busca sensibilizar a niños y jóvenes de esta región del país sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y el buen uso de los servicios públicos.

El encuentro contó con la participación de más de 20 niños, quienes recibieron las cartillas para ser ‘Superguardianes de los servicios públicos’ y talonarios de comparendos educativos sobre el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales, con los que se prestan los servicios públicos domiciliarios. La entrega estuvo a cargo de la superintendente, Natasha Avendaño García; la directora ejecutiva de Todos Somos Pazcífico, Luz Amanda Pulido, y directivos de las empresas prestadoras de la ciudad.

La jornada con los estudiantes incluyó una visita a la planta de tratamiento de agua potable Playita II que surte a la capital de Chocó. Allí, los niños conocieron el proceso de potabilización del agua y cómo llega hasta sus hogares. Al finalizar la visita, la superintendente manifestó: “Este proyecto busca concientizar a los niños de todo el país sobre el uso racional de los recursos naturales que se utilizan para proveer los servicios públicos domiciliarios y, a su vez, enseñar a usarlos de una manera responsable. Los empoderamos como superguardianes de estos servicios y les entregamos un talonario de comparendos para que sean promotores de esta campaña. Seguiremos realizando estos encuentros con niños y jóvenes de otros municipios del pacífico y del país”.

Visitas técnicas en Chocó

Durante su permanencia en Chocó, la superintendente, junto a su equipo de trabajo, realizó visitas técnicas a las empresas de servicios públicos del departamento para hacer seguimiento a proyectos de mejoramiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica. 

En reunión con los directivos de la Distribuidora de Energía del Pacífico, Dispac, se revisaron aspectos relacionados con la calidad y continuidad del servicio; y la atención y respuesta a las peticiones quejas y reclamos de los usuarios. La empresa indicó que ha habido retrasos en los programas de micromedición y en los planes de inversión ante eventos que alteraron el orden público en algunas zonas del departamento.

“Con Dispac establecimos lineamientos claros para desarrollar un programa de gestión que incluye el componente técnico, y de atención al usuario. Acordamos hacer nuestros encuentros denominados “Construyendo servicios públicos” para escuchar las preocupaciones de los ciudadanos y acordar soluciones”, afirmó la superintendente Avendaño. 

La agenda también incluyó visita a la empresa Aguas Nacionales, operador de Empresas Públicas de Quibdó, EPQ, y al relleno sanitario Marmolejo. “Aunque vemos avances en los indicadores de continuidad en acueducto y alcantarillado hay retos importantes en esta materia, en la disminución de las pérdidas y en el aumento de la cobertura. Igualmente evidenciamos un avance significativo en el sitio de disposición final Marmolejo desde la última vez que vinimos, ya que, a través de una optimización, el operador adecuará espacios para disponer residuos sólidos hasta septiembre de 2022, momento en el cual se tendrían finalizadas las obras de un nuevo vaso de disposición que garantizaría cinco años más de uso (aproximadamente 230 mil toneladas)", dijo la funcionaria.

Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dio cierre al programa de gestión suscrito con la empresa Surtidora de Gas del Caribe, Surtigas, orientado a normalizar el esquema de revisiones periódicas, y mejorar procedimientos comerciales y administrativos de la empresa.

La empresa revisó el estado de 1.920 de las 2.063 cuentas de usuarios que no contaban con el certificado de conformidad de la instalación interna. Como resultado, expidió certificado de conformidad a 1.483 (71,89%) cuentas, y suspendió el servicio a 437 (21,18%) predios que no contaban con las condiciones de seguridad exigidas para las instalaciones internas de gas. La meta se cumplió en un 93 %.

Sobre las 143 cuentas (6,93%) que faltaron por certificar, la empresa remitió evidencias sobre la gestión realizada que indican que no se pudo realizar la revisión de las instalaciones o suspensión del servicio por la negativa de los usuarios.

Sobre procedimientos comerciales y administrativos, el informe muestra que la empresa disminuyó los errores en la impresión de facturas, y avanzó en los cortes de servicio exigidos por la ley a usuarios en mora superior a un año. Presentó cumplimiento parcial del indicador de reducción de los tiempos de traslado a la superintendencia de los recursos de apelación que presentan los usuarios como parte del debido proceso.

El programa de gestión con Surtigas fue suscrito en enero de 2020. Fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2021 en atención a las medidas transitorias del Gobierno Nacional para no suspender el servicio de gas durante algunos meses de la pandemia. Los informes trimestrales y de cierre están disponible en https://superservicios.gov.co/Empresas-vigiladas/Energ%C3%ADa-y-gas-combustible/Programas-de-gesti%C3%B3n/Surtidora-de-Gases-del-Caribe-S.A.-E.S.P.

Bogotá D.C., 13 de septiembre de 2021. En vista de las manifestaciones que adelantan los recicladores de oficio desde la mañana de este lunes en Bogotá, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que la aplicación de la Resolución 20201000046075 expedida en octubre de 2020 busca proteger a los usuarios de cobros no autorizados por reporte de material que no hace parte de la actividad de aprovechamiento regulada en el país.

En el marco de la función constitucional de proteger los derechos de los usuarios, la Superservicios, desde 2016, ha identificado 2.107.710 toneladas que no pertenecen al esquema de aprovechamiento y que pretendían ser cobradas al usuario por parte de las organizaciones de recicladores y prestadores privados de la actividad de aprovechamiento en todo el país. Se detectó el reporte de residuos peligrosos, de construcción, chatarra y especiales que no provienen de la prestación del servicio público de aseo. En estos casos, ese material no puede ser validado por la superintendencia ni cobrado a los usuarios en el componente de aprovechamiento de su factura.

La medida de reversión de material no autorizado se ha aplicado a 634 prestadores de esta actividad con el fin de solicitar aclarar y soportar documentalmente que el material recuperado y cobrado a los usuarios, provenga del servicio público domiciliario de aseo. A la fecha 145 organizaciones han normalizado sus prácticas y tan solo ocho prestadores han visto afectada su remuneración en el primer semestre de 2021, de los cuales uno está ubicado en Bogotá, cuatro en Cali, dos en Valledupar y uno en Barranquilla.

La superintendente, Natasha Avendaño García, señaló que “Gracias a esta medida se ha evitado el cobro indebido de alrededor de 310 mil millones de pesos a usuarios en todo el país. Evidenciamos que parte del material reportado no corresponde a la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo, además hemos identificado que se reporta material ficticio o de otros municipios, e incluso de industrias. La superintendencia no puede aceptar estos reportes ya que se generarían cobros indebidos a los usuarios del servicio público de aseo. Por ello, adoptamos la medida de aplazamiento del reporte de material a organizaciones de recicladores que incluyen esos materiales en su registro. Es importante aclarar que la medida de aplazamiento no implica que no se reconozca el salario a los recicladores, sino que se debe depurar la información para que reciban el pago por el material efectivamente aprovechado según las reglas vigentes”.

Adicionalmente, la superintendencia informa que, desde 2016 a 2021, las organizaciones de recicladores de oficio han recibido alrededor de 700 mil millones de pesos por concepto de remuneración vía tarifa de su actividad de aprovechamiento; y ese dinero debe trasladarse como salario a sus respectivos miembros. La entidad ha recibido reiteradas denuncias por el no pago a recicladores históricos y a quienes debería beneficiar la tarifa; hechos que se han puesto en conocimiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de otros entes territoriales para su respectiva gestión.

Como parte de sus funciones, la Superservicios realiza actividades preferenciales con las organizaciones de recicladores para promover su eficiente actividad. Entre abril de 2017 y julio de 2021 ha realizado 34.989 asistencias técnicas y 325 jornadas de capacitación en temas técnicos, tarifarios y jurídicos. Adicionalmente 766 monitoreos y 86 visitas de inspección a prestadores con el fin de verificar si se está prestando la actividad de aprovechamiento conforme lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 596 de 2016. Igualmente, se han llevado a cabo 289 reuniones individuales para el seguimiento de compromisos.  

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los 15 representantes de las 69 organizaciones de recicladores que se manifestaron desde el pasado lunes 13 de septiembre frente a las instalaciones de la sede central de la entidad, acordaron los siguientes compromisos, en compañía de representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), y con la verificación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, las Secretarías de Gobierno Distrital y de SeguridadDistrital, y la Personería Distrital de Bogotá:

1. La Superservicios se compromete a iniciar la revisión de los indicadores de la Resolución 20201000046075 con el fin de trabajar en un proyecto modificatorio, en atención al punto seis de las peticiones de las organizaciones de recicladores. Estas mesas iniciarán hoy a las dos de la tarde en la sede principal de la superintendencia, ubicada en la Carrera 18 # 84-35 piso 2. Participarán siete representantes de los recicladores de oficio y funcionarios técnicos de la Superservicios. La UAESP, el Minvivienda y la Procuraduría General de la Nación acompañarán la reunión.
2.  La Superservicios se compromete a realizar jornadas de revisión individuales con las organizaciones, a partir del próximo lunes 20 de septiembre de 2021, en los horarios de 9:00, 10:30, 14:00 y 15:30, en la sede principal de la superintendencia, de acuerdo con el cronograma de priorización que las organizaciones se comprometen a entregar a más tardar el viernes 17 de septiembre de 2021, en atención a los puntos 1 y 2 de las peticiones.
3.  En relación con los puntos 3 y 4 de las peticiones, el Minvivienda se comprometió a realizar reunión con siete delegados de los recicladores de oficio y funcionarios técnicos del ministerio, para estudiar la modificación de fondo del Decreto 596 de 2016 y el decreto que adiciona la ampliación de la progresividad. El encuentro se realizará a las nueve de la mañana del 22 de septiembre de 2021 en la sede “La Botica”, ubicada en la Carrera 6 # 8-77, con el acompañamiento de la UAESP y de la Procuraduría.
4. En relación con el punto 5 de las peticiones, la Superservicios y la UAESP verificarán la metodología para identificar a las organizaciones de recicladores históricas de la ciudad con el fin de depurar el esquema. Se reportará el resultado a las entidades del ministerio público y a los líderes de las organizaciones participantes en la mesa.
5. Se acuerda que todos los pronunciamientos públicos relacionados con esta mesa de diálogo se realizarán de manera conjunta. Del mismo modo, la superintendente se compromete a aclarar declaraciones realizadas en medios de comunicación consideradas desafortunadas por organizaciones de recicladores de oficio.
6. Las organizaciones de recicladores de oficio que se manifestaron pacíficamente en la entrada de la sede principal de la superintendencia y se comprometieron a levantar el plantón y garantizar el ingreso de los funcionarios y colaboradores de la entidad, a más tardar el día 15 de septiembre de 2021 antes de las seis de la mañana.
7.  La Defensoría del Pueblo asume el compromiso de ser garante de los acuerdos aquí firmados.

Al respecto la superintendente, Natasha Avendaño García, manifestó que “Nuestro compromiso con los recicladores de oficio y los usuarios del servicio público domiciliario de aseo es garantizar sus derechos. Por esto, trabajaremos mancomunadamente entre las organizaciones y entidades del nivel nacional y distrital para alcanzar consensos en el ajuste al esquema actual de la actividad. Igualmente, con relación al punto 5 del  acuerdo alcanzado, me permito aclarar que en ningún momento pretendí señalar a ninguna de las organizaciones presentes de realizar prácticas fraudulentas, sin embargo, reitero que existen actores que distorsionan y generan irregularidades que afectan la tarifa y al usuario”.

La mesa de diálogo se desarrolló en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, entidad que realizó seguimiento a la situación desde el inicio de la manifestación de las organizaciones de recicladores y sirvió como mediadora entre las partes, contribuyendo a llegar a estos acuerdos con el fin de satisfacer los derechos de los recicladores de oficio y de los usuarios del servicio público de aseo.

Santa Marta, 22 de noviembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ordenó la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta E.S.P., Essmar, al determinar que no tiene la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para garantizar la debida calidad, cobertura y continuidadde los servicios de acueducto y alcantarillado a los habitantes de la capital del Magdalena.

La toma de posesión, ordenada mediante la Resolución 20211000720935, se realizó este lunes en la sede administrativa de la Essmar. La diligencia fue liderada por la superintendente, Natasha Avendaño García, con el acompañamiento de la Dirección de Intervenidas de la Superservicios, y el apoyo de la Dirección General de la Policía Nacional.

La funcionaria explicó que la Essmar está incursa en las causales de toma de posesión 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994que establece el régimen de los servicios públicos. Estas causales hacen referencia a dificultades en la prestación de los servicios y en el pago de sus obligaciones, respectivamente.

Al término del operativo, la funcionaria indicó que “Con fundamento legal tomamos la decisión de intervenir a la Essmar porque presenta una crítica situación que genera graves perjuicios a sus usuarios y pone en riesgo su sostenibilidad. Los resultados de la vigilancia especial que realizamos a la empresa desde el momento del inicio de la operación, en 2019, evidencian deficiencias en la cobertura, continuidad y calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para sus más de 117 mil suscriptores. A esto se suman las deudas pendientes con la DIAN, la Gobernación del Magdalena y otros acreedores que podrían generar embargos judiciales que agravarían las condiciones financieras de la empresa y la reducida capacidad de pago de sus compromisos mercantiles”.

Las deficiencias de Essmar persisten desde el año 2019, y se agudizan cada vez más por la grave situación financiera que presenta el prestador. “Esto se refleja en la clasificación de riesgo de la empresa, obtenida a partir del cálculo del Indicador Único Sectorial - IUS que mide la gestión integral de los prestadores vigilados por la Superservicios. Para el año 2020, el IUS para Essmar fue de 57,61%, lo que la ubica en riesgo Medio – Alto”, explicó la superintendente Avendaño García.

− Situación de los servicios de acueducto y alcantarillado

• Essmar no cumple con la continuidad del servicio de acueducto informada a los usuarios en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU), ni con la presión establecida en la norma técnica. Esta situación se asocia directamente al 60 % de pérdidas de agua que registra la empresa en su red de distribución, es decir casi el doble del porcentaje máximo aceptado por la regulación. En mayo de 2021, siete sectores de la ciudad tuvieron una continuidad del servicio inferior a 18 horas/día, dos de ellos incluso por debajo de 10 horas/día. 

• La cobertura del servicio de acueducto en Santa Marta es del 81 % y del 72 % para el servicio de alcantarillado. 

• La empresa ha presentado incumplimientos en los parámetros físico químicos y microbiológicos establecidos por la regulación. Muestras de agua tomadas por la autoridad sanitaria a finales de septiembre de 2019 y durante gran parte de 2020, registraron un Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), superior al 5%; lo que significa que el agua no era apta para el consumo humano.

• El porcentaje de cobertura de micromedición efectiva es de 66,89%, por debajo del 95% señalado en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

• La empresa no cuenta con la concesión de aguas para utilizar los pozos El Mayor, Villa Alejandría II y Bavaria; ya que existen controversias en relación con las competencias de las autoridades departamentales y distritales con respecto a estos permisos ambientales.

− Aspectos financieros, tarifarios y comerciales

La crisis financiera de Essmar aumenta con el paso del tiempo, y se prevé que en el mediano plazo la empresa incumpla el pago de sus obligaciones mercantiles, entre otras, por las siguientes razones:

• Los créditos desembolsados a la empresa han superado los valores aprobados por la junta directiva a la gerencia. Igualmente se han sobrestimado los ingresos por concepto de la facturación de los servicios. 

• Los costos y gastos anuales de la operación para la vigencia 2020 de los servicios de acueducto y alcantarillado sumaron $67.642 millones y la facturación fue de $53.939 millones, lo cual generó un déficit de $13.703 millones. 

• Al cierre financiero de las vigencias 2019 y 2020 se observó que todos los indicadores financieros fueron afectados por la pérdida operacional y neta de $3.397,8 millones, el incremento desmedido de los pasivos en un 87,06%, el incremento de las cuentas por cobrar en un 127,17% y, consecuentemente, la afectación patrimonial. 

• Según los incrementos tarifarios y plan de capitalización de la empresa, se presentaría un resultado de caja positivo anual a partir de la vigencia 2023; sin embargo, continuaría con un déficit acumulado de $36.286 millones hasta 2029.

• La empresa estimó una eficiencia del recaudo del 90% para los próximos 10 años. Sin embargo, no se evidencia análisis concreto del recaudo histórico real obtenido, ya que el promedio fue del 80% para el 2018, de 84,21% para 2019 y 73% en 2020.

• Se estima una facturación con un incremento del 49,86% para la vigencia 2022, sin un análisis concreto de aumento de usuarios o del impacto tarifario del nuevo estudio de costos.

• La empresa ha incumplido sus obligaciones con la DIAN, gobernación del Magdalena y el distrito. El valor total de las obligaciones fiscales es de $19.789 millones, incluyendo las sanciones por no pago.

• Las inversiones proyectadas por la Essmar no dan solución a largo plazo a sus deficiencias; por lo tanto, son insuficientes para garantizar a futuro la calidad, continuidad y cobertura que requiere el municipio.

− Investigaciones en proceso contra Essmar

La Superservicios adelanta tres procesos de investigación administrativa en contra de Essmar por la presunta inadecuada aplicación de tarifas, facturación por promedio, prestación deficiente del servicio de acueducto, calidad de agua, incumplimiento de reporte de información al Sistema Único de Información – SUI, y fallas en la formulación y actualización de los planes de emergencia y contingencia de la vigencia 2019.

− Quejas y denuncias de usuarios

Entre 2020 y 2021, se han recibido 14 tutelas en las que se vincula a la superintendencia por fallas en la continuidad y presión en la prestación del servicio de acueducto, y por rebosamientos del alcantarillado en varios sectores de Santa Marta. Sobre estos hechos, la entidad ha realizado las acciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden.

Yahaira Indira Díaz. Agente especial para Essmar

Al tomar posesión de la Essmar, la superintendencia designó como agente especial de la empresa a la ingeniera industrial, YahairaIndira Díaz Quesada, quien tiene amplia experiencia en el sector de los servicios públicos domiciliarios. 

“La agente especial tiene como objetivo sacar adelante la situación financiera, administrativa y operativa de la empresa para asegurar su sostenibilidad y la adecuada prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado que merecen los samarios”, enfatizó la superintendente Avendaño García.

 

 

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abrió pliego de cargos contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, por presuntamente suministrar agua no apta para el consumo humano a sectores de Bogotá en 2021 y de Gachancipá en 2020. 
La apertura de investigación se fundamenta en los resultados del análisis de muestras de agua reportadas por las secretarías de salud al Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua. La superintendencia evidenció presuntos incumplimientos de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos en 23 muestras tomadas entre enero y julio de 2021 en Bogotá; y en 2 tomadas en marzo y diciembre de 2020 en el municipio de Gachancipá. El Índice de Riesgo de Calidad del Agua de estas muestras fue superior al 5%, por lo que se considera agua no apta para el consumo humano.

Los resultados de las muestras de agua suministrados por la Secretaría de Salud de Bogotá evidenciaron presencia de coliformes totales durante los meses de marzo y mayo de 2021 en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Fontibón y Usaquén, y en el municipio de Gachancipá en los meses de 2020 anteriormente mencionados. Igualmente, se encontró manganeso, variaciones en el color aparente y turbiedad en el agua suministrada en las localidades de Engativá y Suba en julio de 2021.

Sobre el pliego de cargos, la superintendente, Natasha Avendaño García, señaló que, “Esta acción de control tiene como fin determinar si la EAAB incumplió la obligación de suministrar el agua en condiciones óptimas de calidad, poniendo en riesgo la salud de los usuarios, según los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional. Abrimos la investigación luego de evaluar tres aspectos: las quejas de usuarios por turbiedad y cambio de color del agua recibida en algunas localidades de Bogotá el pasado mes de julio; la información remitida por la empresa en respuesta a nuestros requerimientos, y los reportes del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable de 2020 y lo que va de 2021”.  

Adicionalmente, la Superservicios evidenció que la EAAB no informó oportunamente a los usuarios sobre los trabajos programados en el sistema Santa Ana y las maniobras realizadas en la planta de tratamiento de Tibitoc en julio de 2021. Estas maniobras presuntamente afectaron la calidad del agua en la red de distribución.

Sobre este hecho, la superintendente hizo un llamado al prestador manifestando que “La empresa de acueducto y alcantarillado debe revisar y coordinar sus procesos operativos y de comunicaciones para mejorar procedimientos de divulgación a los usuarios, con el fin de mitigar impactos al realizar trabajos en su infraestructura de servicio”.

La empresa puede presentar sus descargos, solicitar o aportar pruebas en ejercicio de su derecho de defensa, dentro de los 15 días hábiles siguientes al 10 de septiembre, fecha en la que fue notificada de la apertura de investigación. De comprobarse los cargos formulados, la superintendencia impondrá sanciones, conforme a sus competencias legales.

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios suscribió un programa de gestión a corto plazo con la Empresa de Energía Eléctrica del departamento de Vichada, Electrovichada, con el fin de superar deficiencias operativas, administrativas, financieras, comerciales y de gestión de riesgos.

Los aspectos a mejorar fueron identificados en una evaluación integral realizada a la empresa en el 2020. Los resultados evidenciaron que Electrovichadapresenta sobrendeudamiento, detrimento de suinfraestructura eléctrica, incremento atípico en lafacturación, incumplimiento en plazos y reportes deinformación a la superintendencia, como el depeticiones, quejas y reclamos de usuarios, entre otrassituaciones que deben ser corregidas por el prestador.

El programa de gestión define acciones a cargo de la empresa por un valor estimado de $1.773.220.830, para el cumplimiento de siete objetivos:

• Mejorar la gestión de la prestación del servicio de generación y distribución de energía en Puerto Carreño y los municipios cubiertos por laempresa.

• Establecer la gestión de activos de la empresa en los procesos de diseño, construcción, mantenimiento y reemplazo de activos.

• Minimizar el riesgo de desastres que puedan afectar la prestación del servicio, con la implementación del programa de gestión de riesgos señalado en el Decreto 2157 de 2017.

• Diseñar e implementar un programa de control de pérdidas de energía.

• Implementar programas y estrategias para la reducción progresiva de la cartera de los usuarios.

• Mejorar los indicadores financieros de la empresa relacionados con utilidades, costos y flujo de caja.

• Diseñar y ejecutar un plan de cargue de información al Sistema Único de Información, SUI, administrado por la superintendencia.

El plazo de ejecución del programa de gestión se fijó hasta el 31 de diciembre de 2022. Electrovichada deberá presentar informes trimestrales sobre el avancede los objetivos acordados con la Superservicios. Eldocumento fue firmado en Bogotá el pasado 9 de septiembre entre la directora técnica de Gestión de Energía, Ángela Sarmiento Forero y el representante legal de Electrovichada, Carlos Alberto García.