San Andrés, 9 de diciembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció recursos por 5 mil millones de pesos, provenientes del Fondo Empresarial de la entidad, para financiar mejoras en los servicios de acueducto, alcantarillado y disposición final de residuos en el archipiélago.

A seis meses de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia - P&K, la superintendente, Natasha Avendaño García, presentó los avances del proceso de intervención, luego de visitas técnicas y reunión con el alcalde de Providencia y Santa Catalina, Norberto Gary.

“Hoy informamos que el Fondo Empresarial de la Superservicios destinará 1.250 millones de pesos para optimizar la operación del sistema de acueducto de Providencia, garantizando insumos para la potabilización y el sistema de respaldo eléctrico con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio. Igualmente, garantizamos $3.650 millones de pesos para estudios y diseños de la solución definitiva de alcantarillado y disposición final en Providencia y Santa Catalina”.

Estas cifras se suman a los $5.000 millones de pesos entregados inicialmente por la Superservicios para la operación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en estas dos islas.

El equipo de la superintendencia realizó además visita de inspección a la represa Agua Dulce, en donde se realiza dragado para mejorar su capacidad. “Con corte a noviembre se han retirado 58.529 metros cúbicos de material; sin embargo, se necesita tiempo adicional para estabilizar la represa y tratar el agua para su consumo. Por ahora los habitantes de Providencia reciben el líquido de una planta desalinizadora”, explicó la funcionaria.

Resultados Plan Choque Archipiélago

En su visita al archipiélago, el equipo de la Superservicios presentó los resultados del Plan de Choque 2021 realizado en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre octubre y diciembre de 2021. La entidad realizó 8.495 encuestas para conocer la percepción de los usuarios de los servicios públicos

El servicio de acueducto en San Andrés registró la mayor inconformidad: El 64 % de los encuestados no cuenta con conexiones para acceder al servicio y el 10 % vive en sectores sin cobertura. Sobre la cobertura de alcantarillado el 82 % dijo no contar con este servicio. Sobre el servicio de energía, el 98,68% cuenta con este suministro. El 1.32 % restante no lo tiene debido a afectaciones por los fenómenos climáticos ocurridos en 2020 (huracanes Iota y Eta), o por no tener conexión de red.

Sobre el servicio de gas, el 92% indicó que usa cilindros y casi el 8 % usa otros métodos para cocinar como carbón y residuos de cosecha. Sobre el subsidio del cilindro de GLP, el 40 % de los encuestados conoce o recibe este beneficio.

En las islas de Providencia y Santa Catalina las 2.423 encuestas realizadas muestran que el 51 % de los consultados cuenta con el servicio de acueducto por redes, mientras que el 49 % debe abastecerse por medio de carro tanques. El servicio de energía se garantiza al 85 % de los encuestados, y solo el 15 % manifiesta no tenerlo después del paso de los huracanes.

Frente al servicio de aseo, el 84 % respondió que se les presta el servicio, sin embargo, la mayoría no recibe factura por su operación. El 34 % de los usuarios encuestados reportó puntos críticos por acumulación de residuos de construcción, demolición y ordinarios. Finalmente, se evidenció que en las islas no se cuenta con el servicio de alcantarillado y que la descarga de aguas residuales se realiza, principalmente, en pozos sépticos artesanales.

Bogotá D.C., 14 de diciembre de 2021. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dio cierre al programa de gestión suscrito con Gases de Occidente, GDO, para normalizar el esquema de revisiones periódicas, y mejorar procedimientos comerciales, administrativos y de comunicación con los usuarios de la empresa.

Frente a los compromisos acordados, el prestador cumplió los indicadores asociados al esquema de revisión y certificación de las instalaciones internas de gas de sus usuarios. Como resultado, y en coordinación con autoridades municipales, GDO normalizó la situación de 24.648 suscriptores que tenían vencidos los plazos máximos de revisiones periódicas, y presentaban conexiones y reconexiones irregulares al sistema. Al termino del programa de gestión, la empresa cumplió los indicadores acordados con la superintendencia, en más del 98 %. 

Igualmente, Gases de Occidente presentó evidencias sobre el fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con sus usuarios y vocales de control, para informar acerca de los derechos y deberes en la prestación del servicio de gas domiciliario, las condiciones de seguridad de las instalaciones domiciliarias y las revisiones periódicas establecidas por las normas técnicas de este servicio.  

El programa de gestión fue suscrito en septiembre de 2020 y tuvo una vigencia de un año. Los resultados pueden consultarse en este documento, publicado en el portal www.superservicios.gov.co.

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2021. Frente al fallo de la acción de tutela proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, siendo respetuosa de los fallos judiciales y haciendo de uso de los derechos que le asisten como destinataria del fallo de tutela, solicitó la adición y aclaración del mismo en la tarde del pasado jueves, y de conformidad con las disposiciones legales aplicables; el Juez de conocimiento deberá pronunciarse sobre dicha solicitud.

La superintendencia recordó que frente a la decisión del juez, la Procuraduría General de la Nación, en su Boletín 786, indicó que aunque ya había señalado “la improcedencia de la acción de tutela que pedía la nulidad del acto administrativo que le permitió a la Superservicios tomar posesión de la Empresa de Servicios de Santa Marta (Essmar), el Juez Segundo Administrativo del Circuito de la capital del Magdalena ordenó suspender, en primera instancia, esa intervención, en fallo proferido un día antes de iniciar la vacancia judicial y el cual aún no está en firme ”.

Igualmente, la Procuraduría informó que impugnará el fallo proferido por el juzgado, para lo cual utilizará los recursos legales a su disposición. En esa misma línea, esta Superintendencia adelantará todas las actuaciones de defensa que la constitución y la ley consagra, en pro de continuar en la búsqueda de la efectiva protección de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado de Santa Marta.

Con respecto a otras decisiones judiciales sobre la intervención de la empresa de servicios públicos, la superintendencia resalta un fallo de tutela notificado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta en el que se declaró improcedente el amparo constitucional y reconoció las facultades legales de la Superintendencia para ordenar la medida de toma de posesión sobre la ESSMAR. La tutela fue interpuesta por el anterior secretario general de la Essmar en la que alegaba la vulneración al derecho al debido proceso, entre otros aspectos.

La Superservicios reitera que la toma de posesión a la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta S.A. E.S.P., Essmar, corresponde a una medida preventiva que se enmarcó en las causales señaladas en los literales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, que establece el régimen de los servicios públicos. Estas causales hacen referencia a incapacidad para garantizar la prestación de los servicios y el pago de sus obligaciones mercantiles, respectivamente.

Situación de los servicios de acueducto y alcantarillado

• Essmar no cumple con la continuidad del servicio de acueducto informada a los usuarios en el Contrato de Condiciones Uniformes (CCU), ni con la presión establecida en la norma técnica. Esta situación se asocia directamente al 60 % de pérdidas de agua que registra la empresa en su red de distribución, es decir casi el doble del porcentaje máximo aceptado por la regulación. En mayo de 2021, siete sectores de la ciudad tuvieron una continuidad del servicio inferior a 18 horas/día, dos de ellos incluso por debajo de 10 horas/día.
• La cobertura del servicio de acueducto en Santa Marta es del 81 %, y del 72 % para el servicio de alcantarillado.
• El agua suministrada por la empresa ha presentado incumplimientos en los parámetros físico químicos y microbiológicos establecidos por la regulación. Muestras de agua tomadas por la autoridad sanitaria a finales de septiembre de 2019 y durante gran parte de 2020, registraron un Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA, superior al 5%; lo que significa que no era apta para el consumo humano.
• El porcentaje de cobertura de micromedición efectiva es de 66,89%, por debajo del 95% señalado en el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.
• La empresa no cuenta con la concesión de aguas para utilizar los pozos El Mayor, Villa Alejandría II y Bavaria; ya que existen controversias en relación con las competencias de las autoridades departamentales y distritales con respecto a estos permisos ambientales.

Aspectos financieros, tarifarios y comerciales

La crisis financiera de la Essmar aumenta con el paso del tiempo y se prevé que, en el mediano plazo, la empresa incumpla el pago de sus obligaciones mercantiles, entre otras, por las siguientes razones:

• Los créditos desembolsados a la empresa han superado los valores aprobados por la junta directiva a la gerencia. Igualmente se han sobrestimado los ingresos por concepto de la facturación de los servicios.
• Los costos y gastos anuales de la operación para la vigencia 2020 de los servicios de acueducto y alcantarillado sumaron $67.642 millones y la facturación fue de $53.939 millones, lo cual generó un déficit de $13.703 millones.
• Al cierre financiero de las vigencias 2019 y 2020 se observó que todos los indicadores financieros fueron afectados por la pérdida operacional y neta de $3.397,8 millones, el incremento desmedido de los pasivos en un 87,06 %, el incremento de las cuentas por cobrar en un 127,17 % y, consecuentemente, la afectación patrimonial.
• Según los incrementos tarifarios y plan de capitalización de la empresa, se presentaría un resultado de caja positivo anual a partir de la vigencia 2023; sin embargo, continuaría con un déficit acumulado de $36.286 millones hasta 2029.
• La empresa estimó una eficiencia del recaudo del 90 % para los próximos 10 años. Sin embargo, no se evidencia análisis concreto del recaudo histórico real obtenido, ya que el promedio fue del 80 % para el 2018, de 84,21 % para 2019 y 73 % en 2020.
• Se estima una facturación con un incremento del 49,86 % para la vigencia 2022, sin un análisis concreto de aumento de suscriptores o del impacto tarifario del nuevo estudio de costos.
• La empresa ha incumplido sus obligaciones con la DIAN, la gobernación del Magdalena y el distrito. El valor total de las obligaciones fiscales es de $19.789 millones, incluyendo las sanciones por no pago.
• Las inversiones proyectadas por la Essmar no dan solución a largo plazo a sus deficiencias; por lo tanto, son insuficientes para garantizar la calidad, continuidad y cobertura que requiere el distrito a futuro.

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2021. En ejercicio de su función de control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios multó a las empresas Uniaguas (actualmente Aqualia) y Servicios Ambientales de Córdoba (Seacor) por fallas en la prestación de los servicios de acueducto y aseo, respectivamente, en diferentes municipios de Córdoba cuyos usuarios fueron afectados por estas actuaciones.

Uniaguas fue sancionada con una multa de $1.232 millones por no contar con las concesiones de agua subterráneas para los pozos 2 y 3 del municipio de Sahagún, y por no prestar el servicio de acueducto con los niveles mínimos de presión en Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún. Estas investigaciones iniciaron en 2018 cuando Uniaguas aún era el prestador en estos municipios; una vez absorbida por la empresa Aqualia, la Superservicios ha hecho seguimiento a su operación en esta zona del país.

Por su parte, Seacor, que presta el servicio de aseo en Tierra Alta y Montelíbano, fue multada por $1.084 millones al comprobarse un incumplimiento en el suministro de elementos que deben poseer los operarios, no tener base de operaciones, ni contar con un programa para la prestación del servicio de aseo ajustado a lineamientos exigidos. Adicionalmente, por incumplir normas técnicas en actividades de recolección de residuos sólidos no aprovechables, y en los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos en el municipio de Tierra Alta.

Al respecto, el superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Milton Bayona Bonilla, manifestó que: “La operación de los servicios públicos de acueducto y aseo a cargo de estas empresas presentaban deficiencias e incumplimientos a normas técnicas del sector. Con estas sanciones estamos protegiendo los derechos de los usuarios y exigiendo a las empresas el cumplimiento de la regulación que aplica a los servicios públicos. Nuestro objetivo es que garanticen su operación con la calidad, cobertura y continuidad esperadas en estas poblaciones".

Las multas impuestas a estos dos prestadores se derivan de procesos iniciados en los años 2018 y 2019 por la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Las empresas fueron notificadas de las sanciones y se encontraban dentro del plazo legal para interponer los recursos de ley ante la Superservicios, en el marco del debido proceso.

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2021. Al cumplirse un mes de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, Essmar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios evaluó las acciones realizadas por la nueva administración, encaminadas a mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para más de 117 mil suscriptores samarios.

Durante este mes, la gestión se ha centrado en mejorar la prestación e indicadores de estos dos servicios, afectados por problemas de suministro, calidad, bombeo y pérdida de agua. Luego de la intervención de la empresa, se mejoró la continuidad al pasar de 16.4 horas de servicio al día a 17.2 horas. Este mejoramiento es el resultado de la puesta en marcha de un esquema de distribución semanal que garantiza el servicio a toda la población en horarios previamente definidos; y no de manera improvisada y desordenada como se hacía anteriormente.

Al analizar estos primeros resultados, la superintendente, Natasha Avendaño García, manifestó: “Los equipos de trabajo de nuestra Dirección de Entidades Intervenidas y de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo avanzan en el diagnóstico de la Essmar para priorizar los problemas que requieren una solución urgente. Por su parte, la gestión de la agente interventora, Yahaira Díaz, se ha centrado en mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua. Una de las principales metas es mejorar el indicador de calidad para llegar a niveles aptos para el consumo humano”.

En el marco del proceso de intervención, la Superservicios aprobó recursos por $2.500 millones, provenientes del Fondo Empresarial, que se utilizarán para asumir el déficit mensual de la operación en el mes de diciembre, garantizar un disponible de caja en enero de 2022, y gestionar planes de mejora continua de los servicios de acueducto y alcantarillado. También se aprobaron $10.000 millones para viabilizar 49 acciones de mejora urgente para estos mismos servicios, 16 de las cuales ya están en ejecución.

Igualmente, en el primer mes de intervención se garantizaron recursos y se realizaron gestiones jurídicas para pagar las liquidaciones de los trabajadores que se retiraron en meses anteriores, y a quienes no se les había cancelado lo que les corresponde, de acuerdo con la ley.

La superintendente señaló además que, con base en la normativa que aplica a los procesos de intervención, en la Resolución 0935 del pasado 22 de noviembre, por la cual se ordenó la toma de posesión de la Essmar, se establece un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo, para definir la modalidad de la intervención. “No hemos determinado la vía de liquidación de la empresa como se ha rumorado en algunos sectores. Es una especulación que no tiene fundamento ya que aún estamos en la fase de evaluación de las opciones y esquemas administrativos para normalizar la situación de la Essmar”.

Bogotá D.C., 13 de enero de 2022. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de El Carmen de Bolívar, Acuecar, intervenida por la Superservicios, presentó los resultados de las pruebas técnicas realizadas a los tanques de almacenamiento de agua ubicados en el barrio El Prado de ese municipio, evidenciando que no presentan riesgo de filtración.

Las pruebas se hicieron ante denuncias de la ciudadanía y la preocupación de algunas autoridades y entidades, como la Unidad de Gestión del Riesgo, por posibles filtraciones de los tanques que pudiesen estar incidiendo en las afectaciones del terreno y de estructuras de las viviendas aledañas.

El estudio para determinar si los tanques presentan pérdidas de agua fue realizado conforme a los parámetros establecidos para estos casos en las normas técnicas del sector.

La directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superservicios, Lucía Hernández Restrepo, indicó que “En el informe técnico presentado por Acuecar se reporta que las filtraciones de agua no superan el 1% del volumen de almacenamiento de los tanques en un período de 24 horas. Este porcentaje permite considerar que la infraestructura se encuentra en condiciones adecuadas para la operatividad del sistema de acueducto, según el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolución 330 de 2017. Este resultado da un parte de tranquilidad sobre el estado de la infraestructura, a lo que se suma el avance del trámite para la obtención de recursos que se destinarán a obras de protección de la infraestructura ante los deslizamientos de tierra que se registran en la zona. El Fondo Empresarial de la Superservicios aportó los estudios y diseños para esta frente de trabajo.”

 La estación de tratamiento de agua potable ubicada en el barrio El Prado se compone de cuatro tanques semienterrados y dos tanques elevados, que abastecen a 13.392 viviendas del casco urbano de El Carmen de Bolívar. En el informe técnico se registra que, como resultado de las pruebas de filtración, el porcentaje de pérdidas de los tanques semienterrados 1, 2 y 4 fue del 0.1 % del volumen del tanque durante un periodo de 24 horas; y de 0.05 % para el tanque semienterrado número 3, valores que no superan las pérdidas permitidas conforme a la regulación ya citada.

Bogotá D.C., 18 de enero de 2022. En aplicación del principio general del derecho reconocido por la jurisprudencia colombiana, conforme el cual “nadie está obligado a lo imposible” en acciones de tutela, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informa que no está en la capacidad jurídica de cumplir la orden de suspensión de los efectos de la toma de posesión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santa Marta, Essmar, reiterada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta, al negar la solicitud de aclaración del fallo, presentada por la entidad el pasado 16 de diciembre de 2021.

Con fundamento en ese principio, la Superservicios argumenta tres razones por las cuales el fallo es jurídicamente imposible de cumplir:

1. Los términos en que está expresado el cumplimiento de la orden de suspender los efectos de la toma de posesión llevarían a la superintendencia a exceder sus competencias y a violar la Constitución y la ley.

2. La orden está sometida a una condición imposible, ya que la resolución de toma de posesión no está ejecutoriada y, mientras no lo esté, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es improcedente.

3. La superintendencia no es competente para suspender un acto administrativo.

De acuerdo con el principio de derecho mencionado, y reconocido por la Corte Constitucional mediante Auto 203 de 2016, del magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, la imposibilidad jurídica para desarrollar determinadas actuaciones se presenta cuando se basa en órdenes ininteligibles o imposibles de aplicar.

En efecto, la Superservicios encuentra una imposibilidad jurídica de cumplir el fallo en primera instancia por las siguientes razones:

1. El artículo 6° de la Constitución Política de Colombia indica que: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”; y el artículo 121° establece que: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

Sin embargo, el juez de Tutela ordenó todas las gestiones necesarias para suspender los efectos de la resolución de toma de posesión de la Essmar, lo cual excede las competencias de la superintendencia, ya que la facultad de suspender un acto administrativo recae exclusivamente en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, de conformidad con el Artículo 104 de Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA. Por lo anterior la Superservicios carece de competencia para actuar en los términos solicitados por el juez. 

2. La orden de suspensión recae sobre un acto no ejecutoriado del cual están pendientes de resolución los dos recursos de reposición interpuestos por Jorge Luis Saltaren Villegas en representación de Patricia Caicedo Omar, radicado el 6 de diciembre de 2021; y por Carlos Enrique Páez Cantillo, radicado el 7 de diciembre de 2021.

Es evidente que al no encontrarse ejecutoriado el acto administrativo por la oportuna interposición de dichos recursos en vía gubernativa, no puede interponerse la acción contenciosa administrativa. La orden, en consecuencia, resulta antijurídica y de imposible cumplimiento.

Resultados técnicos y operativos relevantes en el marco de la toma de posesión de la Essmar

Resultado de la evaluación realizada por la Superservicios a la gestión de la agente especial de la Essmar, a cargo del proceso de intervención, se evidencia mejora en la prestación e indicadores de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta.

La calidad del agua entregada a los usuarios muestra una importante mejora al registrar un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca) clasificado como “Sin riesgo” para los meses de noviembre y diciembre de 2021, mientras que para los meses de agosto y septiembre el agua suministrada tuvo riesgo "bajo". (La secretaría de salud no reportó información de vigilancia para los meses de marzo a julio de 2021)

Igualmente, la agente especial de Essmar puso en marcha un esquema de distribución semanal para garantizar el suministro de agua a toda la población en horarios previamente definidos, y no de manera improvisada como se venía realizando. Resultado de este esquema, así como del mantenimiento preventivo a las plantas Mamatoco y El Roble y del despliegue oportuno del personal operativo y de gestión social, la empresa mejoró su indicador de continuidad al pasar de 16,4 horas de servicio al día antes de la intervención, a 18,5 horas día para el mes de diciembre, destacando mejoras significativas en barrios como Bellavista, Los Cocos, El Prado y, en general, el sector del Centro.

Se logró el suministro sin carrotanques en los sectores de Gaira, El Rodadero, Salguero, Bello Horizonte, Pozos Colorados y El Centro Histórico, los cuales se caracterizan por presentar una alta demanda de agua en esta temporada. Adicionalmente, se ubicaron plantas eléctricas en las estaciones de Rebombeo de Gaira e Irotama con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del sistema de acueducto.

Por otra parte, gracias a las actuaciones preventivas realizadas en el sistema de alcantarillado, durante la temporada turística se garantizó la prestación del servicio de alcantarillado y no se evidenciaron reboses de agua residual, a pesar del aumento de la demanda por la llegada de los turistas.

Dentro de las acciones realizadas, se destacan:

Ejecución de la obra de reposición en el colector Tamacá de la Carrera 2 entre calles 19 y 19A, la cual tenía afectada la prestación del servicio de alcantarillado en el sector y, con ello, un incremento de quejas en esta zona.

Mantenimientos preventivos con equipo cabrestante.
Mantenimientos preventivos diarios con 6 equipos succión presión en colectores principales de toda la ciudad. Se limpiaron alrededor de 76 kilómetros de redes y 1.041 pozos de inspección.
Mantenimientos preventivos diarios en las 3 bombas de impulsión de la Ebar Norte con el fin de mantenerlas operativas las 24 horas del día.
Limpieza diaria de rejillas en todas las estaciones de bombeo de agua residual con el fin de evitar la entrada de sólidos.
 

Bogotá D.C., 26 de enero de 2022. Al cumplirse dos meses de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta - Essmar, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la nueva administración ha avanzado en el saneamiento de sus finanzas y en la mejora de la calidad y continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado para los más de 117 mil suscriptores de la ciudad. 

En materia financiera, la agente interventora, Yahaira DíazQuesada, informó que se estableció un plan de reducción de gastos luego de revisar los contratos suscritos con anterioridad por la empresa. El plan proyecta un ahorro de, al menos, $7.789 millones en el 2022 para racionalizar los gastos sin afectar la operación de la empresa.

Al respecto, la superintendente Natasha Avendaño García manifestó que: “Al evaluar los resultados de los dos primeros meses de toma de posesión, observamos avances relevantes en la gestión realizada por la agente interventora y su equipo de trabajo para sanear la empresa. Por ejemplo, Essmar asumió actividades que venían siendo contratadas con terceros paralabores que pueden ser desarrolladas por su propio personal, como el recaudo de cartera y otras de apoyo a la Dirección de Aseo y Aprovechamiento. Con esta decisión la empresa ahorra $ 491 millones pagados a contratistas en 2021. Sumado a este caso, y en la proyección general de gastos, la nueva administración presentó un plan que racionaliza actividades operativas y administrativas para la presente vigencia que significan un ahorro cercano a los 8 mil millones de pesos”.

El reporte entregado por la agente especial señala que la Essmar ejecutó $19.818.842.691 en 2021; y para este año se prevé un gasto de $12.029.241.009, lo que equivale a un ahorro del 39% en seis frentes de trabajo (ver cuadro 1).

Sobre estas cifras, la agente interventora de la empresa, Yahaira Díaz, señaló que “La revisión de los costos de cada una de estas actividades se hizo acorde con la realidad de la empresa. El ahorro proyectado para 2022 no pone en riesgo la operación técnica y administrativa de la Essmar, todo lo contrario, robustece su desarrollo y favorece su viabilidadfinanciera. Tenemos un compromiso con Santa Marta y para ello seguimos implementando acciones para racionalizar los gastos tanto en las compras como en el alquiler de equipos”.

En otro frente financiero, y ante el déficit mensual de operación, la superintendente Avendaño indicó además que “La Superservicios aprobó recursos por $ 12.500 millones, provenientes del Fondo Empresarial, para asumir el déficit mensual de la operación en el mes de diciembre, garantizar un disponible de caja en enero de 2022, gestionar planes de mejora y 49 acciones urgentes para los servicios de acueducto y alcantarillado, de las cuales 2 ya se implementaron y 16 se están ejecutando. Estas acciones tienen como fin atender las condiciones de vulnerabilidad de la infraestructura existentepara disminuir las pérdidas de agua, y garantizar mayor continuidad y confiabilidad en la prestación de estos servicios”.

En materia de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, en estos dos meses la gestión se enfocó en mejorar el suministro, calidad y bombeo, y en reducir las pérdidas de agua. Se puso en marcha un esquema de distribución semanal que incrementó las horas de suministro de agua a la población de 16,4 horas de servicio al día a 18,15horas en diciembre de 2021, época de mayor demanda del servicio debido a la alta temporada turística en la ciudad.

También se destaca una mejora importante en la calidad del agua entregada a los usuarios. En diciembre de 2021, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (Irca), que mide las condiciones de potabilidad, fue del 9,17 %, clasificado como riesgo bajo.  Este resultado muestra el avance en el tratamiento del agua ya que, en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, previos a la toma de posesión, el índice superaba el18,2 % considerado de riesgo medio. Entre menor sea el valor en este indicador, mejor es la calidad de agua. El rango óptimo se ubica entre el 0 y el 5 %.

Facilidades de pago para los usuarios y otras acciones para el mejoramiento de los servicios.

 Ampliación en los plazos de pago de facturas vencidas.
Limpieza de 78.871 metros lineales de tubería y de 1.041 de los más de 5.000 manjoles o desagües que tiene el Distrito de Santa Marta. 
Intervención del sistema de alcantarillado en los barrios 13 de julio, 7 de agosto, Los Alcázares, Los Almendros, Bastidas, Bavaria, Gaira, Bellavista, Ondas del Caribe, Pantano, Pescaíto, Prado, Centro Histórico, Fundadores, El Rodadero, Curinca, Tayrona, Boulevard de la Rosa, Villa Dania, entre otros. 
Supervisión técnica permanente para prevenir obstrucciones y posibles rebosamientos de alcantarillas en los sectores de Centro Histórico, Bellavista, El Rodadero, Pozos Colorados, Bello Horizonte, Bastidas y Salguero.

Cuadro 1. Proyección de ahorro de la Essmar 2022

 

Bogotá D.C., 31 de enero de 2022. En 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios recibió 255.564 trámites y 16.646 solicitudes de asesoría relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. La cifra muestra un incremento del 9 % en comparación con los registrados en 2020.

El servicio de energía eléctrica se mantuvo como el de mayor reclamación por parte de los usuarios en el país con casi 110 mil trámites y solicitudes. El servicio de gas natural con 45.737 ocupa el segundo lugar, seguido por el de acueducto con 39.333; aseo con 17.899 trámites, y finalmente alcantarillado y gas licuado de petróleo con 1.117 y 164, respectivamente.

Las principales causales de reclamación por facturación de los servicios públicos son la inconformidad por la medición del consumo o producción facturado con 113.977 casos, cobros inoportunos con 11.064, y cobros por conexión, reconexión, reinstalación con 9.900. Sobre la prestación del servicio, los principales reclamos son por temas administrativos y por la suspensión o corte de los servicios sin previo aviso.

Al respecto, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, informó que “Observamos un incremento en el número de trámites e interacciones directas con los usuarios, debido, en parte, a las condiciones de aislamiento y dificultades para obtener respuesta de las empresas prestadoras, lo que llevó a las personas afectadas a presentarlas directamente a la superintendencia. Por ejemplo, recibimos 21 mil solicitudes de Silencio Administrativo Positivo, 71 % más que en 2020. Con este recurso las personas piden que se resuelva su caso a favor, ante la no respuesta de la empresa”.

Del total de trámites y solicitudes recibidas por la Superservicios, 117.362 son peticiones, quejas y reclamos; 95.395 recursos de apelación, y 21.114 recursos de reposición, de queja y revocatorias. 21.693 corresponden a solicitudes de reconocimiento de Silencio Administrativo Positivo, y 16.646 fueron solicitudes de asesoría o atención personalizada.

Estos trámites y solicitudes de asesoría fueron recibidos en su mayoría por medio de correo electrónico (193.776) y la plataforma virtual Te Resuelvo (46.040).  Y por zona geográfica, los departamentos con mayor número de reclamos, recursos de ley y asesorías fueron Bogotá D.C.  con 96.168; Atlántico, 53.705; Bolívar, 19.574; Valle de Cauca, 16.321; Santander, 12.414 y Antioquia, 11.518. En estos se concentra el mayor número de usuarios en el país. 

Empresas con mayores reclamos ante la Superservicios

Las empresas Afinia, Air-e, Codensa y EPM en el servicio de energía; Vanti y Gas Natural del Oriente, para el servicio de gas; y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, encabezan la lista de los prestadores con mayores reclamos. La principal inconformidad de los usuarios de estos prestadores se relaciona con la medición del consumo, cobros inoportunos o cobros por reconexión.

“Con estas empresas, que atienden el mayor número de usuarios en el país y cubren gran parte del territorio nacional, mantenemos una vigilancia directa. En algunos casos hemos suscrito con sus representantes programas de gestión o de mejoramiento, a los que hacemos seguimiento permanente. Se observan avances en la mayoría de las metas establecidas, y frente a los rezagos los hemos instado a su cumplimiento y hemos reforzado las visitas de inspección para que se asegure la mejora de los servicios en los plazos establecidos por la entidad”, indicó la superintendente Avendaño.     

En 2020, la Superservicios suscribió un acuerdo de mejoramiento por tres años con Enel-Codensa que contempla mejorar la calidad del servicio en 20 municipios atendidos por esta empresa y otros aspectos comerciales, operativos y administrativos.

Con Air-e y Afinia, que prestan el servicio de energía en los siete de departamentos de la región Caribe, la superintendencia hace seguimiento especial a los programas de gestión suscritos con estas empresas para superar el rezago de inversiones y mejorar integralmente el suministro, el riesgo eléctrico, la normalización y atención a los usuarios.

En el informe de seguimiento del segundo trimestre de 2021, la Superservicios recomendó a Afinia, acelerar la contratación y ejecución de las inversiones con el fin de ponerse al día con las metas previstas. Mejorar los reportes de la información sobre las inversiones realizadas y los avances de los proyectos. Y las acciones encaminadas a la reducción de pérdidas.

Para el caso de Air-e, se requiere reforzar la gestión para reducir el riesgo eléctrico ya que la estrategia planteada por el prestador y los avances logrados no tienen el alcance esperado.

Finalmente, ante los reclamos sobre el servicio prestado por Vanti, la superintendencia revisa los casos de supuestos cobros excesivos reportados a la entidad.

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2022. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la sanción impuesta a Empresas Públicas de Medellín – EPM por un valor de $1.817 millones en noviembre de 2021, al no poner en operación comercial del Proyecto Hidroeléctrico Pescadero – Ituango el 1 de diciembre de 2018.

Mediante la Resolución 20222400034375 del 31 de enero de 2022, la superintendencia resolvió el recurso de reposición presentado por EPM y confirmó que, debido al retraso en la puesta en operación de Hidroituango, la empresa incumplió la fecha de inicio del periodo de vigencia de las Obligaciones de Energía en Firme que le fueron asignadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, en subasta realizada en junio de 2008.

La Superservicios estableció que EPM no logró desvirtuar su responsabilidad por la no entrada en operación del proyecto, lo que implicó un incumplimiento regulatorio, así como un riesgo de desabastecimiento de energía eléctrica en el país, hecho que llevó a la CREG a la convocatoria de una nueva subasta de expansión para cubrir el déficit de energía, sin afectar el suministro a mediano plazo.

Al respecto, la superintendente Natasha Avendaño García manifestó que “El equipo de la Dirección de Investigaciones de Energía y Gas pudo establecer que los argumentos presentados por EPM en el recurso de reposición no fueron lo suficientemente sólidos para descartar la sanción emitida el 18 de noviembre del año pasado. EPM incumplió los artículos 25 y 85 de la Ley 143 de 1994, así como el artículo 7 de la Resolución CREG 071 de 2006 que establece obligaciones especiales a los agentes con plantas y/o unidades de generación nuevas o especiales, entre ellas el cumplimiento de la entrada en operación de los proyectos en las fechas asignadas en las subastas. Para el caso de EPM, la fecha de inicio de la operación de Hidroituango estaba prevista para el 1 de diciembre de 2018”.

Frente a esta nueva resolución no procede ningún recurso y queda en firme la multa que debe pagar EPM dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del acto administrativo.