Cali, 5 de noviembre de 2019. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pondrá en marcha el Plan de Choque para el Suroccidente del país con el fin de identificar las inconformidades de los usuarios de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible, y generar acciones de respuesta de los prestadores, la entidad y otras autoridades. 

El recorrido iniciará el próximo siete de noviembre en los municipios de Orito y Puerto Asís en Putumayo, seguirá por Sandoná, Funes, e Ipiales en Nariño. Continuará en Timbío, Cajibío y Santander de Quilichao en el Cauca. Y cerrará en Yumbo y Cartago en el Valle del Cauca, en la última semana de diciembre. 

Sobre los alcances de esta jornada, la directora General Territorial de Superservicios, Bibiana Guerrero Peñarette, manifestó que “El Plan de Choque Suroccidente está dirigido a escuchar a los usuarios de esta región del país para conocer sus necesidades y preocupaciones más urgentes frente a la prestación de los servicios públicos bajo nuestra vigilancia. Los resultados de estas visitas nos permitirán determinar las causas más frecuentes de inconformidad, y establecer acciones de mejora y seguimiento para su solución con la participación de las empresas y otras autoridades competentes”. 

32 gestores de la Dirección Territorial Suroccidente de la Superservicios visitarán a usuarios en sus casas y establecimientos comerciales para recolectar información, gestionar los casos que puedan ser resueltos de manera inmediata por la entidad y los prestadores; y consolidar aquellos que requieran otro tipo de trámite. La meta es hacer 1.200 encuestas por día para un total de 42 mil durante los 35 días del recorrido. 

El desarrollo de este plan fue anunciado por la superintendente, Natasha Avendaño García, durante el primer foro “Superservicios en las regiones - Construyendo control social en servicios públicos”, realizado en Cali, el pasado 22 de agosto. Esta estrategia masiva de asistencia puerta a puerta tuvo sus inicios con el Plan de Choque Caribe que cubrió los siete departamentos de esa región, en los años 2017 y 2018. 

 

 Audio. Declaraciones Bibiana Guerrero, directora General Territorial de la Superservicios

Bogotá, 5 de noviembre de 2019. Ante la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018 y el trámite de una nueva ley ante el Congreso de la República, el Gobierno Nacional ha analizado en las últimas dos semanas el impacto de dicha declaratoria en la valoración de los mercados de energía Caribe Sol, Caribe Mar y Nuevo Caribe (mercado completo), en aspectos determinantes como la tasa nominal de renta, la tasa de mega inversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital que tienen un efecto relevante sobre la transacción. 

La variación en la valoración podría ascender a cerca de $500.000 millones de pesos; razón por la cual Electricaribe ve la necesidad de prorrogar el plazo de las subastas que adelanta actualmente para la presentación de ofertas vinculantes. Esta prórroga se aplica dentro del proceso de búsqueda de uno o más inversionistas para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como para la actividad de comercialización de energía eléctrica que realiza la empresa en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre; con el fin de tener certeza sobre los aspectos fiscales que se están tramitando actualmente en el Congreso de la República. 

El nuevo cronograma contempla la presentación de sobres de oferta el 20 de febrero de 2020. La subasta por el mercado completo se realizará el 26 de febrero y por los mercados segmentados, el 28 de febrero. Este nuevo plazo se verá reflejado mediante una adenda al reglamento del proceso que será publicado por la agente especial de Electricaribe en el transcurso del día de hoy. 

El Gobierno Nacional continuará apoyando a la compañía intervenida para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Por su parte, la empresa continuará contratando y ejecutando su plan de inversiones por más $800.000 millones de pesos que se traducen en obras dirigidas a mejorar progresivamente la calidad en la prestación del servicio.