Bogotá D.C., 6 de agosto 2019. Con el ánimo de fortalecer el ejercicio armónico y coordinado de la acción gubernamental, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Sociedades acordaron acciones conjuntas para fortalecer el conocimiento y aplicación del derecho societario en el sector de los servicios públicos domiciliarios.

El apoyo de la Supersociedades a Superservicios comprenderá: la preparación, formación y capacitación a funcionarios sobre temas de derecho societario, la generación de espacios de análisis y talleres de casos especiales y el acompañamiento de los requerimientos societarios en fusiones y escisiones, cuando así lo requiera Superservicios.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, agradeció el apoyo del Superintendente de Sociedades y aseguró que, “Es importante que nos coordinemos en nuestras funciones, porque esto es un trabajo de Estado, no solo de superintendencias. Contar con el apoyo de la Supersociedades con su experiencia y el conocimiento en materia societaria nos permite fortalecer nuestra gestión de inspección, vigilancia y control para avanzar en la prestación de los servicios públicos con calidad, cobertura y continuidad a toda la población del país.”

Por su parte, la Supersociedades reitera su compromiso de poner a disposición de la Superservicios su experiencia y capacidad técnica orientada a las necesidades de los usuarios y a consolidar empresas más productivas, competitivas y perdurables: “Nos hemos fijado el compromiso de contribuir a los objetivos del Gobierno Nacional de Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Tenemos claro que el ejercicio armónico y coordinado de la acción gubernamental mediante actividades específicas y transferencia de conocimiento entre sus entidades es fundamental en este propósito, por lo cual buscaremos poner a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, nuestra experiencia y capacidad técnica en materia societaria” expresó el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano.

El acuerdo entre ambas entidades fue formalizado mediante Circular Conjunta, firmada por ambos superintendentes en la sede de la Supersociedades.

Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2019. En desarrollo del proceso, empresas interesadas en la compra de los activos de Electricaribe han solicitado ampliar el cronograma de la etapa de debida diligencia, presentaciones de gerencia y visitas de campo a la infraestructura de servicio en la región; con el fin de contar con información adicional por parte del equipo asesor y por Electricaribe.

En las próximas semanas se espera tener una respuesta definitiva a las solicitudes que están siendo analizadas por el Gobierno Nacional y el equipo asesor de la venta teniendo en cuenta la magnitud de la transacción, la complejidad del mercado operado por Electricaribe y la relevancia que tiene este proceso.  

Adicionalmente, la superintendente ratificó que este año se efectuarán las subastas y que la entrega de la administración de los activos a la(s) compañía(s) que resulte(n) ganadora(s) se realizará durante el primer semestre de 2020.

Al margen de este proceso, la superintendencia resalta que el Gobierno Nacional ha realizado las acciones necesarias para poner a disposición de la compañía los recursos para su funcionamiento y pago de energía a los generadores. Igualmente, informó que ya se contrataron los primeros $125 mil millones destinados a inversiones en las redes y que el resto de los recursos aprobados para este frente están en proceso de contratación.

“En el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, estamos comprometidos en el corto, mediano y largo plazo para darle solución definitiva al problema de energía eléctrica en la costa Caribe colombiana y seguiremos trabajando de manera consistente y ordenada para atender las necesidades de la población de los siete departamentos de la región”, afirmó la superintendente Avendaño García.

Bogotá DC, 12 de agosto de 2019. Desde el 24 de julio, fecha de entrada en vigencia de esta norma que modifica el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, el gobierno eliminó la etapa de revisión de los requisitos que estaba a cargo de la superintendencia. 

“Con este cambio en la legislación, la Superservicios puede enfocar al equipo de trabajo que tenía a su cargo el trámite de certificación a las funciones prioritarias de inspección, vigilancia y control de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Los trámites que teníamos en curso quedan finalizados en el estado en que se encontraban; y, por disposición de la norma, los municipios que no recibieron certificación de la superintendencia, reasumen la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico que se encontraban bajo responsabilidad de los departamentos”, manifestó la superintendente, Natasha Avendaño García.

En este sentido, la Ley 1977 de 2019 señala que los alcaldes de los territorios que no contaban con la certificación deberán definir un plan de gestión de acuerdo con parámetros establecidos por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en un plazo de seis meses, contados a partir de la expedición de la norma. Estos planes serán revisados por los departamentos que deberán priorizar aquellos municipios con altos niveles de riesgo en la calidad del agua para el consumo humano, con el fin de disminuir el riesgo y propender por niveles óptimos.

La nueva ley mantiene la obligación de los prestadores de reportar al Sistema Único de Información – SUI, administrado por la Superservicios, la información relacionada con cobertura y calidad de la prestación del servicio, tarifas, aplicación de las normas sobre calidad del agua para consumo humano, y demás indicadores requeridos por la regulación del sector, para asegurar la adecuada prestación del servicio.

Nota: Se adjunta listado de los municipios que reasumen la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.