La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dio por terminado el proceso de intervención de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal - EAAAY, al subsanarse las causales que dieron origen a la toma de posesión en mayo de 2013. La decisión fue adoptada mediante Resolución No. SSPD – 20196000000065 del 15 de marzo de 2019.

La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, ordenó levantar la medida de toma de posesión con fines de liquidación, al superarse los hechos que motivaron su intervención, entre ellos, el suministro de agua en condiciones no adecuadas de calidad y continuidad; y el incumplimiento reiterado en el reporte de información al Sistema Único de Información – SUI.

El antecedente de los inconvenientes en la prestación de servicio de acueducto, y la posterior intervención de la superintendencia, se remonta al 2011 cuando un desastre natural ocasionó el derrumbe de la planta de tratamiento de agua potable Buena Vista que trataba aguas de dos fuentes hídricas, La Tablona y el río Cravo Sur. Esto obligó a la distribución del líquido a través de carrotanques y puntos de abastecimiento para la población, en condiciones inadecuadas de potabilidad y continuidad, incumpliendo estándares para la prestación del servicio.

“Hoy en día esas causales están superadas gracias a las estrategias que adelantamos durante el proceso de intervención de la EAAAY. A la fecha, la empresa cumple con la prestación del servicio de acueducto con la cobertura, calidad y continuidad exigidas por la normatividad. Estos resultados demuestran la efectividad de las acciones puestas en marcha en desarrollo de nuestras funciones de control y nos permite decirle a los yopaleños que estamos seguros de que ahora reciben en sus hogares el servicio que merecen”, aseguró la superintendente.

Periodo de estabilización

La Superintendencia considera necesario establecer medidas temporales especiales, implementando una etapa de estabilización que le permitirá a la EAAAY contar con las herramientas necesarias para consolidar, a largo plazo, su situación financiera, técnica y operativa. De esta manera se asegura que, a futuro, los usuarios de Yopal no vean afectados los servicios a cargo del prestador.

En el marco del periodo de estabilización, el hasta ahora agente especial de la empresa, Jorge Ernesto Silva Gómez, asumirá la gerencia de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2019. Este plazo podrá terminar antes de esa fecha de acuerdo con la evolución de las acciones tomadas en su calidad de representante legal. Adicionalmente, un funcionario de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo participará en las reuniones de Junta Directiva con voz, pero sin voto.

Finalmente, la Superservicios solicitó a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento y vigilancia especial al levantamiento de la toma de posesión, para asegurar la total transparencia al proceso.  

 

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La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, designó al ingeniero eléctrico Ricardo Antonio Lequerica Otero como nuevo integrante de la Junta Consultiva de Electricaribe, instancia encargada de hacer seguimiento al plan de inversiones para la región Caribe, entre otras actividades. 

Ricardo Antonio Lequerica, quien representará al departamento de Bolívar en la Junta Consultiva, cuenta con más de 34 años de experiencia en el sector de la generación, distribución y comercialización de energía. Ha sido promotor y fundador de Termoflores S.A. E.S.P. en la ciudad de Barranquilla y del proyecto Termopaipa IV en el departamento de Boyacá, así como gerente de las firmas Aureos Group y Anlu Development Corporation. 

Con el ingreso de Lequerica, la Junta Consultiva de Electricaribe amplía su representación regional. Remplaza a Alfredo Solano Berrio quien renunció a la designación. 

La Junta Consultiva de Electricaribe está conformada por profesionales expertos y con idoneidad para responder al desafío que significa vigilar el estricto cumplimiento de los planes de inversión de la empresa dirigidos a mejorar sustancialmente la prestación del servicio de energía en la costa Caribe, y con ello la calidad de vida de sus habitantes. 

Los otros integrantes de la junta son Carlos Quintero Rocaniz, Carlos Diago Abello, Arnaldo Mendoza Torres y Álvaro Jaramillo Buitrago.

La Junta Consultiva de Electricaribe tiene, entre sus funciones, la formulación de recomendaciones frente al Reglamento del Contrato de Garantía suscrito para respaldar los recursos que se entreguen a la empresa intervenida para la realización de inversiones.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, reiteró hoy que la solución al problema de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe es un compromiso de todos los colombianos, que no podemos ser ajenos a la situación de más de 10 millones de usuarios afectados por las dificultades en la prestación del servicio en esa zona del país. 

Durante la octava versión del encuentro “Colombia Genera”, liderado por la Asociación Nacional de Industriales - ANDI, la funcionaria dijo que para lograr que Electricaribe tenga las condiciones necesarias para prestar un servicio de calidad y continuidad se requiere una inversión cercana a los $7.1 billones durante los próximos 10 años, un promedio anual superior a los $700.000 millones. 

La funcionaria explicó que las condiciones para la venta de Electricaribe son distintas a las del año anterior. “El Gobierno asume el pasivo pensional, las deudas pretoma de la compañía quedan por fuera de la transacción, lo que la hace más atractiva financieramente para los inversionistas; y se expedirá un reglamento que contempla la segmentación del mercado con lo cual varios competidores entrarían a ofertar por la prestación del servicio en las zonas que se definan. 

“Con base en un ejercicio técnico, se está definiendo si habrá dos o tres segmentos para la prestación del servicio de energía a los habitantes de esta región del país teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el mercado, los temas financieros y operativos. El objetivo es asegurar un proceso competitivo con operadores idóneos que permita solucionar definitivamente la problemática actual”, señaló la superintendente.            

Anunció que, en las próximas semanas, se dará a conocer el reglamento con el cronograma de la etapa de precalificación de oferentes. En el último trimestre del año se espera recibir las ofertas para la posterior definición del o los operadores que tendrían a su cargo el servicio de energía en la región Caribe. 

Frente al proyecto de aplicar una sobretasa de $4 por kilovatio, que se tramita actualmente dentro del Plan Nacional de Desarrollo, señaló que se obtendrían aproximadamente $180.000 millones al año con destino al Fondo Empresarial de la Superservicios con el fin de incrementar los recursos que se destinan al apoyo financiero de los procesos de intervención a cargo de la entidad. 

La funcionaria subrayó que cada uno de los pasos que se vienen dando para dar una solución definitiva al servicio de energía en la región corresponden a la hoja de ruta trazada desde finales del año anterior por el Gobierno Nacional que tiene el firme compromiso de sacar adelante esta crisis.

Durante la celebración del Día Mundial del Agua, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios revela las cifras de decrecimiento del consumo de agua potable en los hogares colombianos, según cifras que reportan los prestadores del servicio público de acueducto al Sistema Único de Información – SUI, administrado por la entidad. 

Los primeros datos que surgen del análisis de la información indican que, en los últimos cuatro años, el consumo residencial por hogar del recurso hídrico ha disminuido en promedio en un 10% en todos los estratos socioeconómicos del país. 

La información del SUI muestra que los estratos 5 y 6, son los hogares que consumen más agua, alcanzando un volumen promedio de 20 metros cúbicos/mes, cerca de 50% más de lo que consume en promedio un usuario de los estratos 1, 2 o 3, donde se concentra el 83% de los usuarios en Colombia. 

 

Con relación a la calidad del agua que consumen los colombianos, y de acuerdo con la información reportada por las autoridades sanitarias del país al Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano - SIVICAP, se tiene que entre el año 2014 y 2017 se incrementó en un 2,5% la población en cabecera urbana que cuenta con acceso a agua apta para el consumo humano, alcanzando un 87% para esta última vigencia. 

Consumo básico, complementario y suntuario 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 750 de 2016 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, el consumo de agua potable de los colombianos se clasifica en tres tipos: básico, complementario y suntuario. Estos son estimados en relación a la altitud promedio sobre el nivel del mar de los municipios. Los consumos en los rangos complementario y suntuario superan el uso habitual de un hogar promedio en el país. (Ver mapa)

Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m)	Consumo Básico (m3/suscriptor mes)	Consumo Complementario (m3/suscriptor mes)	Consumo Suntuario. (m3/suscriptor mes)
> 2.000	11	11,1- 22	> 22
1.000-2.000	13	13,1 - 26	> 26
< 1.000	16	16,1 - 32	> 32

 

De lo anterior, de acuerdo con lo reportado al SUI por las empresas prestadoras del servicio público de acueducto durante el año 2018, el 68% de los municipios registró un consumo de agua promedio entre sus suscriptores que se clasifica como básico, el 28% reportó consumo complementario y el 4% consumo suntuario. 

Pérdidas de agua

Conforme a los reportes de los prestadores con más de 2.500 suscriptores, el Índice de Agua No Contabilizada – IANC, que corresponde a las pérdidas comerciales y técnicas no facturadas, registró en 2017 un promedio a nivel nacional de 43.6%. Esta cifra representa un incremento del 2% con relación al 2016.

“Ante el alto porcentaje de pérdida de agua, la superintendencia invita a los prestadores a realizar mejoras técnicas en la operación y mantenimiento de la infraestructura de abastecimiento de agua. Es necesario invertir en la instrumentación y control de macromedición, aumentar la cobertura o reposición de micro medidores y controlar fugas, entre otras acciones, que aseguren la disminución de pérdidas de este importante recurso”, puntualizó la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García.

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios rendirá cuentas a la ciudadanía sobre la gestión de la vigencia 2018, este miércoles 27 de marzo en audiencia pública liderada por la superintendente, Natasha Avendaño García.

La entidad reportará los resultados de su quehacer institucional en materia de protección y promoción de los deberes y derechos de los usuarios; así como las principales acciones de vigilancia, inspección y control a cerca de 4.000 prestadores de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible. 

Frente a las funciones de supervisión, la superintendente informará sobre las acciones de control frente a prestadores por incumplimientos de la normatividad vigente, los montos devueltos a usuarios por facturación no autorizada, la apertura de datos del sector de energía y gas combustible para asegurar la transparencia y favorecer las condiciones de libre competencia en el mercado. Igualmente, la implementación de un modelo de supervisión diferencial para los prestadores rurales de acueducto, alcantarillado y aseo, entre otros resultados.  

En relación con la participación y servicio al ciudadano, la entidad recibió en 2018 más de 224 mil solicitudes ciudadanas, dio al servicio la plataforma virtual TeResuelvo y 32 oficinas o kioscos digitales para ampliar la cobertura de atención a los usuarios en todo el país. 

Igualmente, la superintendente presentará los resultados de los procesos de intervención de empresas como Electricaribe, Empresas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Empresas Municipales de Cartago, entre otras. También reportará la ejecución financiera de la entidad y los retos que asumió para los próximos años, entre otros temas de su gestión. 

La audiencia se realizará en la sede de Compensar ubicada en la Calle 94 No. 23 – 43 en la ciudad de Bogotá. Será transmitida en directo por Facebook Live desde nuestra cuenta @SuperintendenciaSSPD. La ciudadanía puede remitir sus preguntas al correo electrónico rendiciondecuentas@superservicios.gov.co 

Consulte el Informe de rendición de cuentas 2018

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, presentó al país los principales resultados de la gestión de la entidad en materia de protección y promoción de los deberes y derechos de los usuarios; y de la supervisión a cerca de 4.000 prestadores de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible en todo el país. En audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, la superintendente destacó, entre otros, los siguientes aspectos:

• Acciones de control frente a prestadores

En desarrollo de su función de control, la entidad impuso multas por más de $10 mil millones a prestadores por incumplimiento de la regulación, así: 19 sanciones con multas por cerca de $6.137 millones a empresas de energía y gas. 37 sanciones con multas por $4.019 millones a empresas de acueducto, alcantarillado y aseo. Abrió más de 514 procesos de investigación contra prestadores de todos los servicios vigilados.

Como resultado de controles tarifarios a empresas prestadoras, la entidad determinó la devolución, vía factura, de $6.887 millones a usuarios de acueducto y alcantarillado, por aplicaciones incorrectas en la facturación.

• Servicio de energía, el de mayores reclamos

Durante el año 2018, la Superservicios recibió 224.237 peticiones, quejas y reclamos contra prestadores de servicios públicos domiciliarios, siendo el recurso de apelación el más frecuente, con un 49% del total es decir 110.228.

El servicio con mayor reclamación fue el de energía eléctrica con el 53,9%, seguido de acueducto con el 19,1%. Los motivos más recurrentes de las reclamaciones fueron por inconformidad con la medición del consumo o producción facturado (35,2%) y por cobros por recuperación de consumos no facturados (16,1%). 

• Facilitamos la vida a los ciudadanos

Con el lanzamiento de la plataforma virtual TeResuelvo y la puesta en servicio de 32 oficinas móviles, la superintendencia amplió su cobertura de atención a todo el país. Desde su puesta en funcionamiento en junio de 2018 a diciembre del mismo año, la entidad recibió más de 11.593 trámites y realizó 44.600 interacciones con los ciudadanos. Estas herramientas digitales complementan los 32 puntos de atención físicos que tiene la entidad en 21 departamentos.

Igualmente, la entidad realizó más de 400 actividades de participación ciudadana para fortalecer el control social y orientar a los usuarios sobre sus derechos.

Avances en procesos de intervención de empresas

• Electrificadora del Caribe - Electricaribe. En 2018, el Fondo Empresarial de la Superservicios otorgó garantías para la compra de energía por $312.972 millones y mantuvo vigentes las otorgadas en vigencias anteriores por $36.150 millones, para un total de garantías por valor de $349.122 millones. Financiaciones por más de $380 mil millones solo en el 2018, principalmente para el pago al Mercado de Energía Mayorista (XM S.A. E.S.P., generadores y comercializadores).
• Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY.  Superadas las causales de intervención. (Fue devuelta al municipio en marzo de 2019).
• Empresas Municipales de Cartago – EMCARTAGO. Se estructuró  propuesta de esquema de solución en análisis con fuerzas vivas de la región.

• Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Carmen de Bolívar – ACUECAR. En ejecución inversiones de alcantarillado. Culminadas inversiones de acueducto.
• Empresa Industrial y Comercial de Villa del Rosario – EICVIRO. Esquema de solución en estructuración.
• Empresa de Servicios públicos de Flandes – ESPUFLAN. Esquema de solución en estructuración.
• Empresa de Servicios Públicos de Vélez – EMPREVEL. En estabilización del servicio para inicio de estructuración de la solución.
• Empresa del Servicio Público de Aseo de Cali – EMSIRVA. En estructuración estrategia para solucionar pasivo pensional y culminación del proceso.
• Empresas Públicas de Quibdó – EPQ. En ejecución inversiones de alcantarillado.  Culminadas inversiones de acueducto. Operación a cargo de EPM.
• Electrificadora del Tolima - ELECTROLIMA en liquidación. En estructuración de estratégica para solución al pasivo pensionar del proceso.

Principales retos de la Superservicios

La Superintendente, Natasha Avendaño García, presentó los retos de la entidad, entre otros: Gestionar acciones con el sector de acueducto para mejorar la calidad del agua en el país. Constituir una unidad de monitoreo de los mercados mayoristas de energía y gas para fortalecer la vigilancia y control y prevenir abusos de posición dominante. Consolidar los esquemas de supervisión diferencial para los pequeños prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo; y para los prestadores de energía en las zonas no interconectadas del país. Modernizar la entidad y aplicar nuevos desarrollos tecnológicos para robustecer las funciones de la entidad en procura de mejorar la calidad de vida de los colombianos y de promover un adecuado comportamiento de las empresas prestadoras y del sector de servicios públicos.

La superintendente, Natasha Avendaño García, afirmó que esta audiencia es parte del ejercicio constante de apertura y control ciudadano y grupos de interés, transparencia y cero tolerancia a la corrupción, ejes del buen gobierno.  

Descargue aquí la presentación 

Audio declaración Superintendente Natasha Avendaño García 

El Gobierno Nacional presentó el nuevo proceso de búsqueda de uno o varios inversionistas-operadores idóneos para asumir la prestación del servicio de energía en la región Caribe. Las etapas fueron reveladas por los ministros de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, y de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; así como por la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño; y la agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas.

El proceso, que hace parte de la solución estructural definida por el presidente Iván Duque Márquez el 29 de noviembre de 2018, ofrecerá los activos de cada uno de los segmentos y el pasivo pensional estará a cargo de la Nación. Adicionalmente, brinda la posibilidad de comprar la compañía en su totalidad o segmentada en dos zonas geográficas.

El plan presentado divide la operación de la actual Electricaribe en dos grandes sectores de prestación. CaribeSol: compuesto por Atlántico, Magdalena y Guajira, con una participación en el mercado de 10.8% y 1.21 millones de clientes; y CaribeMar: compuesto por Bolívar, Sucre, Córdoba, y Cesar, con un mercado de 10.9% y 1.51 millones de clientes.

"El mensaje que quisiera transmitir es positivo: el Gobierno Nacional está comprometido en garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica, tanto en el corto como en el largo plazo. Esperamos contar con el operador más calificado para mejorar el servicio de energía en la costa Caribe", indicó el Ministro Carrasquilla.

Por su parte, la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez sostuvo que “estamos cumpliendo la ruta trazada por el Presidente Duque para ofrecerles una solución estructural a los usuarios del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe. Este nuevo proceso aumenta las probabilidades de encontrar una solución definitiva para esta zona del país que representa el 25% de la totalidad de la demanda en Colombia, y asegurar las inversiones por cerca de 8 billones de pesos que se requieren en los próximos 10 años”.

Reglas de participación y acreditación

Como criterios para participar en la oferta, el proceso exige que el inversionista-operador interesado se encuentre prestando el servicio de energía a más de 600.000 usuarios y que tenga un patrimonio de US$500 millones. Estos criterios de pre-calificación aplican tanto para los interesados en una de las dos zonas o en la totalidad de la empresa.

Para los interesados bajo la modalidad de consorcio se exige que el líder del mismo acredite la prestación del servicio de energía a mínimo 450 mil usuarios (de los 600 mil requeridos en conjunto) y tener por lo menos el 50% de participación en el consorcio. Adicionalmente, un miembro debe acreditar como mínimo un patrimonio de US$300 millones y tener, por lo menos, el 30% de participación en el consorcio.

“Las reglas de participación y acreditación que proponemos buscan que los inversionistas que lleguen a operar el servicio de energía tengan la experiencia suficiente y comprobada para garantizar que se hagan las inversiones requeridas con el fin de mejorar la prestación del servicio en la región. Lo que buscamos es uno o varios operadores expertos en el mercado que no cometan los errores del pasado”, aseguró la superintendente Avendaño.

El nuevo proceso de búsqueda, que inicia este martes 2 de abril, tiene como plazo de recepción de las ofertas para precalificación el 17 de mayo. En junio se darán a conocer los resultados de la precalificación y se procederá a abrir el cuarto de datos para que las firmas seleccionadas analicen la información disponible y estructuren la oferta final que debe presentarse el 16 de septiembre. Ese mismo mes se hará la subasta del primer segmento y en octubre la subasta del segundo de los segmentos, así como la subasta de la compañía completa (en caso que se presenten interesados) para la adjudicación de la operación del servicio de energía en la región.

Al final del proceso, se seleccionará la propuesta que cumpliendo los requisitos regulatorios ofrezca el mayor valor por la compañía prestadora del servicio de energía en la región Caribe, en su totalidad o con la segmentación. 

Plan de Inversiones

Entre el 2019 y 2020, Electricaribe triplicará las inversiones en el mantenimiento de su infraestructura y redes eléctricas, con un monto inicial de $125.000 millones y uno posterior de $745.000 millones.

El principal componente del plan de inversiones que se propone en el plan es la recuperación de pérdidas de la compañía. Para el efecto, se requiere la instalación de sistemas de medición centralizada y medidores individuales (tanto tradicionales como inteligentes), que permitan tener mayor control sobre el consumo de los usuarios e identificar y controlar el robo de energía.

Por otra parte, es necesario ejecutar inversiones en la reposición de activos que están en situación crítica de carga o cerca de cumplir su vida útil, especialmente en redes. También la instalación de sistemas de control de pérdidas acompañada de la mejora de la red, para evitar conexiones ilegales por fuera de los sistemas de medición y una expansión de la red que permita reducir la cargabilidad de activos existentes y adaptar la red al crecimiento de la demanda actual y futura.

Sin embargo, este plan de inversiones que se propone por el orden de los $8.7 billones, puede ser robustecido por el o los nuevos operadores-inversionistas, siempre y cuando cumplan con los mínimos establecidos por el Gobierno Nacional.

Cronograma del proceso

2 de abril: Lanzamiento del proceso

8 al 30 de abril: Período de mercadeo

Audio declaraciones Superintentende Natasha Avendaño García 

 

En desarrollo del tercer Encuentro Internacional de Energías Renovables, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García, explicó en detalle a representantes de gremios y 600 empresarios del Caribe el proceso de búsqueda del o los operadores inversionistas para la prestación del servicio de energía en esta región del país.

El proceso hace parte de una solución estructural definitiva que divide en dos grandes sectores la prestación del servicio. CaribeSol: que integra a los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, con una participación en el mercado de 10.8% y 1.21 millones de clientes; y CaribeMar: conformada por Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, con un mercado de 10.9% y 1.51 millones de clientes.

“Queremos que el Caribe colombiano tenga uno o varios operadores que respondan a las exigencias del mercado, hagan las inversiones que se requieren y mejoren los indicadores en beneficio de más de 10 millones de habitantes”, informó la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García.

Desde hoy quedaron publicados en la página web de la compañía los pliegos del proceso que permitirán el estudio, evaluación y escogencia de las empresas interesadas en prestar el servicio de energía en la costa caribe colombiana.

El plazo de recepción de ofertas para la precalificación irá hasta el 17 de mayo. En junio se darán a conocer los resultados de la precalificación y se abrirá el acceso a los datos empresariales de Electricaribe para que las mismas seleccionadas puedan estructurar sus ofertas finales, las cuales deberán ser presentada el 16 de septiembre. Ese mismo mes se hará la subasta del primer segmento y en octubre del segundo, así como la subasta total de la compañía.

“Esta es la solución definitiva al problema de prestación del servicio de energía en la costa, beneficiará a los habitantes de 7 departamentos, a la industria de la región y a los inversionistas que quieran trabajar por el Caribe”, manifestó la superintendente Avendaño.

El plan de inversión para el mejoramiento del servicio de energía en esta región es del orden de los $8.7 billones que pueden ser robustecidos por el o los nuevos operadores – inversionistas, conforme lo establecido por el Gobierno Nacional.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) dio a conocer los resultados de un estudio que busca diseñar un esquema de vigilancia diferencial para los prestadores del servicio de energía en Zonas no Interconectadas (ZNI) del país.

El informe señala que las ZNI concentran 1.887 centros poblados con 1.4 millones de habitantes a los que no llega la energía del Sistema Interconectado Nacional por su distanciamiento de grandes centros urbanos, baja densidad poblacional, espesa selva tropical y difícil acceso por sus condiciones geográficas. Este servicio público se presta mediante pequeñas plantas generadoras a base de combustible o paneles solares, entre otras fuentes.

Por sus características, sólo ha sido posible realizar monitoreo continuo sobre las condiciones de prestación del servicio en los 92 principales centros poblados, a través del Instituto de Promoción y Soluciones Energéticas (IPSE). En los 1.795 centros poblados restantes, el monitoreo no es continuo y se hace vía telefónica.

Ante este panorama, la superintendente Natasha Avendaño García, anunció el interés de la entidad en el desarrollo de herramientas tecnológicas para hacer vigilancia remota permanente a las condiciones de calidad y continuidad en la prestación del servicio de energía, y conocer en tiempo real las interrupciones y fallas en el servicio, con el fin de ejercer sus funciones de vigilancia, inspección y control frente a los operadores de las ZNI.

“Somos conscientes de nuestro papel de protección al usuario y de supervisión frente a los operadores del servicio de energía en estas poblaciones. Por eso estamos trabajando en el diseño de un modelo de supervisión diferencial que se apoya en nuevas tecnologías para automatizar y hacer vigilancia remota a la prestación del servicio. Nuestro propósito es trabajar conjuntamente con el IPSE en temas como georreferenciación, vigilancia satelital u otros mecanismos para modernizar nuestras tareas en estas poblaciones no cubiertas por la red nacional de distribución de energía”, manifestó la superintendente Avendaño García.

El desarrollo de esta herramienta hace parte del modelo de supervisión diferencial que la Superservicios implementará en estas zonas teniendo en cuenta sus características sociales, económicas y de cobertura de servicios públicos. 

Los resultados del informe fueron presentados a representantes del Ministerio de Minas y Energía, IPSE, USAENE y la Superservicios, en la Universidad Externado de Colombia.

Barranquilla, 30 de abril de 2019. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios explicó ante vocales de control y representantes de la comunidad de la región Caribe colombiana, el esquema de solución para la prestación del servicio de energía que actualmente presta Electricaribe, en intervención.

El superintendente (e), Andrés Bitar Arrázola, presentó en detalle los antecedentes de la toma de posesión de la empresa, las etapas del proceso de búsqueda nuevos operadores, la segmentación del mercado y los requisitos que deben cumplir los interesados, entre otros aspectos. “Con las condiciones del proceso, se asegura que el o los nuevos inversionistas - operadores cuenten con la solidez financiera e idoneidad técnica suficiente y comprobada para asumir la prestación del servicio a cerca de 10 millones de habitantes que representan el 23% de la demanda nacional”, manifestó el funcionario.

Destacó el interés del Gobierno Nacional en dar una solución definitiva a la región; así como su compromiso de invertir cerca de 850 mil millones de pesos para mejoramiento de redes y subestaciones en los siete departamentos, mientras se define el o los nuevos prestadores del servicio. En su exposición, el funcionario indicó que los nuevos operadores tendrán que ejecutar un plan de inversión de 8.7 billones de pesos que servirán para dar solución a la crisis energética y asegurar la calidad y continuidad del servicio de energía en el Caribe.

En desarrollo del encuentro, la Superservicios dio respuesta a las inquietudes de los vocales de control de municipios como Soledad, Malambo, Campo de la Cruz, Galapa y Sabanalarga quienes presentaron sus inquietudes sobre el proceso, las condiciones para el ingreso de nuevos operadores, aspectos tarifarios y la protección de los derechos de los usuarios del servicio.

La mesa de trabajo con los vocales de control y representantes de la comunidad se llevó a cabo en la Universidad Americana en la ciudad de Barranquilla y contó con la presencia de la Agente Especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas; la directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación, Lucía Hernández Restrepo; la directora territorial Norte, Keidy Díaz Plaza, y el delegado del Ministerio de Minas., Juan Manuel Andrade.

Jornadas como ésta se realizarán en diferentes ciudades de la región Caribe con el fin de dar a conocer el objetivo y alcances del proceso, de manera abierta y transparente a todos los interesados.