La nueva funcionaria tomó posesión del cargo ante la directora del Departamento Nacional de Planeación,Gloria Alonso Másmela. Es economista y magíster en Economía de la Universidad de Los Andes. Cuenta además con máster y doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de California en Berkeley.  

Al momento de su designación, la nueva superintendente se desempeñaba como directora de Gestión Organizacional en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, entidad a la que estuvo vinculada desde el año 2012 y en la que ocupó además el cargo de subdirectora de Análisis Operacional. Laboró, además, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

Avendaño García tendrá a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y control de cerca de cinco mil empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible (gas natural y GLP), que existen en el país. Entre los retos que debe afrontar la nueva Superintendente está el de la continuación del proceso de intervención de Electricaribe y definir, junto con el Gobierno Nacional, una solución definitiva a la crisis que presenta el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.  

Otro de los retos de la superintendencia es la vigilancia y supervisión de todos los rellenos sanitarios del país, así como el seguimiento a los planes de contingencia de las empresas de acueducto y alcantarillado que permitan evitar traumatismos en la prestación de los servicios ante la temporada de invierno que vive el país.  

En materia energética, debe adelantar el seguimiento a la viabilidad técnica y financiera de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, a través de una estrategia de vigilancia basada en el estudio de la gestión de riesgos por parte de los agentes; y hacer el monitoreo de las obligaciones de energía en firme y los mercados mayoristas. Además, continuar con la promoción de la política de datos abiertos de la información contenida en el Sistema Único de Información de los prestadores, con el objeto de empoderar a los usuarios, consumidores y agentes del mercado en la toma de decisiones y en el control de las empresas de servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible. 

Con la firma del Acuerdo de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY S.A. E.S.P. ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ( Superservicios ), se avanza en la hoja de ruta para el levantamiento de la medida de intervención que recae sobre la prestadora.

La suscripción del acuerdo, formalizado el 8 de octubre, establece compromisos de gestión comercial, administrativa, financiera y técnica a la empresa con el fin de asegurar un adecuado manejo y prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la capital del Casanare. Esto, como parte del proceso que se sigue para el levantamiento de la medida de intervención. La Superintendente de Servicios Públicos domiciliarios, Natasha Avendaño García , señaló que “la Superintendencia será rigurosa en el seguimiento al Acuerdo de Gestión, pues su cumplimiento es necesario para garantizar que la empresa mantenga las condiciones actuales de prestación del servicio, con cobertura y calidad”.

Como se anunció por parte de Superservicios el pasado 27 de septiembre, la EAAAY superó las causales de intervención que la mantuvieron bajo su administración desde marzo de 2013, al subsanar los problemas de continuidad y calidad del agua que motivaron su toma de posesión.

El plazo de cumplimiento del Acuerdo de Gestión será de tres años y comprende dos fases: La primera, de hasta 12 meses contados a partir de la suscripción del Acuerdo de Gestión, para los componentes administrativos y algunos comerciales. La segunda, a partir de la finalización de la fase I y hasta 36 meses contados a partir de la suscripción del acuerdo, para los componentes técnico – operativos, algunos comerciales y financieros.

El documento fue suscrito por la agente especial de la EAAAY, Luz Amanda Camacho; y las directoras de Gestión Técnica de Acueducto y Alcantarillado, Bibiana Guerrero Peñarette; y de Aseo, Luisa Fernanda Camargo Sánchez, por parte de Superservicios.

El acuerdo y los informes de seguimiento que hará la superintendencia sobre su estado y cumplimiento estarán disponibles para consulta en el portal web de la superservicios, enlace  http://www.superservicios.gov.co/Acueducto-Alcantarillado-Aseo/Programas-de-gestion/Empresa-de-Acueducto-Alcantarillado-y-Aseo-de-Yopal-EAAAY-EICE-E.S.P

ols

Todas las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo del país deben contar con un Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) que les permita identificar los riesgos cuando se presenten inundaciones, crecientes súbitas, avalanchas o deslizamientos provocados por la temporada de lluvias. Por tal razón, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) instó a todas las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo del país a contar con un plan de emergencia y contingencia que les permita no sólo identificar los riesgos sino también adelantar acciones preventivas para asegurar la calidad y continuidad en la prestación del servicio público.

En comunicación enviada a 259 empresas de acueducto y alcantarillado y 364 de aseo, la Superservicios les recuerda a las prestadoras la obligación de contar con el PEC para afrontar de mejor manera la temporada de lluvias que vive el país. Desde el año anterior, la Superintendencia inició un programa para acompañar y capacitar a las prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de todo el país, en la formulación y actualización de los PEC, así como orientar el reporte que deben realizar al Sistema Único de Información (SUI).

De acuerdo con el SUI, el 38% de las empresas grandes de acueducto no cuentan con un PEC actualizado lo que pone en riesgo la prestación del servicio a esas comunidades. En el caso de Aseo, el 41% de las empresas no han formulado el PEC. Por esa razón, la Superservicios llamó la atención de los prestadores para que cumplan con la obligación de cargar y actualizar el PEC al SUI.

“Se le invita a desarrollar un análisis de riesgo específico, que le permita identificar las posibles consecuencias de dichas situaciones adversas y adelantar las acciones preventivas para asegurar la calidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos a su cargo, durante y después de la ocurrencia de eventos naturales de alto impacto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad y el riesgo de su área de prestación”, advierte la comunicación de la Superservicios.

JRD

Según la Resolución   20184400024205 del 19 de marzo de 2018 y la Resolución 20184400127535 del 22 de octubre de 2018, que confirma el recurso de reposición presentado por la empresa, la multa se impuso por fallas en la disposición final de los residuos en el relleno sanitario, particularmente porque la EMAB no realizó una cobertura diaria de los residuos, no efectuó un correcto manejo de lixiviados y no ejerció control de vectores y roedores.    

“La Dirección Técnica de la  Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo , realizó visitas entre el 11 de febrero y el 1 de septiembre de 2015, donde evidenció las fallas en la disposición final de las basuras lo que además de afectar la calidad de la prestación del servicio de aseo, representó un riesgo para las comunidades aledañas al relleno y para los mismos empleados de la empresa investigada”, asegura la resolución.  

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, explicó que es muy importante que la empresa operadora del relleno sanitario El Carrasco cumpla con las especificaciones técnicas para su operación y funcionamiento, porque de esta manera se puede garantizar que la actividad de disposición final de residuos sólidos, como componente del servicio público de aseo, sea prestada con calidad, minimizando los impactos ambientales y a la salud de la población.  

El relleno sanitario El Carrasco atiende la disposición final de residuos provenientes del área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón) y de otros 12 municipios: Rionegro, Lebrija, Suratá, Charta, California, Barbosa, Matanza, El Playón, Tona, Vetas, Mesa de los Santos, Zapatoca y la vereda Ruitoque.  

La Superintendente informó que la entidad de inspección, vigilancia y control, a través de visitas técnicas y recolección de pruebas, busca establecer si el deslizamiento presentado en el relleno El Carrasco, el pasado 3 de octubre de 2018, es causal para una nueva apertura formal de investigación a la EMAB.  

Resolución 20184400024205

Resolución 20184400127535

A través de visitas técnicas e integrales a los prestadores y seguimiento a los indicadores del Mercado de Energía Mayorista, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), realizará un permanente monitoreo a las empresas generadoras de energía del país con el fin de que el servicio de energía eléctrica no se ponga en riesgo durante el Fenómeno del Niño, previsto para finales de 2018 y principios de 2019.

El anuncio lo hizo Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos, quien indicó que según las alertas de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), hay una alta probabilidad (90%) que en el trimestre noviembre-diciembre 2018 y enero de 2019, se presenten condiciones cálidas que afecten la hidrología del país. Es importante resaltar que las reservas actuales (nivel de los embalses) se encuentran alrededor del 82%, según el reporte del operador del sistema XM, muy por encima de las registradas en el 2016 cuando el nivel era cercano al 50%, una condición crítica.

“La Superservicios tiene la función de asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector energético y, por tal razón, desarrollará una estrategia con el fin de evaluar que los agentes estén en capacidad financiera y técnica que les permita honrar sus Obligaciones de Energía Firme, asignadas mediante el mecanismo del Cargo por Confiabilidad, con el fin de que la prestación del servicio de energía eléctrica no se ponga en riesgo”, aseguró.

Además de las visitas técnicas y el seguimiento diario a los indicadores, la Superservicios pide a las empresas prestadoras un acompañamiento a la estrategia que defina el Gobierno Nacional para afrontar el Fenómeno del Niño. Este estricto seguimiento hace parte del Sistema de Monitoreo de Obligaciones de Energía en Firme, que puso en marcha la Superservicios y que busca hacer una evaluación permanente a las empresas generadoras en dos aspectos fundamentales: (i) financiero, es decir, que cuente con los recursos necesarios para afrontar una situación de verano crítica y (ii), técnica, que los equipos se encuentren en condiciones óptimas que le permitan cumplir sus obligaciones de energía.

JRD

Conscientes de la importancia que reviste el proceso de búsqueda de un nuevo operador, se entraron a analizar las implicaciones que tendría para el mercado de energía en el país: (i) la manifestación formal de interés por parte de un solo oferente y (ii) el impacto que tendría en la competencia del mercado de distribución y comercialización de energía. 

Por esta razón, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha recomendado al Agente Interventor de Electricaribe, ampliar el plazo para pronunciarse sobre el proceso hasta el próximo 30 de noviembre de 2018 y así evaluar más alternativas hasta llegar a la más indicada.

Considerando la importancia y responsabilidad que tiene para el Gobierno Nacional implementar una solución estructural y sostenible a largo plazo que permita a la región contar con un servicio de energía eléctrica eficiente y de calidad, se informarán las decisiones del proceso una vez se termine la evaluación de las distintas alternativas.

Al cumplirse dos años de la intervención de Electricaribe se inicia la última etapa para la búsqueda de una solución definitiva que garantice la prestación de un servicio de energía eléctrica eficiente y de calidad en la costa caribe. Este nuevo ciclo trae consigo nuevos retos que serán liderados por Ángela Patricia Rojas.

Ángela Patricia Rojas es abogada especialista en gestión pública e instituciones admistrativas y en derecho económico, magister en derecho público para la gestión administrativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Se ha desempeñado como Directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación, Secretaria General de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Secretaria General del Ministerio de Minas y Energía. Ha sido miembro de la junta directiva de Distribuidora de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., Urrá S.A. E.S.P., Electrificadora del Huila de S.A. E.S.P. y Gecelca S.A. E.S.P.

Entre los retos que tendrá Rojas se encuentra, la búsqueda de un nuevo operador para el servicio cuyo proceso está en curso, y la administración de más de ochocientos cincuenta mil millones de pesos que el Gobierno Nacional invertirá para red. “Esta fase contará con un equipo renovado que será el responsable de construir sobre lo construido y dar el último empujón a la situación de Electricaribe”, afirmó la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño García. La funcionaria también agradeció la labor de Javier Lastra por los dos años que estuvo al frente de la empresa intervenida.

Foto tomada de www.presidencia.gov.co

• Así mismo, dijo que un gobierno corporativo tendrá la tarea de monitorear con rigor todas las inversiones que se realicen en Electricaribe en el 2019, al tiempo que reconfirmó su compromiso con la optimización de la calidad y la cobertura del servicio.

• Congresistas y dirigentes gremiales de la Costa Atlántica se mostraron satisfechos con la hoja de ruta propuesta por el Gobierno nacional para llevar solución a más de 10 millones de colombianos.

Bogotá, 29 de noviembre de 2018.

Tras una amplia reunión con la dirigencia y el sector gremial de la Costa Caribe, el Presidente Iván Duque anunció la implementación de una ruta que permitirá la solución estructural a la problemática histórica de Electricaribe.

La noche de este jueves, desde la Casa de Nariño, el Mandatario habló de las tres medidas que se van a tomar para llevar tranquilidad a más de 10 millones de colombianos de esa región del país que sufren por la cobertura y la calidad del servicio de energía.

En primer lugar, el Presidente anunció la suspensión del proceso de selección del nuevo operador porque solo un proponente manifestó interés por la compañía.

En el año 2019 –aseguró el Jefe de Estado- se ha garantizado por parte del Ministerio de Hacienda el proceso de inversiones que Electricaribe debe realizar con la garantía de la Nación.

Agregó que en el período que va desde enero hasta el último trimestre de 2019 se iniciará el proceso para buscar una operación óptima de calidad, que contemplará también los estudios de segmentación de mercado.

En segundo lugar, el Mandatario informó que la Nación, en un compromiso de largo plazo, asumirá el pasivo pensional de Electricaribe, lo que hará viable un proceso de participación privada o una alianza público – privada en la búsqueda de uno o varios operadores.

“La Nación se hará cargo del pasivo pensional de Electricaribe –asciende a 1,2 billones de pesos-, de manera que se haga viable, un proceso de participación privada o público-privada, si también participan en ese escenario gobiernos locales en un esquema de gobernanza corporativa, que permita esa transición exitosa”, afirmó el Jefe de Estado.

Y como tercer punto, el Presidente señaló que un gobierno corporativo tendrá como función monitorear con rigor todas las inversiones que se realicen en la compañía en el 2019.

“También debo decir que mientras el proceso se surte, conforme a todos estos estudios de segmentación de mercado que se van a hacer en paralelo, y en las mientras la Nación va honrando la asunción de esos compromisos de largo plazo, se va a dar un gobierno corporativo transparente, ejemplar, que va monitorear con rigor todas las inversiones que se realicen en el año 2019”, informó el Mandatario.

El Jefe de Estado afirmó que estas medidas confirman su compromiso para que los siete departamentos de la Costa Caribe gocen de un servicio de calidad.

“Estas decisiones, que hacen parte de la ruta de solución estructural, ratifican nuestro compromiso en que la Costa tenga un servicio de calidad óptimo y de cobertura en toda la región”, aseguró.

Satisfacción por el plan del Gobierno

Tras los anuncios del Presidente Duque, congresistas, mandatarios y líderes gremiales de la Costa Caribe exteriorizaron su satisfacción por la propuesta del Ejecutivo que apunta a la solución estructural de la problemática de Electricaribe.

“Le doy las gracias Presidente, porque ya tenemos una hoja de ruta para que tengamos un nuevo operador o nuevos operadores de Electricaribe. Se aligera la carga porque la Nación asume los pasivos pensionales y las deudas, antes de la intervención, tampoco entran en el esquema del nuevo operador”, aseveró el senador Efraín Cepeda.

A su turno, el representante a la Cámara, César Lorduy, afirmó que “esto es un regalo que nos merecemos en la región Caribe, un regalo para solucionar un problema que nos aqueja desde hace 10 años”.

Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, manifestó que “el proceso va a llevar a la selección de un gran operador que pueda manejar el mercado, pero mientras esto ocurre vamos a tener una transición y aceptamos que el Gobierno ha dado una salida rápida, lo que sin ninguna duda va en beneficio de la calidad del servicio”.

Así mismo, el Presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata Cepeda, reconoció “el profesionalismo con que el nuevo Gobierno ha hecho un planteamiento serio, en el cual concurrimos para que sirva de guía hacia la solución definitiva a la crisis de la energía en la Costa Caribe”. 

Vea aquí: Declaración del Presidente Iván Duque Márquez sobre la ruta para la solución estructural de Electricaribe

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios obtuvo un crédito por $735 mil millones, recursos que se utilizarán para asegurar el Plan de Inversiones y Recuperación de Pérdidas de Electricaribe en el año 2019 permitiendo mejorar el servicio de energía para esta región del país.

El anuncio fue hecho por la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño García quien explicó que este crédito, otorgado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Bancolombia, tendrán la garantía de la Nación, tal como fue aprobado por el Conpes 3933 del 05 de julio de 2018.

“En un tiempo record de tan sólo de siete días - 23 de noviembre al 30 de noviembre-, y luego de realizar una solicitud de oferta a ocho bancos del Sistema Financiero colombiano, y ante la buena respuesta obtenida por ellos, logramos recursos de crédito por $735 mil millones para la financiación de las inversiones necesarias que debe hacer Electricaribe el próximo año. Se asignó la oferta financiera a FDN y Bancolombia, con un plazo de 10 años y 2 de gracia”, destacó la funcionaria.

Agregó que, de esta manera y gracias a la oportuna decisión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del pasado 21 de noviembre, y de los bancos que presentaron su oferta, estamos cumpliendo con los recursos necesarios para que Electricaribe pueda financiar el primer año del Plan de Inversión y de Recuperación de Pérdidas previsto en el expediente tarifario presentado por Electricaribe a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) en cumplimiento de la Resolución 015 de 2018.

Recordó que los $735 mil millones están incluidos dentro del requerimiento financiero en el proceso de vinculación de un operador o inversionista que adelanta Electricaribe, y servirán para adelantar las actividades requeridas para mejorar calidad, reducir las pérdidas, ampliar la capacidad de infraestructura y modernización tecnológica, mientras se tiene la solución definitiva de la prestación del servicio en la Costa Caribe.      

CAC/LHR

Con esta decisión se espera culminar de manera exitosa el proceso de intervención de la EAAAY que inició el 3 de mayo de 2013, luego de la emergencia producida por el desastre natural ocurrido en mayo de 2011 que tuvo como consecuencia el derrumbe de la planta de tratamiento La Tablona que generó la suspensión del servicio de acueducto por 8 días continuos, y nuevamente en abril de 2012, por el colapso de las tuberías de conducción.

"No vamos a descansar hasta que los habitantes de Yopal reciban un servicio con la cobertura, continuidad y calidad que se merecen y que contempla la normatividad vigente. La intervención obedeció a las deficiencias en calidad del agua suministrada en red de distribución, continuidad en la prestación del servicio, así como el incumplimiento en la normatividad y en el cargue de la información al SUI, situaciones que están siendo superadas por la empresa”, informó la superintendente.

Entre las responsabilidades que asume el nuevo agente interventor, Jorge Ernesto Silva Gómez, se encuentra el desarrollar un informe de la situación actual de la EAAAY para que la Superservicios pueda tomar una decisión frente a su entrega a la administración municipal de Yopal.

Silva Gómez administrador de empresas, especialista en Finanzas, en Desarrollo institucional de empresas prestadoras de servicios y en Estructuración de proyectos. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de agua potable. Trabajó 10 años en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico como subdirector de Gestión Empresarial y coordinador del Grupo de Estructuración. Por 10 años hizo parte de Findeter y fue vicepresidente financiero de Metrocali. También laboró en el Fondo de Inversión para la Paz de la Presidencia de la República - Acción Social. Recientemente se desempeñó como agente especial en dos prestadores de Tolima: la Empresa de Servicios Públicos de Flandes, actualmente en intervención por Superservicios; y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, devuelta a la administración municipal en diciembre de 2017.

Por último, la superintendente Avendaño aseguró que se debe concretar un esquema para que los recursos del recaudo se destinen a la inversión que requiere la empresa; así como al pago de la deuda que la empresa tiene con el Fondo Empresarial de la Superintendencia luego de que éste la asumiera frente al contratista de la planta alterna, ante la imposibilidad financiera que tenía la empresa para hacerlo. El pago de la deuda es condición para la entrega de la infraestructura al municipio.