• “Al democratizar los servicios públicos debilitamos los monopolios para que, con una competencia real, el mercado sea eficiente”, enfatizó el funcionario.
• Más de un centenar de asistentes, entre comunidad afro, autoridades y prestadores, acordaron compromisos para mejorar la prestación de los servicios públicos en Chocó.
• La población negra e indígena, que mayoritariamente habita el departamento, hizo una apuesta por el cambio; dio respaldo a La Paz total, así como al ordenamiento del territorio alrededor del agua en esta región de la Colombia profunda, potencia hídrica de mayor pluviosidad del país.
• Democratización de los servicios públicos, fomento de acueductos comunitarios y comunidades energéticas autónomas.

 

Con la concertación de diferentes compromisos entre autoridades, prestadores y comunidad para mejorar la calidad de vida de los chocoanos, culminó el diálogo “Servicios Públicos por La vida” realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, este viernes en Quibdó, y liderado por el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Dagoberto Quiroga Collazos.

Ante más de un centenar de asistentes, se viabilizará la reapertura del Punto de Atención Superservicios en Quibdó, el seguimiento a las obras de alcantarillado que realiza Findeter y a la adecuación de celda en el relleno Marmolejo, y acciones conjuntas de articulación con otras entidades públicas para atender los problemas de servicios públicos, en materia de inversión, avance de obras, entre otros compromisos.

En la instalación del diálogo, el superintendente manifestó: “La situación de los servicios públicos en Chocó es un ejemplo claro de las debilidades del modelo actual, pues debido a sus características geográficas y la vulnerabilidad económica de una parte importante de sus habitantes, la provisión de los servicios de energía, agua y aseo no son rentables para el sector privado.”

El funcionario señaló que Chocó registra bajos índices de calidad, cobertura y continuidad de los servicios públicos debido a las limitadas condiciones de operación de los prestadores privados y los casos de corrupción de algunos actores que se apropian de los subsidios que entrega el Estado con destino a los usuarios, entre otras causas.

Frente a esta situación, el superintendente anunció: “Desde el Gobierno Nacional estamos trabajando reformas profundas a las leyes 142 y 143 de 1994 que regulan los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Tenemos que hacer que los usuarios y no las empresas sean el centro de la prestación de los servicios públicos. También necesitamos un nuevo marco normativo que genere las condiciones para el acceso universal a los servicios públicos en regiones como la de Chocó en donde hasta el momento ni el Estado, ni el sector privado han conseguido hacerlo”.

Señaló el funcionario que “nuestra obligación es proponer políticas y soluciones que hagan más eficiente la prestación de los servicios públicos, así como articular la acción y las inversiones estatales para resolver estos problemas a partir de las líneas trazadas por el Gobierno del Cambio en materia de democratización de los servicios públicos, promoción de las comunidades energéticas y de acueductos comunitarios, y la implementación de la política Basura Cero.

En materia de agua y saneamiento ambiental, apenas el 67 por ciento de las zonas urbanas de los municipios de Chocó tiene cobertura de acueducto superior al 90 por ciento. Sólo el 56 por ciento de los municipios tiene una cobertura de alcantarillado superior al 90 por ciento. El 53 por ciento de los municipios del Chocó la calidad del agua presenta alto riesgo o es viable para el consumo humano. No se cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales. Dieciocho municipios disponen sus residuos en botaderos a cielo abierto, y es el segundo departamento del país con más localidades sin conexión al sistema eléctrico nacional. 

“Desde la superintendencia, estamos trabajando de la mano de Findeter, el Fondo Todos Somos Pazcifico, los ministerios de Hacienda, Vivienda y Energía, así como con las autoridades municipales y departamentales para reactivar muchas de las obras de infraestructura de servicios públicos que hoy se encuentran paralizadas.

En este encuentro, se anunció la pronta entrada en servicio de la nueva celda de disposición en el relleno sanitario Marmolejo, que permitirá recibir los residuos que produce la ciudad por los próximos 5 años, como resultado de la gestión de la Dirección de Entidades Intervenidas de la Superservicios.

El superintendente estuvo acompañado por el representante del Fondo Todos Somos PAZcifico, Jorge Silva; los alcaldes de Quibdó, Martín Sánchez Valencia, y de Istmina, Hever Córdoba; el agente especial de EPQ, Roberto Ángulo; el gerente de Dispac, Jorge Quintero, y los delegados de Findeter, Claudia Jiménez, y de Minvivienda, Jorge Beltrán.

Por parte de la Superservicios asistieron también los superintendentes delegados para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Carlos Betancourt; para Energía y Gas Combustible, Orlando Sepúlveda; y para la Protección al Usuario, Ulver Triviño. El director de Acueducto y Alcantarillado, James Copete, oriundo de Istmina, y el director de la Territorial Occidente, Carlos Zapata.

Visitas de inspección

Durante el viaje al Departamento del Chocó, la comisión de la Superservicios, en cabeza del Señor superintendente, realizó visitas técnicas de inspección a infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía en los municipios de Quibdó, Istmina y Medio Atrato. En el recorrido se llegó a las obras inconclusas del acueducto de Istmina, la infraestructura de la ZNI de Beté (cabecera municipal de Medio Atrato), y en Quibdó la instalación de redes para el acueducto de los sectores 18 y 19, la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable La Playita, el avance de obras de la renovación del alcantarillado del barrio Niño Jesús y el estado de operación del sitio de disposición final de residuos sólidos Marmolejo.

La presencia de la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios en el Chocó, en vísperas del día de la Afrocolombianidad, es una reafirmación del compromiso del Gobierno Nacional con el departamento y de mejorar las condiciones de vida y oportunidades de sus habitantes.

En estas jornadas se identificación las falencias en las condiciones de prestación de los servicios públicos, especialmente en las comunidades afro e indígenas del departamento. Sobre estos hallazgos, la Superservicios adelantará acciones en el marco de sus competencias de inspección, vigilancia y control; y de acompañamiento articulado con otras entidades públicas.

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la sanción impuesta a Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., por valor de 1.800 millones de pesos al comprobar varios incumplimientos de la regulación del servicio público de gas natural en el país.

La empresa incurrió en una falla en la prestación del servicio por suspender injustificadamente el servicio de gas en los municipios de Florencia (Caquetá) y Garzón (Huila), entre el 18 de junio de 2019 y el 25 de septiembre de 2020, y en los mercados de Puerto Triunfo y Norcasia, Quipile, Guaduas, Suárez y Cambao, entre el 12 de septiembre de 2020 y el 15 de enero de 2021. Esta conducta ya había sido sancionada con anterioridad por la Superservicios.

Adicionalmente, Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., no celebró contratos de suministro de gas, con respaldo físico del combustible, para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a sus comunidades usuarias en los mercados de Puerto Triunfo, Norcasia, Quipile, Guaduas, Suárez y Cambao.

Además de lo anterior, la empresa aplicó incorrectamente el componente de Distribución en las tarifas de los usuarios y usuarias del servicio de gas en el mercado relevante de El Carmen de Viboral (Antioquia), entre septiembre y diciembre de 2020, y de enero a abril de 2021, lo que derivó en cobros injustificados por el servicio prestado. Pese a que, por intervención de la Superservicios, los usuarios fueron compensados posteriormente  por este hecho, la empresa no pudo desvirtuar su responsabilidad administrativa.

Esta decisión fue notificada a Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., mediante la Resolución SSPD 20232400258645 del pasado 2 de mayo.

En el decimoquinto congreso anual de energía organizado por Acolgen, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, fue enfático en reiterar que en ningún momento se ha planteado intervenir el mercado de generación de energía. “Lo que se ha planteado, afirmó, es la necesidad de buscar mayor eficiencia en el mercado”.

El Estado, señaló el superintendente, tiene la obligación constitucional de regular la economía para que el mercado pueda operar. Recordó las sentencias C-153 de 2003 y la C-263 de 2013 sobre el papel estatal en la economía, que incluye la definición de políticas generales de administración y control en la eficiencia de los servicios públicos, dictadas por el presidente de la República. Así mismo, citó el artículo 120 de la Ley 143 de 1994 que determina que el Estado tiene el objetivo básico de asegurar la adecuada prestación del servicio de energía mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario.

Frente a la coyuntura actual de altos precios del servicio de energía, el superintendente Quiroga manifestó que en sus visitas a diferentes lugares del país “son reiterados los reclamos de los usuarios, quienes afirman que no tienen como pagar la factura. Si los usuarios no pueden pagar, el mercado no va a funcionar”, indicó el funcionario.

Respecto al decreto presidencial para reasumir las funciones generales de las comisiones de regulación, Quiroga Collazos explicó que el presidente busca recuperar, dentro del marco de la institucionalidad, las funciones delegadas previamente, con el fin de nivelar los pesos entre la oferta y la demanda.

En cuanto a la transición energética, el superintendente advirtió sobre la importancia de tener en cuenta a la comunidad para que los proyectos sean viables, y así evitar situaciones como la presentada recientemente en La Guajira. Así mismo, afirmó que “la transición energética debe tener una participación activa de la demanda a través de la promoción de la competencia para que los usuarios puedan generar energía, a través de asociaciones comunitarias”.

Por último, de acuerdo con el funcionario es necesario modernizar el mercado y la operación del sistema de forma tal que se puedan incorporar las nuevas energías. Por esta razón, dijo, “debemos revisar las disposiciones regulatorias que impiden la entrada de pequeños generadores”.