La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como entidad de Inspección Vigilancia y Control tiene como principio poner a los usuarios de servicios públicos en el centro de todas nuestras decisiones.

Tenemos que anteponer los derechos de los usuarios a los intereses de las empresas, pues la regulación de los servicios públicos ha estado más preocupada por darle seguridad a los usuarios que por la protección de los usuarios.

Una Superintendencia centrada en los usuarios aporta al cumplimiento de los pilares del Programa de Gobierno, en ello el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida busca primero un cambio en las relaciones de desigualad, inequidad e injusticia en la sociedad colombiana por unas relaciones de igualdad equidad y justicia.  Una equidad, justicia social y bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población (Reformas propuestas.). Segundo, un cambio de las relaciones de la sociedad con la naturaleza, ante la crisis climática) cuidar el planeta, el medio ambiente, el agua, los ríos, una transición energética que garantice el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la sociedad, por ello la premisa ordenar el territorio alrededor del agua lo integra.

• Los servicios públicos son fundamentales para garantizar una vida digna y la ampliación de cobertura esencial para reducir las desigualdades sociales.
• La sostenibilidad de los servicios públicos depende de que su prestación minimice los impactos sobre el medio ambiente.
• Cuidado de fuentes de agua
• Tratamiento de aguas residuales
• Disposición de residuos sólidos
• Aprovechamiento
• Uso de energías limpias.

Los servicios públicos no pueden ser vistos como un negocio. “Primero el cerebro que el cemento “

Nuestra Constitución, en la mayoría de los casos, delegó en empresas privadas la provisión de servicios públicos, pero esto no significa que sean un negocio.

Al prestar los servicios públicos, las empresas privadas cumplen una finalidad del Estado y, por eso, tienen que ser sometidas al más estricto escrutinio de parte del gobierno y de los usuarios.

 

Diagnósticos una mirada en Córdoba - Sahagún y Ciénaga de Oro

El departamento de Córdoba no es ajeno a la crisis de los servicios públicos.

Desde hace 3 años, la empresa Acualia presta el servicio en 12 municipios del departamento, pero ha sido incapaz de garantizar la continuidad en el servicio. Aquí en Ciénaga de Oro el servicio de agua tiene una continuidad de menos de doce horas diarias; continuidad que está por debajo de aceptable para tener un servicio de calidad. Por ejemplo, en municipios como Sahagún, apenas una de los cuatro sectores en los que se divide el municipio tiene agua con una continuidad aceptable.

En el resto del municipio la continuidad del servicio está muy por debajo del nivel satisfactorio lo que obliga a miles de usuarios a tener que comprar agua en “tambucos” a un precio por encima de sus posibilidades. Las familias prácticamente tienen que rebuscarse para pagar el agua.

La pésima prestación del servicio genera un círculo vicioso

• Los usuarios no quieren pagar por un mal servicio.
• Los usuarios no confían en la empresa y se oponen a la instalación de medidores.
• Sin cultura de pago y medidores para fortalecer la gestión comercial de las empresas de acueducto no es posible mejorar el recaudo.
• Sin un mejor recaudo no hay dinero para hacer inversiones. 

Por ejemplo, en el departamento apenas el 68 % por ciento de los usuarios tienen sistemas de micro medición. Esto hace que la gestión comercial sea muy pobre y no haya recursos para fortalecer la prestación del servicio.

En Ciénaga de Oro la medición alcanza apenas el 56 por ciento, situación que refuerza este círculo vicioso.

Fortalecimiento de la Superintendencia y reforma a la ley 142 de 1994

Hecha la ley, funcionan los derechos.

Los servicios públicos tienen problemas estructurales. No se van a resolver con quejas y reclamos, su resolución requiere de políticas públicas, voluntad política y más inversión estatal.

• En la Super de la vida estamos trabajando para construir una superintendencia mucho más fuerte en sus capacidades de vigilancia, inspección y control.
• Reingeniería del sistema único de información
• Presencia en todas las capitales de departamento – En el territorio
• Tecnologías de medición para verificar la potencia en la transmisión de energía y la medición de hogares.
• Más herramientas de intervención y sanciones disuasivas.

La reforma a la ley 142 busca unas comisiones de regulación conectadas con los usuarios de servicios públicos.

• Representación de los usuarios en la comisión.
• Más participación y consulta ciudadana.
• Fórmulas tarifarias de energía que resten el espacio de discrecionalidad que tienen las generadoras de energía.

También buscamos remover las barreras que dificultan la formación de comunidades energéticas, facilidades para integrar a estas comunidades a la red nacional de energía, más financiación y asistencia técnica para formar comunidades.

Ordenamiento territorial alrededor del agua

Las ciudades no pueden seguir creciendo, si no tienen fuentes de agua e infraestructura de acueducto y alcantarillado, lo que demanda se fortalezcan los controles sobre la entrega de licencias de construcción. En ese comino el aprovechamiento debe convertirse en la actividad principal del servicio de aseo, los rellenos sanitarios se están agotando y generan riesgos a la salud pública y al ambiente; es necesario promover una economía circular basada en el aprovechamiento, con esquemas de vigilancia, diferenciados para pequeños prestadores, comunidades energéticas y acueductos comunitarios.

Diagnóstico de los servicios públicos en crisis

Brechas urbano rurales en materia de coberturas y calidad en la prestación de acueducto y alcantarillado.

El 15% de los municipios de Colombia tienen una cobertura de acueducto inferior al 30% y apenas el 20% tiene una cobertura superior al 90%, a nivel urbano 70% de los municipios tiene una cobertura de acueducto superior al 90%, mientras que en el campo apenas el 17%, el 8% del agua suministrada es inviable sanitariamente, al tiempo que el 20% tiene alto riesgo de no ser apta para el consumo humano; en áreas urbanas, dichos porcentajes son del 1% y del 8%.

Agua y saneamiento básico- ordenar el territorio alrededor del agua

La expansión urbana en varias ciudades y regiones del país no tiene en cuenta la oferta hídrica, el territorio se ha organizado más alrededor del cemento, del ladrillo y del negocio de la construcción, la entrega de licencias de construcción sin el debido estudio de balances hídricos, ni capacidad de redes de acueducto o alcantarillado, empuja un déficit de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

El 48% de los municipios cuenta con Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales-STAR.

Los rellenos sanitarios son ambiental y socialmente insostenibles a mediano plazo

Los rellenos sanitarios generan riesgos ambientales y de salud pública, el 34% de los sistemas de disposición son sitios no autorizados, porque no cumplen las normas mínimas de protección ambiental y salud pública; el 50% de los rellenos sanitarios en Colombia tienen menos de seis años de vida útil, lo que causa problemas políticos regionales, pues los municipios son renuentes a aceptar que se construya un nuevo relleno en su jurisdicción;  a ello se suma el aumento en los contaminantes que llegan a fuentes hídricas naturales que abastecen el suministro de agua para consumo humano; la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios, en vez de bajar aumenta.

Precario desarrollo de la economía circular, apropiación de rentas por intermediarios y debilidades normativas

• Lento arraigo de la cultura de reciclaje.
• Lento avance de formalización y fortalecimiento organizacional de los recicladores.
• La mayoría de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) son bodegas de compraventa de chatarra y no de asociaciones de recicladoras.
• Reportes inflados de toneladas de material aprovechable registrado en el SUI.

En energía el precio de las facturas de energía supera la capacidad de pago de una parte importante de los usuarios, las empresas generadoras de energía tienen un poder predominante en la elevación de las tarifas a los usuarios, lo cual, obedece a discrecionalidad con que cuentan para definir riesgos en la fórmula tarifaria.

El incremento desbordado de las tarifas supera las posibilidades de los hogares y creemos que esto pone en riesgo la estabilidad del sistema. Si los usuarios no tienen capacidad de pago, el sistema se derrumba.    

Situación en Córdoba: casos de Sahagún y Ciénaga de Oro

El departamento de Córdoba no ha sido ajeno a estos problemas de los servicios públicos, desde hace 3 años, la empresa Acualia presta el servicio en doce municipios del departamento, pero ha sido incapaz de garantizar la continuidad en el servicio.

Aquí en Ciénaga de Oro el servicio de agua tiene una continuidad de menos de doce horas diarias, que está por debajo de lo aceptable para tener un servicio de calidad, un ejemplo municipios como Sahagún, apenas uno de los cuatro sectores en los que se divide, tiene agua con una continuidad aceptable, en el resto del municipio la continuidad del servicio está muy por debajo del nivel satisfactorio, lo que obliga a miles de usuarios a tener que comprar agua en “tambucos” a un precio por encima de sus posibilidades, las familias se rebuscan para pagar el agua.

La pésima prestación del servicio genera un círculo vicioso 

• Los usuarios no quieren pagar por un mal servicio.
• Los usuarios no confían en la empresa y se oponen a la instalación de medidores.
• Sin cultura de pago y medidores para fortalecer no es posible mejorar el recaudo.
• Sin un mejor recaudo no hay dinero para hacer inversiones. 

A manera de ejemplo, en el departamento apenas el 68 % por ciento de los usuarios tienen sistemas de micro medición. Esto hace que la gestión comercial sea muy pobre y no haya recursos para fortalecer la prestación del servicio.

La participación social es un componente esencial de nuestro modelo de prestación, pues los servicios públicos no son un producto cualquiera que se compra en el mercado.

Los servicios públicos, según nuestra Constitución Política, son fines esenciales del Estado. Son derechos ciudadanos y de su acceso en condiciones de calidad y eficiencia depende el bienestar de los colombianos.

Nuestra Constitución, en la mayoría de los casos, delegó en empresas privadas la prestación o intermediación de servicios públicos, pero esto no significa que sean un negocio.

Al prestar servicios públicos, las empresas privadas cumplen una finalidad del Estado y, por eso, tienen que ser sometidas al más estricto escrutinio de parte del gobierno y de los usuarios.

La Superintendencia tenemos mucha información sobre la situación de los servicios públicos. La mayoría de los prestadores reportan en nuestro sistema único de información las variables sobre tarifas, cobertura, inversiones y estados financieros, entre muchas otras.

Sin embargo, son los usuarios quienes mejor conocen sobre la forma como se prestan los servicios públicos en Colombia.

Son ellos los que tienen que padecer los problemas en la continuidad del servicio del agua, la mala gestión de residuos que ponen en riesgo su salud y el dolor de cabeza de conseguir el dinero para pagar el recibo de la luz.

Por eso, la gestión de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Servicios Públicos queda incompleta sin el conocimiento de los usuarios.

Los vocales de control, hoy 11 de julio del 2023 en su día cumplen un papel fundamental al llevar esta información de los usuarios a la Superintendencia de Servicios Públicos.

Motivados por un espíritu de servicio, los vocales de control:

• Enseñan a la comunidad sus deberes y derechos
• Escuchan sus problemas
• Ayudan a tramitar quejas y reclamos
• Conminan y co-ayudan a las alcaldías, empresas prestadoras y la Superintendencia a dar soluciones.
• Desde que asumí la dirección de esta Superintendencia el año pasado, mi objetivo principal ha sido poner a los usuarios en el centro de nuestra gestión; realizar todas nuestras actividades con el fin último de proteger sus derechos.

En esta tarea, el trabajo desinteresado e incansable de los vocales es de vital importancia. Por eso, en la Superintendencia nos esforzamos para tener una relación más estrecha y fluida con los vocales de control.

Por ejemplo, en nuestros foros de “Servicios Públicos por la Vida” he tenido la oportunidad de reunirme con centenares de usuarios, vocales y veedores para escuchar directamente sus preocupaciones.

En estos foros también hemos abierto espacio para que las usuarias, usuarios, líderes de la comunidad, entre otros, muchas veces representados por los vocales de control, conversen con los prestadores y entidades de gobierno para encontrar soluciones a los problemas más apremiantes.

Sin embargo, aún tenemos un largo camino por recorrer para vincular de forma mucho más efectiva a los vocales en el control de servicios públicos. 

• 710 municipios de Colombia no tienen un comité de Control Social de Servicios Públicos.
• En departamentos como Bolívar y Chocó, con gravísimos problemas de disposición de residuos, más del 90 por ciento de los municipios no tienen Comités de Control Social de Servicios Públicos.
• La Costa Caribe, con todos sus problemas de agua y tarifas de energía, apenas tiene estos Comités en el 10 por ciento de los municipios.
• Esta situación es inaceptable, pues de acuerdo a la ley, todos los municipios del país deberían tener al menos uno de estos comités.

Desde la Superintendencia tenemos la obligación de promover su formación y ofrecer capacitación y apoyo a los vocales de control, pero el año pasado apenas realizamos 34 talleres de capacitación.

Esta, sin duda, es una cifra muy baja, teniendo en cuenta la importancia de los vocales de control y que nuestra Constitución tiene a la participación como uno de sus pilares.

La cifra no sorprende, pues la Superintendencia de Servicios Públicos apenas tiene presencia en siete capitales de departamento, lo que hace supremamente difícil fomentar y acompañar las tareas de los vocales de Control.

Una de nuestras metas, entonces, es llevar a esta entidad a todas las capitales de departamento de Colombia.

De esta forma podremos estrechar nuestros vínculos con la ciudadanía y promover la formación de más Comités de Control Social de Servicios Públicos para que, a través de ellos, podamos fortalecer nuestra la tarea de vigilancia.

En el marco Constitucional del gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, la participación de las líderes, líderes de la sociedad en su totalidad, es la medula de nuestro trabajo.

En servicios públicos es la concreción del plan de Desarrollo Colombia Potencia mundial de la vida en ordenar el territorio alrededor del agua, como de los servicios públicos de la vida.