La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la gerencia de la intervenida Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar) avanzan en la estructuración del plan de acción para superar las causas que llevaron a su intervención en marzo de 2023.

Sobre la recuperación de Emdupar, el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, reitera el compromiso de la entidad para sacar adelante la empresa: “Trabajamos conjuntamente para estructurar el plan de acción desde la superintendencia, Emdupar y el Fondo Empresarial de la Superservicios que apoya la recuperación de los prestadores intervenidos.  Nuestro reto es sacar adelante a esta empresa, patrimonio de más de 500 mil habitantes del municipio. La comunidad espera la mejora en la prestación de los servicios públicos, y su sostenibilidad empresarial a futuro.”

Igualmente, el superintendente manifestó que siguen las conversaciones con los representantes de los tres sindicatos que tiene Emdupar, para acordar la reducción de la carga prestacional derivada de los acuerdos colectivos, ya que este es uno de los componentes necesarios para el salvamento de la empresa y su devolución a la administración municipal. Sobre este tema, el funcionario tendrá reuniones este jueves y viernes con los líderes sindicales a quienes reiterará la necesidad de disminuir el factor salarial pactado con los sindicatos que llega al 2,57 %, porcentaje que afecta las posibilidades de inversión de la empresa.

En otros aspectos empresariales, ya se cuenta con el perfil del proyecto para recuperar a la empresa en el corto, mediano y largo plazo. Se han establecido los resultados esperados, el cronograma y los responsables de la ejecución del plan de acción para el salvamento de Emdupar. Esto se concretó en mesas de trabajo realizadas el pasado 16 de agosto en Bogotá, en donde se revisaron las estrategias de solución para los componentes financiero, comercial, técnico, de aseo, talento humano y sistemas de Emdupar. A esta jornada asistieron el superintendente, Dagoberto Quiroga, el gerente de Emdupar, Pablo Jaramillo Reyes; así como directivos, asesores y profesionales de ambas entidades, y del Fondo Empresarial que apoyaría financieramente el rescate de la compañía.

Antecedentes

Emdupar fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos por su crítica situación empresarial que ponía en riesgo la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la capital del Cesar.

La empresa registraba deficiencias en indicadores de calidad y pérdidas de agua, recaudo, cartera, inversiones y liquidez, entre otros, que la ubicaron en una situación de riesgo medio-alto en el Indicador Único Sectorial (IUS) que mide la situación integral de las empresas vigiladas por la superintendencia. El crítico estado financiero de la empresa hacía prever el incumplimiento de sus obligaciones mercantiles en el corto y mediano plazo, y los problemas de liquidez impedían la ejecución de inversiones relacionadas con la operación de los servicios.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ratifica su compromiso con la comunidad vallenata para recuperar a Emdupar, patrimonio del municipio, en línea con la orientación del Gobierno del Cambio de fortalecer lo público y defender los intereses y el bien común.

En el marco del debate de control político sobre el servicio de energía en el país, realizado por la Comisión Quinta del Senado, los representantes del Gobierno del Cambio dieron un parte de tranquilidad frente a la prestación del servicio durante el esperado fenómeno de El Niño. 

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, la viceministra técnica de Hacienda; el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, el director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Carlos Adrián Correa Flórez, y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada, informaron las acciones que se realizan desde el gobierno del presidente Gustavo Petro para asegurar el suministro de energía en el país. 

Sobre las alertas del riesgo financiero de algunas empresas distribuidoras de energía analizadas por los senadores Miguel Barreto, José David Name, Isabel Cristina Zuleta, Catalina Pérez, Esmeradla Hernández, entre otros, los representantes del gobierno aseguraron que el país está en condiciones para afrontar el fenómeno de El Niño.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales, señaló que el país tiene las condiciones necesarias para pasar el fenómeno de El Niño sin mayores afectaciones para el abastecimiento de energía: “Tenemos 35 acciones en desarrollo frente al fenómeno, entre ellas el seguimiento a los embalses que están en niveles por encima de los históricos, entrada de proyectos renovables, la aplicación del cargo por confiabilidad, y la operación de la Regasificadora del Caribe.”

Aseguró además que “Desde el Gobierno del Cambio se avanza en un consenso para recuperar la soberanía energética del país y la seguridad energética del país, y nuestras medidas van dirigidas a ello”. Indicó también que “Debemos avanzar en la regulación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas; no será sencillo porque es el cambio del modelo eléctrico, con diálogo, pero con autoridad y con el usuario como centro. Nos debemos a la gente. Venimos a trabajar por la gente y por los usuarios.”  

Por su parte, la viceministra técnica de Hacienda, María Fernanda Valdés Valencia, indicó que para reducir las presiones y riesgos de liquidez que podría enfrentar el sistema con ocasión del fenómeno de El Niño, próximamente se formalizará la otorgación de créditos directos de Findeter a empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica que hayan aplicado la opción tarifaria establecida por la Creg. De esta manera se podrá aliviar la situación financiera de estas empresas. Adicionalmente, informó que para el 2023 se cuenta con recursos por $ 4,1 billones para atender los subsidios de energía eléctrica para usuarios de estratos 1, 2 y 3.

Afirmó que “Desde el Gobierno estamos haciendo ejercicio fiscal responsable donde prevemos que vamos a poder hace una transición energética responsable y acorde con la realidad económica del país.”

En su intervención, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, se refirió al trabajo conjunto, liderado por la entidad, con las entidades del gobierno, gremios y empresas, para construir colectivamente las reformas a la regulación del sector de servicios públicos. 

“El Estado se quedó corto en la definición de políticas públicas. Hay crisis en los servicios públicos, porque el país se quedó en decisiones superficiales. La normatividad tiene que adecuarse en las formas de regular, vigilar y prestar los servicios; y la relación del sector privado en el mercado. La normatividad también tiene que facilitar la democratización de los servicios públicos domiciliarios para que las comunidades y pequeñas empresas entren a competir; que el mercado no solo sea de oligopolios que han propiciado abusos y deficiencias en la calidad de los servicios.”

• El superintendente Dagoberto Quiroga aseguró que con la reforma a la ley de servicios públicos se buscará darle más dientes a la entidad. 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios espera radicar en septiembre el proyecto de ley que busca reformar la ley que rige el sector desde hace 29 años. Ya hay varios temas definidos. 

Además, en entrevista con EL TIEMPO, el superintendente Dagoberto Quiroga detalló los riesgos que existen para que Colombia salga bien librada del fenómeno de El Niño. 

¿La calidad de los servicios públicos en el país es buena? 
El servicio de energía es bueno en términos generales. En agua, hay mucha deficiencia, hay capitales como Santa Marta e Ibagué que no tienen un buen servicio y hay otras partes don­de la corrupción ha deteriorado el servicio, como en Valledupar. En el sector del aseo, lo que uno ve es corrupción. Los oligopolios les están haciendo trampa a los usuarios, están cobrando más de lo que transportan y el Estado ha sido más deficiente en el control.

 ¿Usted es de la filosofía de no más oligopolios? 
No, yo no tengo la filosofía de acabar con los oligo­polios, estoy de acuerdo con una propuesta del pre­sidente Gustavo Petro que es democratizar la prestación de los servicios públicos y legislar para que en­tren nuevas empresas. Para la democratización hay que hacer una ley que facilite inversiones de pequeñas empresas e inversiones de autogestión de comunidades. Se trata de abrir más la libre competencia a las comunidades o a los pequeños empresarios que quieren entrar, esto es democratizar, no es esta tizar. 

¿Las empresas están preparadas para el fenómeno de El Niño? 
Los comercializadores están muy expuestos a las ventas de energía en bolsa y son los que más sufren por la opción tarifaría, tienen una deuda por cobrar de 6 billones de pesos. Si eso se suma a las consecuencias del fenómeno de El Niño, algunas empresas van a estar en una situación complicada. Hay algunos comercializadores que no van a resistir porque tienen la acreencia de la opción tarifaría, y el Gobierno está viendo cómo les resuelve algo para que tengan plata para comprar energía. 

¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto? 
Se está mirando si con Findeter se les ayuda a re­solver algo. Casi todas las que están en esta situación son electrificadoras del Gobierno. 

¿Esto significa que Colombia no podrá superar El Niño sin preocupaciones? 
Los cálculos dicen, primero, que el fenómeno de El Niño no va a ser tan fuerte como se pensaba inicialmente. Lo segundo es que si hay apagón no va a ser por falta de energía, sino por situaciones de las empresas. Las térmicas están preparadas. 

¿Cuáles serían? 
De pronto por saboteos. Nosotros percibimos que cuando se creó ese conflicto entre el Gobierno y las empresas de energía se habló de un eventual apagón, que no era por necesidad sino, de pronto, por presionar al Gobierno. Esto está también dentro de las posibilidades. El saboteo podría venir de algunas empresas. Yo me reúno mucho con los generadores y los comercializadores y hemos hablado de que tenemos que concertar. 

Pero las empresas se arriesgan a que las investiguen por eso ... 

Yo creo que los problemas se solucionan dialogando, el problema es que hay empresas que ganan y quieren ganar más y más y no ceder. Yo les he dicho a los empresarios que en una concertación todos tienen que poner. El sector privado tiene que ser consciente de que tiene que poner, nadie le está diciendo que no gane porque ellos tienen su negocio y han jugado un papel muy impor­tante en el desarrollo del país, pero ante una eventual crisis, tenemos que poner todos. 

¿El Presidente insistirá en asumir las funciones de la Creg? 
No se va a hacer. Nosotros lo que queríamos era acelerar un poco las medidas. Antes, la Creg era la que había dejado el anterior gobierno y era muy difícil esperar que se tomaran medidas. Lo que les he dicho a los empresarios es: no se pongan a especular sobre que aquí vamos a nacionalizar o a acabar con las empresas o les vamos a acabar la rentabilidad. 

¿Qué incluirá la reforma de la ley de servicios públicos? 
El criterio que tenemos en la Superintendencia es que hay que construir sobre lo bien construido, lo que esté bien hay que dejarlo; si es susceptible de mejorar, se mejora, y si hay que cambiarlo, se cambia. El Presidente ha dicho que quiere garantizar un mínimo vital porque los servicios públicos son esenciales. También hay que fortalecer a la Superintendencia porque la mitad del país no tiene un funcionario de la entidad, solo hay siete regionales. Todavía no tenemos claro si se tocará la regulación de la Creg sobre las tarifas de energía, es posible que se toquen, pero no para quitarle las funciones. 

¿Aumentarán las sanciones que pueden imponer? 
Queremos darle a la Superintendencia más dientes. En el Gobierno pasado se aprobaron unas sanciones drásticas hasta por 100.000 salarios mensuales, pero se cayeron por­que se aprobaron en un Plan Nacional de Desarrollo y la Corte Constitucional no lo avaló. Ahora la sanción máxima que tenemos es de 2.000 salarios mensuales y hay empresas que prefieren pagar ese dinero y seguir cometiendo la misma falla. 

¿Cuándo se radicará el proyecto de ley? 
Aspiramos a que en muy poco tiempo tengamos el proyecto para someterlo a comentarios y aportes de las empresas o de las mismas organizaciones de usuarios. A milo que me interesa más es presentar un proyecto que realmente llene las expectativas, que ojalá sea concertado para que no tengamos tanta controversia y riesgo de que no se apruebe. Yo aspiro a que la radicación no pase de septiembre. 

¿Habrá más ajustes a la tarifa de energía? 
Lo que propone el presidente Perro es quitar esa percepción de los generadores de fijar las tarifas a su libre percepción, sino que se evalúe el costo de oportunidad del agua. Nosotros no podemos medir la libre percepción, pero sí podemos medir la energía térmica, que es la más cara y no entendemos por qué oferta a 100 pesos el kilovatio hora en bolsa y una hídrica oferta a 500 pesos. Otra propuesta es que el precio en bolsa no pueda ser más alto que el más alto de las térmicas, porque las térmicas son las que más podrían pedir un costo por kilovatio altísimo y las hídricas tienen un costo más barato. 

¿Cuándo estarán listos esos ajustes? 
Al ministro (Andrés Camacho) le planteamos la necesidad de que sea urgente porque ahora viene el fenómeno de El Niño y también está la opción tarifaria. Además, la sequía hace que las tarifas suban porque el servicio lo van a atender las térmicas. Eso es preocupante.

DAGOBERTO QUIROGA
Superintendente de Servicios Públicos

---

Publicado en El TIEMPO, 29 de agosto de 2023