La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios invita a usuarios, usuarias, líderes y lideresas sociales, y a representantes de la comunidad santandereana al “Diálogo Servicios Públicos por la Vida” que se realizará el próximo viernes 29 de septiembre en Floridablanca, Santander.

Este es un encuentro de escucha y participación abierta de la ciudadanía en los territorios, en defensa de sus derechos como lo contempla la Constitución Política de Colombia y las prioridades sociales del Gobierno del Cambio. Su objetivo es concertar soluciones efectivas a las dificultades que tienen los habitantes de esta región del país en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas combustible.

A esta jornada también han sido convocados vocales de control social, autoridades locales y representantes de las empresas prestadoras de servicios públicos en Santander, departamento que cuenta con una población superior a 2.300.000 habitantes.

El superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, quien lidera estos encuentros institucionales manifestó: “Este diálogo regional para Santander hace parte de nuestra agenda de presencia en los territorios. El objetivo es concertar soluciones y priorizar la gestión de todos los actores hacia la mejora en la calidad, continuidad y cobertura de estos servicios esenciales para el ser humano, especialmente en la Colombia profunda, como lo contempla el Estado Social de Derecho en nuestra Constitución Política. Nuestro papel es asegurar que se atiendan las necesidades de las comunidades, se respeten sus derechos y se dignifiquen sus condiciones de vida en torno al agua, el saneamiento básico, la energía y el gas combustible.”

La inscripción a la jornada está disponible en este formulario. El encuentro se realizará en la Universidad Industrial de Santander, sede de Floridablanca, ubicada en la carrera 5 calle 5a, de 8 de la mañana a 1 de la tarde.

En este diálogo participativo, el superintendente estará acompañado por los superintendentes delegados para la Protección al Usuario, Ulver Triviño Hermida; Energía y Gas Combustible, Orlando Velandia Sepúlveda; y Acueducto, Alcantarillado y Aseo (e), Hugo Guanumen Pacheco; así como la directora de la Territorial Oriente, Martha Peña Valderrama. 

En debate de control político de la Comisión Sexta del Senado sobre los altos costos en la tarifa de energía, el Gobierno, representado por el Ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho; el superintendente, Dagoberto Quiroga Collazos, y el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, José Fernando Prada, informaron las acciones adelantadas desde cada entidad para hacer frente al incremento del servicio.

Frente a la estructura tarifaria, el superintendente reiteró que el mayor peso está en la generación de energía, que supera el 40 %, en promedio nacional. Y en el componente de pérdidas se evidencia un mayor efecto en el bolsillo de los usuarios de la costa Caribe, a quienes se le aplica un porcentaje superior al 18 % frente al promedio nacional de 9 %.

“Vemos que hay razones estructurales que inciden en el valor de las tarifas, una de política pública, y otra de rezago o falta de inversiones a cargo de las empresas de servicios públicos.  Se dejó al generador la facultad de incluir el riesgo que perciba en el valor de generación de la energía; y las pérdidas son asumidas por los usuarios”, manifestó el superintendente.

Indicó además que “Nuestro reto no es sancionar, es ayudar al sector, que todos puedan participar en la definición de la nueva estructura tarifaria, incluidos los usuarios. Este gobierno no está interesado en acabar las empresas, sino en reducir las ganancias, que son demasiadas, y a costa de los usuarios”.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Óscar Andrés Camacho, manifestó que es necesaria la veeduría y control ciudadano en las definiciones de la regulación del sistema eléctrico. indicó: “Es hora de regular. Y ello requiere acompañamiento de usuarios y usuarias porque se requiere consenso. Buscamos consenso social y político”.

También reiteró que el país no está en riesgo de apagón, que desde el Gobierno se están atendiendo las dificultades financieras de algunas empresas. Igualmente señaló que las reformas a las leyes 142 y 143 van encaminadas a incluir los temas de transición energética.

La propuesta de reforma a estas leyes contempla, además, la democratización de los servicios públicos domiciliarios, dando la oportunidad a las comunidades para que puedan ser parte del mercado, mediante acueductos comunitarios y comunidades energéticas.

Ante los riesgos que se presentan por el uso informal y prácticas ilegales en la prestación del servicio de gas licuado de petróleo (GLP) en cilindros y tanques estacionarios, el Comité de Seguridad de GLP integrado por entidades públicas y privadas, lidera una campaña pedagógica para alertar a la ciudadanía frente a situaciones inseguras en la distribución, comercialización, almacenamiento y manejo de este combustible.

El objetivo del Comité de Seguridad de GLP es promover el cumplimiento de la normatividad aplicable al sector de GLP, evitar pérdidas de vidas humanas y daños materiales; y atacar la informalidad en la cadena de prestación de este servicio público cuyas ventas en el primer semestre de 2023 fueron cercanas a 346 millones de kilogramos.

El GLP es utilizado por más 3.5 millones de hogares colombianos[1], especialmente en territorios apartados, con mayores necesidades sociales y económicas. Se estima que mensualmente se venden alrededor de 1.1 millón de cilindros en Colombia para uso residencial y en pequeños negocios[2].

Este servicio es prestado en los 32 departamentos del país y en 1.034 municipios, por 85 empresas, entre comercializadores mayoristas, transportadores, distribuidores y comercializadores minoristas identificados en el Registro Único de Prestadores del Servicio (RUPS) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios). Los departamentos en los que más se usa GLP en cilindros y tanques en el país son Antioquia (20%), Nariño (8%), Cundinamarca (7%), Valle del Cauca (7%), Cauca (5%), Norte de Santander (5%) y Santander (5%). Por su parte, Bogotá D.C., representa el 3%2.  

Acciones institucionales de la Superservicios

La Superservicios ejerce vigilancia, inspección y control a los prestadores frente al cumplimiento de la regulación que aplica a este servicio; incluyendo la reglamentación técnica que establece requisitos para el funcionamiento de depósitos, expendios, puntos de venta de cilindros de GLP, plantas de envasado y almacenamiento de este combustible.

En los últimos dos años, la Superservicios ha tenido conocimiento de 30 situaciones críticas originadas por el manejo inseguro del GLP. Ha ejercido acciones directas en los casos identificados en empresas bajo su vigilancia, y ha puesto en conocimiento a las autoridades municipales y de policía, competente para el control de las prácticas de actores informales que incumplen las normas y ponen en riesgo a las comunidades donde operan.

Entre 2019 y 2023, la Superservicios ha impuesto 5 sanciones por un valor total de                 $ 540.288.028 a prestadores del servicio, debido a infracciones a la regulación en temas técnicos y operativos que representaban riesgo en el suministro del combustible. Entre ellos, incumplimiento en las condiciones técnicas requeridas para los depósitos y tanques estacionarios, operación de planta de envasado y tenencia de cilindros de propiedad de otro distribuidor.

Desde el Comité de Seguridad de GLP se ha enviado mensajes a la comunidad sobre el cuidado y reporte de situaciones que puedan poner en peligro a la población. Estas situaciones suelen presentarse por prácticas ilegales o informales en la distribución, comercialización, almacenamiento o manipulación de GLP, así:  

¿Qué debe saber la comunidad?

Desde el Comité de Seguridad de GLP se ha enviado mensajes a la comunidad sobre el cuidado y reporte de situaciones que puedan poner en peligro a la población. Estas situaciones suelen presentarse por prácticas ilegales o informales en la distribución, comercialización, almacenamiento o manipulación de GLP, así:  

• Prácticas ilegales

  - Repinte de cilindros que pertenecen a otra empresa distribuidora de GLP legalmente constituida.
  - Expendios y puntos de venta que realizan venta de cilindros de GLP sin cumplir los requisitos técnicos de los reglamentos definidos por el Ministerio de     Minas y Energía. En estos lugares suele venderse cilindros de diferentes distribuidores de GLP y no tienen avisos que permitan identificar el nombre de la empresa prestadora del servicio público domiciliario, ni los datos de contacto de emergencias.
  - Venta de cilindros reacondicionados, es decir, que visiblemente se identifica que han sido alterados con plaquetas soldadas en el cuerpo de estos y/o han sido repintados con diferentes colores.
  - Comercialización de cilindros universales cuya circulación y venta esté prohibida.

•  Prácticas informales

 - Operación de agentes informales no constituidos como empresa, ni registrados ante la Superservicios.
 - Culebreo o transferencia de gas entre cilindros, cisternas y cilindros.
 - Contrabando de cilindros y del combustible.
- Venta de cilindros a través de agentes minoristas no establecidos legalmente.

• ¿A qué entidad se reportan los lugares o sitios informales de distribución y comercialización de GLP?

Estos lugares deben reportarse en las alcaldías municipales y distritales, o a las autoridades locales correspondientes como las inspecciones de policía.

Con el anunció de lograr en consenso un ajuste a la estructura tarifaria del servicio de energía, culminó la Asamblea Caribe de usuarios de energía y servicios públicos, convocada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía, el pasado 17 de septiembre, en Santa Marta.

Ante más de 1.800 participantes, entre representantes de ligas de usuarios, líderes comunitarios, sindicatos, juntas de acción comunal, estudiantes, jóvenes, vocales de control social y autoridades del Magdalena, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Ulver Triviño, presentaron el panorama del incremento tarifario que afecta a más de 40 millones de colombianos, especialmente a los cerca de 12 millones de habitantes de la región Caribe.

Los funcionarios del Gobierno del Cambio escucharon a la comunidad con el fin de construir propuestas, en consenso, para reducir ese impacto a las comunidades. Los voceros y líderes sociales expresaron sus inconformidades por los altos costos de las facturas, las fallas en su calidad, y las suspensiones del servicio; aspectos que han deteriorado la calidad de vida de los habitantes de esta zona del país. 

En respuesta a estos reclamos, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, manifestó: “Hoy se crea un consenso en el Caribe y en Colombia, y es que necesitamos cambiar la estructura tarifaria. Estamos buscando las mejores decisiones para el país y la Costa junto al pueblo. Por eso estamos acá hoy, para escuchar y motivar el poder popular que logrará que la energía en el Caribe sea un derecho”.

Por su parte, el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Ulver Triviño, informó que, en los últimos dos años, las empresas de servicios públicos han recibido 18 millones de reclamaciones. El 65% son de la región Caribe, y de esas, más de 6 millones son por energía.

Ante ese panorama, el delegado señaló: “La solución la venimos a construir con ustedes, para solucionar de fondo tenemos que articular a los comunales, a los usuarios para que construyamos una alternativa en la prestación del servicio de energía. Que se conviertan en generadores de su propia energía. Vamos a recoger las inconformidades para modificar lo que toque modificar en las normas de los servicios públicos, para que mejore la calidad de vida de los colombianos”.

Los reclamos y propuestas de las comunidades asistentes serán tenidas en cuenta en la elaboración de la propuesta de reforma al régimen de los servicios públicos, establecido en las leyes 142 y 143 de 1994. Este es uno de los objetivos del presidente Gustavo Petro, derivado del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, centrado en la justicia, equidad y democratización de los servicios públicos para que grupos sociales organizados participen en su producción y generación mediante comunidades energéticas y acueductos comunitarios, que tendrá el total respaldo del Estado.

Para ampliar la participación activa de los usuarios y usuarias de los servicios públicos, al finalizar la Asamblea Caribe se convocó a la Asamblea Nacional por las Tarifas Justas, el próximo 27 de septiembre en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.

Ante el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga; el superintendente delegado (e) para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen; representantes de la comunidad, congresistas, autoridades locales, y trabajadores de Acuecar, el agente especial apoderado, Fernando Soler, y su grupo de trabajo informaron los resultados del diagnóstico realizado desde mayo de este año, entre ellos los siguientes: “La empresa tiene un pasivo que supera los $ 30 mil millones, las cuentas por pagar del último año ascienden a $ 1.400 millones, se adeuda al Fondo Empresarial de la Superservicios más de $ 27 mil millones, la cartera por servicio de acueducto es de $ 2.700 millones y las pérdidas técnicas de agua alcanzan el 40 %”.

De igual manera, se reportó un bajo recaudo por facturación que no permite hacer inversiones y la desactualización en la tarifa con rezagos en incrementos de, al menos, el 30 %. A esto se suma un significativo deterioro en el parque de micromedidores, consumos fraudulentos en el municipio y deficiencias en la gestión contractual, entre otros aspectos.

Entre las acciones implementadas para mitigar esta situación, el agente especial reportó un ahorro de $ 480 millones en los últimos seis meses por austeridad del gasto.

El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga Collazos, quien instaló este encuentro que contó con un centenar de asistentes y más de trescientas personas en modo virtual, manifestó sobre el informe: "La presentación abierta de este diagnóstico a todos los sectores tiene como objetivo contar con la participación de la gente y las comunidades en torno a las decisiones sobre el futuro de la empresa, el fin es buscar una solución entre todos para el mejoramiento de los servicios públicos en El Carmen de Bolívar. El trabajo previo de la Superservicios, además, fue definir las dificultades de Acuecar y las propuestas del agente interventor para garantizar, en unos meses, una continuidad de 24 horas al día del servicio de acueducto, los siete días de la semana y con una tarifa justa, como tienen derecho todos los colombianos”.

Actualmente, Acuecar entrega agua apta para el consumo humano a más de setenta y cinco mil habitantes del municipio, con una cobertura del 98 % y una continuidad de 20 horas al día. “Estamos avanzando para que el servicio se preste las 24 horas”, señaló el agente interventor de Acuecar.

En cuanto al servicio de alcantarillado, que aún no es prestado por Acuecar, se identificaron demoras en la terminación de la construcción del sistema, una baja conectividad de los usuarios y la necesidad de inversiones para las conexiones intradomiciliarias. En esta visita la Superservicios observó, con gran preocupación, que por las calles de El Carmen de Bolívar corren las aguas servidas, generando un impacto negativo a la salud y calidad de vida de sus habitantes, así como contaminación ambiental.

Acciones propuestas para la recuperación de Acuecar

En desarrollo de la jornada, Caudales de Colombia también presentó algunas alternativas para recuperar a Acuecar, garantizar su sostenibilidad y la prestación de los servicios a toda la comunidad carmera.

•  Para pagar la deuda por 27.000 millones que tiene Acuecar con el Fondo Empresarial de la Superservicios, el agente especial propone las siguientes alternativas:

-        Pagar la deuda con excedentes en un plazo de 30 años.

-        Solicitar la condonación parcial o total de la deuda ante la Nación.

-        Capitalizar la deuda a través de la venta de acciones.

•  Frente a la prestación de los servicios públicos a cargo de Acuecar, presentaron dos escenarios:

1. Liquidación de Acuecar y entrega de la prestación del servicio a través de un tercero especializado (público, privado o mixto).
2. Continuación de Acuecar con la prestación de los servicios a través de un tercero especializado (público, privado o mixto). La empresa seguiría en funcionamiento como empresa del municipio, y ejercería la supervisión del operador contratado. 

Finalmente, el superintendente enfatizó: “Hay que salvar la empresa, es nuestro propósito, vamos a hacerlo con coordinación institucional. Debemos avanzar en este proceso de intervención que se inició en 2008. En el Gobierno del Cambio tenemos que presentar resultados en beneficio de las comunidades y la protección de lo público”.