La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) evalúa las explicaciones dadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), ante la persistencia en la coloración del agua que suministra en algunos sectores de la capital y algunos municipios cercanos por las maniobras operativas que se ejecutan en los sistemas de abastecimiento.

El pasado 23 de enero, la Superservicios solicitó a la empresa informar por qué continúa el color amarillo en el agua, reportado por la comunidad desde febrero de 2023, y cuál es la incidencia del fenómeno de El Niño en esta situación, según las declaraciones entregadas por la empresa a diferentes medios de comunicación.

Sobre las acciones que adelanta la Superservicios, James Copete, director técnico de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, afirmó que “Además de los requerimientos de información, hemos adelantado mesas de trabajo con la empresa y con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para evaluar las acciones realizadas ante los problemas registrados en el subsistema agregado Norte – Tibitoc y sus fuentes de abastecimiento, así como los procedimientos que se realizan en la planta para el control del manganeso y de la carga microbiana”.

La Superservicios también solicitó a la Secretaria Distrital de Salud informar los resultados de las muestras de vigilancia de calidad de agua tomadas en la red de distribución de Bogotá, y reportar si se han identificado microorganismos patógenos y metales pesados en este sistema.

Con el análisis de la respuesta entregada por la EAAB, el pasado 29 de enero, y la evaluación de los resultados de las contramuestras de calidad del agua presentadas por la empresa, la Superservicios determinará las acciones de control que correspondan. 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios convocó un nuevo encuentro de articulación con las entidades del Gobierno Nacional relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, que participan en las acciones para mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en el Pacífico colombiano, una prioridad del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del Gobierno del Cambio.

En esta nueva mesa de trabajo participaron representantes de la Vicepresidencia de la República, ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y de la Igualdad y Equidad, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Findeter y Plan Todos Somos PAZcífico. El objetivo es avanzar en las acciones para que los habitantes del departamento del Chocó tengan una solución definitiva en la prestación de estos servicios públicos, atendiendo el mensaje de urgencia dado por el presidente Gustavo Petro Urrego, en el marco de la jornada “Gobierno con el Pueblo”, realizado en municipios del litoral pacífico en enero de 2024. 

 

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, anunció un nuevo enfoque de atención a las quejas de la ciudadanía frente a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. “Estamos citando a audiencias a los grupos empresariales que prestan estos servicios en el país porque ellos tienen que comprometerse a mejorar la atención a los usuarios y disminuir las quejas”. El anuncio lo hizo al finalizar su intervención en el 4° Seminario de Acueducto y Alcantarillado, organizado por Andesco en Barranquilla.

El superintendente informó que la entidad tiene en trámite más de 500 mil reclamaciones y recursos, en segunda instancia, que podrían haberse evitado si las empresas prestadoras resolvieran los problemas estructurales en la prestación de los servicios públicos. “Nuestro propósito es ser más eficientes con un nuevo modelo de relacionamiento entre la Superservicios, los usuarios y las empresas. No podemos continuar resolviendo quejas de la comunidad en los territorios, cuando los responsables de resolverlas en primera instancia son las empresas que prestan los servicios”. Por eso, la entidad ha programado encuentros con los grupos empresariales del sector con el fin de acordar acciones que resuelvan de fondo las causas de los reclamos de usuarios y usuarias.

El funcionario indicó que las principales quejas de la comunidad se relacionan con alta facturación, cobros por promedios, suspensión del servicio, cambio de los medidores, violación al debido proceso, mala atención de las empresas, entre otros.  El servicio de energía es el que más reclamos presenta, seguido de acueducto y aseo.

La Superservicios estructurará un modelo diferencial de atención a los ciudadanos con el fin de cumplir su misión constitucional de proteger los intereses y derechos de los usuarios de los servicios públicos, puntualizó el superintendente.

 

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, señaló que el gran propósito del Gobierno del Cambio es garantizar el acceso equitativo a los servicios de agua potable y saneamiento básico a millones de colombianos y colombianas que hoy padecen condiciones de desigualdad e inequidad en su calidad y cobertura.

El llamado lo hizo ante autoridades regionales y representantes de empresas prestadoras, asistentes al  4° Seminario de Acueducto y Alcantarillado “Gobernanza y eficiencia en la gestión del agua”, realizado  por Andesco en Barranquilla.

Con relación a los servicios de acueducto y alcantarillado, indicó que el agua es un derecho básico y el Estado tiene la obligación de garantizarlo: “Millones de colombianos y colombianas aún no tiene acceso continuo al agua potable, y están afectados por una gestión inadecuada de aguas residuales”.

Sobre el ordenamiento de los territorios, el superintendente alertó que se ha dado prioridad al cemento y la construcción: “La expansión urbana en varias ciudades y regiones del país no tiene en cuenta la oferta hídrica. Se entregan licencias de construcción sin estudios de balances hídricos, ni capacidad de redes de acueducto o alcantarillado. Esta situación se presenta en ciudades como Santa Marta, Villavicencio e Ibagué y la Sabana de Bogotá”, indicó el funcionario.

El superintendente invitó a los presentes a coordinar acciones para beneficiar y respetar los derechos de los usuarios y usuarias, centro de la gestión del Gobierno del Cambio.

Enfatizó la necesidad de reducir las brechas en la prestación de acueducto y alcantarillado que se registra entre las zonas urbanas y rurales del país, en materia de cobertura y calidad de estos servicios. Presentó, entre otras, las siguientes cifras críticas.

• La cobertura de acueducto en el país es del 72 %, en la zona urbana es del 85 % y rural, 39 %.  La cobertura promedio nacional de alcantarillado es del 65 %, 82 % urbana y 18 % rural.
• El 15 % de los municipios de Colombia tiene una cobertura de acueducto inferior al 30 % y apenas el 20 % llega al 90%. En las zonas urbanas, el 70% de los municipios tiene una cobertura de acueducto superior al 90%, mientras que en el campo es apenas del 17 %.
• El 44 % de los municipios en zonas urbanas presenta algún tipo de riesgo en el agua que consumen; en los municipios ubicados en zonas rurales es del 86 %. Y el 34 % de los municipios de Colombia no tiene un sistema de potabilización de agua.
• Apenas el 18 % de los municipios en sectores rurales tiene cobertura de alcantarillado. 18 % de las zonas urbanas no cuenta con servicio de alcantarillado. Menos de la mitad de los municipios del país tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales.
• El 48 % de los municipios cuenta con sistemas de tratamiento de aguas residuales. De estos, apenas el 47 % tiene plantas de tratamiento de aguas residuales, mientras que en el 53 % restante operan tecnologías menos desarrolladas como lagunas de oxidación y humedales artificiales, entre otros. 
• Con relación al proyecto de reforma a la ley de servicios públicos que se presentará al Congreso, el superintendente manifestó que el objetivo es darle más participación al usuario en la elaboración de la regulación de los servicios, especialmente en la definición del régimen tarifario. Ofrecer condiciones más favorables a usuarios de menores ingresos. Incluir factores de solidaridad y redistribución al régimen tarifario para que no se incluyan solo los costos de las empresas; y eliminar el contrato de condiciones uniformes, entre otros aspectos.