Este primero de marzo se conmemora el Día Mundial del Reciclador, una fecha importante para reconocer la gran labor que ejercen los 68.100 recicladores de oficio registrados ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios). 

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, manifestó que “Nuestro compromiso es trabajar y articular acciones de otras entidades para dignificar su labor, clave para implementar el Programa ‘Basura Cero’ impulsado por el Gobierno del Cambio en el Plan Nacional de Desarrollo. En el modelo del servicio de aseo que necesita el país, el aprovechamiento es fundamental para la protección del ambiente y el fortalecimiento de la economía circular”. 

Por su parte, Arcángel Ortiz, un reciclador de oficio registrado en Bogotá, quien a sus 78 años continúa trabajando para llevar el sustento a su familia, envía un mensaje a todos los colombianos: “Es importante separar los materiales como el cartón de los huevos, las cajas o bolsas de la leche, las latas de cerveza, el papel, el cartón. Ese reciclaje no lo deben contaminar con el popó de los perros, con el papel de los baños, los residuos de las cocinas, polvo o tierra, esa sería una forma de ayudar a los recicladores”.

Asimismo, el superintendente Quiroga Collazos invitó a todos los actores en la cadena de prestación del servicio de aseo, las entidades públicas, empresarios y comunidad a apoyar y trabajar en beneficio de esta población vulnerable.

Cifras de reciclaje en Colombia

• 68.100 recicladores de oficio están registrados ante la Superservicios, de los cuales 27.696 están en Bogotá, 10.339 en Antioquia, 5.101 en Cundinamarca y 4.996 en Atlántico.
• 1.063 organizaciones de recicladores de oficio, de las cuales 768 están en proceso de formalización y han reportado toneladas aprovechadas a la entidad.
• 2.464 estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA) registradas en el país.
• 2.439.620 toneladas de residuos efectivamente aprovechadas en 2022.
• Materiales más aprovechados: cartón (15 %), plástico PET (12 %), archivo o papel (9 %), vidrio (7 %) y plegadiza o cajas de cartón (6 %).

En desarrollo de sus funciones de acompañamiento a esta población durante el 2023, la Superservicios realizó 20.489 jornadas de asistencia preferencial a organizaciones de recicladores de oficio acogidas al régimen de formalización progresiva.

Igualmente realizaron 108 talleres a organizaciones de recicladores y sus asociados, relacionados con reportes de información al Sistema Único de la entidad, capacitación a entidades territoriales y sobre temas técnico - jurídicos y fases de progresividad.

Consulte más información en el Informe Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2022.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) participó activamente en una mesa de trabajo y visitas técnicas en Quibdó para abordar los desafíos en la infraestructura de los servicios públicos del departamento, junto con otras entidades del Gobierno Nacional y de la región.

En esta nueva jornada, se revisaron los compromisos existentes y se trazaron estrategias concretas para avanzar en el plan de trabajo que garantice soluciones efectivas a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en este territorio.

Dentro de las estrategias de solución, la Superservicios viene apoyando a las Empresas Públicas de Quibdó (EPQ), en liquidación, que aportará los términos de referencia para una consultoría de detalle y, posteriormente, la construcción del documento técnico para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, enfocado en componentes ambientales y socioculturales propios del territorio. Se presentará ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Asimismo, la entidad se encuentra elaborando un documento técnico que plantea un “esquema diferencial” de prestación, atendiendo las condiciones particulares para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Quibdó. Se presentará ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para su aprobación.

En esta mesa interinstitucional, participaron representantes de la Vicepresidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, CRA y Plan Todos Somos PAZcífico. Asimismo, se integraron la Alcaldía de Quibdó, la Empresa de Servicios Públicos de Quibdó, en liquidación, y la Empresa Aguas del Atrato.

La Superservicios seguirá articulando estas mesas de trabajo con el propósito de avanzar y aumentar la cobertura hasta el 100 % de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio. Es el compromiso del Gobierno del Cambio para atender las necesidades de la población chocoana en materia de agua potable y saneamiento básico.   

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el borrador de reforma a los servicios públicos. Cómo sucede con tanta frecuencia en nuestro país, especialmente cuando se trata de las iniciativas del actual gobierno, la discusión ha estado marcada por el alarmismo. Somos conscientes de que un cambio en el modelo de servicios públicos puede afectar para bien o para mal a muchos grupos de interés. Por eso entendemos la ansiedad que la reforma despierta y queremos dejar en claro que estará antecedida de una amplia discusión política.

Es importante no perder de vista que apenas se han conocido textos en construcción.  Antes de que la reforma se presente al Congreso habrá incorporado aportes de la ciudadanía, de los vocales de control, de las empresas y gremios de servicios públicos.  El proyecto también surtirá un sinnúmero de cambios durante el trámite legislativo. Por eso, celebramos los argumentos que se han expuesto a favor y en contra, pues contribuirán a mejorar el resultado final.

Desde la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hemos participado activamente en la formulación de este proyecto. Tenemos la convicción de que el espíritu de los cambios fortalecerá el modelo actual de servicios públicos. La Ley 142 de 1994 acertó al promover el ingreso del capital privado a la prestación de los servicios públicos, pero se quedó corta en su desarrollo como finalidad social del Estado.

Su centralidad en nuestro ordenamiento jurídico es tal que la Constitución es explícita en cuanto a que es una de las áreas de la economía en la que el Estado debe intervenir, y que la regulación y supervisión son responsabilidades del presidente de la República. Con la Ley 142, el presidente delegó su función regulatoria en las comisiones expertas, pero esto no quiere decir que sean completamente autónomas. Deben trabajar en forma armónica para cumplir con las metas de política pública del Gobierno Nacional como lo hacen las demás entidades del poder ejecutivo.

Sin embargo, las comisiones de regulación han sido tradicionalmente lejanas de la sociedad, pero muy cercanas a las empresas del sector de servicios públicos.  Por eso, con frecuencia, sus decisiones regulatorias se preocupan más por regular el negocio y el mercado, que por proteger los derechos de los usuarios. Creemos que la conformación de comisiones de regulación independientes es una discusión pendiente que es necesario debatir en la reforma de la Ley 142.

En el proyecto de ley se fortalece la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El objetivo de la entidad no es sancionar sino advertir los riesgos y encontrar alternativas para resolver los problemas que afectan la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. En esta visión de vigilancia, inspección y control, la importancia de las sanciones resulta de su capacidad disuasoria. Las sanciones buscan que los prestadores corrijan sus malas prácticas.

Sin embargo, es común que las empresas, a pesar de las multas, sigan incurriendo en las conductas que las motivaron, pues les resulta más barato pagar que corregir. Con la reforma se pretende cambiar esta situación aplicando una adecuada dosificación de las sanciones de acuerdo con la magnitud del daño ocasionado. Tampoco serán tan altas como para comprometer la estabilidad financiera de las empresas, pues esto pondría en riesgo la prestación del servicio, lo que sería un contrasentido.

Reiteramos. De acuerdo a nuestra Constitución, los servicios públicos son fines esenciales del Estado. En el artículo 13, nuestra carta magna señala que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos. Ordena al Estado promover la igualdad y adoptar medidas en favor de los grupos discriminados.

Pues bien, la idea de los mínimos vitales en los servicios públicos se soporta sobre este principio constitucional. En varias sentencias, la Corte Constitucional reconoce que hay personas y grupos en condición de vulnerabilidad a los que se les debe garantizar el acceso a los servicios públicos, pues son esenciales para llevar una vida digna y garantizar otros derechos.

El impacto fiscal de la reforma que proponemos es limitado. El mínimo vital no es igual a universalidad. No implica gratuidad para algún estrato de la población colombiana. Estará focalizado en las poblaciones o personas que no tienen cómo pagar. Con la reforma al régimen de los servicios públicos buscamos un marco normativo más efectivo para cumplir con una obligación del Estado.

Los cambios propuestos en el proyecto de ley no afectan las bases del modelo actual de prestación de servicios públicos. La reforma no busca aumentar la participación del Estado en la prestación directa de los servicios públicos o su nacionalización.  De hecho, unos de sus principales objetivos es la participación de más agentes en la generación de energía a través de comunidades energéticas y otras alternativas distribuidas.

El borrador que se conoció en los últimos días no es un documento terminado. Refleja las diferentes propuestas que se consideran necesarias para construir ese modelo acorde a otras realidades: nuevas tecnologías y alternativas de generación y prestación, los desafíos impuestos por el cambio climático y los principios de economía circular, entre otros.

Para lograrlo necesitamos de la más amplia participación posible de todos los actores involucrados en la prestación de los servicios públicos. El debate apenas comienza.

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Publicado en Portafolio, 27 de febrero de 2024

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) sancionó a la empresa Axia Energía S.A.S., con una multa por valor de 250 millones de pesos por no haber pagado oportunamente el precio de compra de la energía en bolsa realizada entre enero de 2020 y marzo de 2022.

Los retrasos de esta empresa que opera en Barranquilla y Santa Marta, ocurrieron ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC o XM), encargado de realizar la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los contratos de energía negociados entre generadores y comercializadores a través del mecanismo de bolsa de energía.

La decisión fue tomada mediante la Resolución SSPD No. 20242400008745 del 12 de enero de 2024, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa.