La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, invita a las organizaciones comunitarias, entidades territoriales, y líderes de las comunidades del departamento de Boyacá, al encuentro “Liderazgo comunitario sobre la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico”, que se realizará este jueves primero de agosto en Moniquirá, Boyacá.

El encuentro que se desarrollará entre las siete y treinta de la mañana y las cinco de la tarde en el Centro Vacacional Canapro de Moniquirá, es el resultado de un compromiso adquirido por la Superservicios en un diálogo con comunidades del departamento, llevado a cabo en junio pasado. Tendrá como objetivo avanzar en un relacionamiento con los actores en territorio de los servicios públicos domiciliarios, así como dar a conocer a las Comunidades Organizadas las estrategias del Gobierno Nacional para atender sus necesidades y apoyar el fortalecimiento y mejora de las condiciones de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en este territorio.

Entre los temas que se abordarán en este encuentro están el apoyo técnico y económico para las comunidades organizadas de agua y saneamiento básico, la normatividad en torno a la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, entre otros.

Este diálogo abierto y participativo, contará con la presencia del superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen Pacheco, quien moderará el espacio. También participarán el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), la Alcaldía de Moniquirá, la Región Administrativa y de Planeación Especial de la Región Central (RAP-E), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Federación Departamental de Acueductos Rurales de Boyacá y Corpoboyacá.

Publicado por la revista CAMBIO, 26 de julio de 2024
Por: Angélica M. Gómez
Periodista de económia

Dagoberto Quiroga, superintendente de servicios públicos, explica en entrevista para CAMBIO por qué quiere fortalecer su capacidad de vigilancia y control en el sector, establecer mínimos vitales y poder sancionar por montos de dinero más altos.

Hace 30 años, en 1994, tres nuevas entidades públicas entraron en funcionamiento: la Comisión Reguladora de Agua (CRA), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Superintendencia de Servicios Públicos. Ahora, tanto el sector privado como el Gobierno plantean una actualización a la ley que les dio vida, pero con diferencias. Dagoberto Quiroga, superintendente del sector, explica lo que quiere el Gobierno de Gustavo Petro.

Quiroga asegura que no lo quieren reformar todo, pero que sí es necesario que la entidad tenga más poderes sancionatorios y de vigilancia. Además, en 30 años todos los servicios públicos han cambiado y su regulación necesita actualizaciones.
 

CAMBIO: Empecemos por los 30 años de la superintendencia. El aniversario se cumple con el planteamiento de una reforma al sector. ¿Qué es lo que se tiene que actualizar tras tres décadas?

Dagoberto Quiroga: La Ley 142 fue expedida en desarrollo de la Constitución de 1991. Antes de eso, los servicios públicos eran prestados por el Estado y se hablaba de que era ineficiente y no prestaba bien los servicios, que había corrupción, entonces esa constitución abre el espacio para que el sector privado entre a la prestación de servicios públicos. La Ley 142 más o menos reglamenta cómo debe ser la participación de los privados en la prestación de los servicios públicos. También faculta a las comunidades organizadas y el Estado sigue prestando servicios. No se excluye a nadie.

Ese ingreso del sector privado crea las comisiones de regulación. Inicialmente, el papel del sector privado fue muy importante, hubo mucho desarrollo, especialmente en el sector de energía y de agua. Pero en nuestra labor de vigilancia tenemos muchos líos con la regulación, con las altas tarifas de servicios públicos y con algunas jugaditas de los empresarios en contra de los usuarios.
 

CAMBIO: ¿Cuáles serán los grandes cambios para la Superintendencia?

DQ: La debilidad de la Superintendencia es que solo tiene sede en siete regiones. La entidad fue más estructurada para ser una oficina de quejas y reclamos solo en siete capitales, para nosotros es muy difícil ejercer un eficiente control y vigilancia si no tenemos personal en muchas regiones y la participación ciudadana en la vigilancia es poca.  También estamos tratando de fortalecer un poco la Superintendencia. Consideramos que las quejas y los reclamos no es su papel y la entretienen cuando hay causas estructurales. ¿Qué saco con recibir mil quejas diarias en el Caribe por el precio alto de la energía si eso no lo puedo resolver?

Hay quejas de que violaron el debido proceso, cambiaron el medidor y no se puso el que era. No consultaron. Eso lo podemos arreglar con diálogo. También hemos cambiado el relacionamiento con la empresa y en lugar de abrir un proceso por cada queja. Juntamos varias por las mismas causas y tratamos de resolver atendiendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
 

CAMBIO: ¿La reforma incluiría que la Superintendencia pueda sancionar por montos más altos?

DQ:  También, porque las multas de acá son muy bajas. El empresario, los monopolios, los grupos, prefieren pagar la multa que arreglar el problema porque, por ejemplo, la multa vale mil millones de pesos, y las causas de esa multa les producen a ellos diez mil millones de pesos.

En el caso, por ejemplo, de la reutilización de los residuos, los recicladores venden a los procesadores y ellos reportan las toneladas que se le cobran al usuario y la Superintendencia le pone el visto bueno. Encontramos que se estaban reportando muchas más toneladas de lo que realmente se producía.

Yopal es un ejemplo concreto. Ellos reportaban seiscientas toneladas anuales, pero después de nuestra visita siguieron reportando diez toneladas. Eso pasaba en muchas regiones. Entonces aquí, desafortunadamente, por la falta de control eficiente del Estado, los prestadores cometen abusos en las tarifas.

CAMBIO: ¿Es necesaria una ley para todos estos cambios o algunos pueden hacerse con ajustes regulatorios?

DQ:  La reforma a la ley no va a reformar todo. Los modelos de prestación de servicio, las nuevas tecnologías, las nuevas energías, la transición de energía, etc. hacen que necesitemos algunas adecuaciones normativas e incluso que también se permita la implementación de nuevas tecnologías en aseo.

CAMBIO: ¿Por qué incluir dentro del proyecto de reforma los mínimos vitales si esto se podría organizar con resoluciones y establecer una partida del presupuesto nacional?

DQ:  La Constitución habla de que a todos los colombianos el Estado social de derecho debe garantizarles la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos sin discriminación, pero también establece una protección especial para aquellas personas que por su estado de debilidad manifiesta económica, provenientes. de salud, etcétera. Como los servicios públicos son esenciales, el agua, por ejemplo, es vital, el Estado tiene que garantizarlos.

Esto es diferente al subsidio, que se da como complemento porque los ingresos que reciben son muy mínimos. Aquí es un mínimo vital, que cuando las personas se encuentran en un estado de debilidad manifiesta, entonces el Estado debe asumir ese mínimo vital aunque no sean muchas personas.

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, (Superservicios), comunidades de Arauca, empresas prestadoras, autoridades locales y entidades del orden nacional, ratificaron su voluntad de trabajo articulado para garantizar los derechos de acceso y calidad en la prestación de los mismos.

Con esta premisa se cumplió el Diálogo Regional: Arauca, Servicios Públicos por la Vida, el primero de los siete previstos para este semestre en los territorios que urgen mejorar sus condiciones de desarrollo y equidad. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, explicó que en este ejercicio se coordinan las entidades públicas para conversar con los ciudadanos y acercar a las empresas prestadoras para que escuchen sus necesidades y se comprometan a resolverlas sin necesidad de trámites engorrosos y administrativos.

“Buscamos responder mediante el diálogo, hay asuntos estructurales que solo se pueden resolver con política pública, pero hay problemas susceptibles de mejora a través de estos escenarios de concertación”, expresó el Superintendente.  

Yaneth Tello, presidenta del Consejo Territorial de Planeación Municipal, destacó el espacio y el compromiso de la entidad, pues señaló que fue la primera vez que una Superintendencia se hace presente en el territorio para destrabar y resolver las problemáticas de la comunidad. “Estamos viendo una Colombia donde se nos permite hablar, esa es la experiencia que hoy nos ha permitido la Superservicios, es necesario que se hagan más extensivos estos diálogos regionales”, expresó.

La comunidad demandó freno a los altos costos en materia de energía y soluciones a las dificultades que causan los barrios de invasión. 

Retos energía:

En Arauca el servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa de Energía de Arauca ENELAR E.S.P, una empresa industrial y comercial del Estado de orden departamental, adscrita a la Gobernación. Los principales retos giran en torno al alto precio de la energía, la cobertura, la infraestructura eléctrica deteriorada y la calidad del servicio que en su conjunto abarcan la problemática más significativa del sector.

De acuerdo con el análisis de la Superservicios, se podría lograr un mejor servicio si logra tener el stock de repuestos para atender las necesidades que se le presenten en su operación, cumplir con las inversiones a las que se comprometió ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en su Plan de Inversiones y liderar proyectos enfocados a reducir sus altas pérdidas de energía eléctrica.

Respecto a los proyectos de generación en el mediano y largo plazo, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) espera construir una línea de transmisión de energía eléctrica con la que se pueda mejorar la confiabilidad del servicio en el mercado eléctrico de Arauca y no depender de una única línea de alimentación desde el Sistema de Interconexión Nacional.

Retos acueducto y aseo

En el departamento existen grandes y pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado, los primeros se concentran en los municipios de Arauca y Tame,  y los comunitarios en el resto de municipios.

Los indicadores de cobertura, continuidad y calidad de acueducto y alcantarillado han mejorado en los últimos años. Para el sector urbano presentan valores entre el 70 % y 99 %. Sin embargo, hay una brecha marcada respecto a coberturas de acueducto en la zona rural, con porcentajes que van desde el 0,0 % hasta el 41,0 %, sobre todo en los municipios de Cravo Norte y Puerto Rondón, que actualmente están sin el acceso al servicio de agua potable en el sector rural.

En cuanto al servicio de aseo, en Arauca existen 15 prestadores de aseo con una cobertura en el departamento del 67,95 % y en las cabeceras municipales del 92,57 %. En este caso otro de los grandes retos es la No suscripción del acuerdo de barrido para la ciudad de Arauca, que impacta el desarrollo de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas por parte de los prestadores, así como su remuneración.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pública la existencia de la Acción Popular 2024-00831 adelantada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

MEDIO DE CONTROL:	Protección de derechos e intereses colectivos
INSTANCIA:	Primera
DEMANDANTES:	Hugo Antonio Galarcio Miranda y José Ángel Mendoza Guerrero
DEMANDADOS:	- Alcanos de Colombia SA ESP
	- Municipio de Marinilla
	- Departamento de Antioquia
	- Nación-ministerio de minas y energía
	- Superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD
	- Comisión de regulación de energía y gas CREG
RADICADO:	050012333000-2024-00831-00
ASUNTO:	Admite demanda – emite actos de dirección

Para mayor conocimiento y consulta del proceso, se deja a disposición de los interesados la demanda en referencia.  

• Demanda de acción popular