La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y la empresa Vanti alertaron sobre las implicaciones del flagelo de los robos de gas por parte de estructuras criminales que ponen en grave riesgo el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, debido a las conexiones ilegales que pueden causar fugas y explosiones, entre otros peligros. 

Como parte de los compromisos establecidos en las mesas de trabajo que articula la Superservicios con las empresas del sector para optimizar la calidad y continuidad de este servicio, la superintendente delegada para Energía y Gas Combustible, Sandra Téllez, alertó que, “las bandas organizadas y comerciantes hacen prácticas inadecuadas para no registrar sus consumos y disminuir el valor de su factura. Esto para nosotros desde la superintendencia tiene una importancia especial para revisar, ya que se pone en riesgo la seguridad de todo el sector”, expresó.

Durante la visita a las instalaciones de Vanti, el equipo técnico de la Superservicios conoció los procesos y procedimientos que se llevan a cabo para detectar los fraudes, controlarlos e iniciar los procesos que corresponden para la recuperación del consumo. Entre las acciones de la empresa se destacan los análisis en un laboratorio certificado, donde se evalúa la alteración de contadores de gas, de acuerdo con las normas que rigen al sector.

La manipulación de los medidores, las redes internas y externas -acometidas ilegales-, sin el cumplimiento de las normas técnicas, pueden causar escapes de gas, intoxicaciones y en el peor de los casos, emergencias por explosiones.

¡Todos a denunciar!

Germán Henao, vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de Vanti, explicó que es de vital importancia trabajar de la mano de la Superservicios para resolver esta problemática que genera tanta preocupación para las comunidades. “La seguridad es un tema que todos debemos cuidar, no solo los distribuidores sino también los usuarios. A quienes vean manipulando el medidor, comuníquense inmediatamente a las líneas de atención, a la fiscalía y denuncien, porque este es un asunto que atenta contra la seguridad y la vida de todos los habitantes”, aseguró el directivo.

Se estima que de 80 mil usuarios comerciales que tiene la compañía, el 20 % genera fraudes, especialmente: restaurantes, panaderías, lavanderías y moteles, entre otros. Este es un negocio que puede generar pérdidas de gas natural por más de $ 30.000 millones de pesos anuales. El hecho, incluso, afecta el recaudo de impuestos y la financiación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del Ministerio de Minas y Energía, que se financia a través de las contribuciones de los usuarios de estratos 5 y 6 y los comercios para poder otorgar subsidios a los usuarios de los estratos socioeconómicos 1 y 2.

Desde el 2021 y hasta mayo de 2024, Vanti ha recibido 1.585 denuncias por fraude de gas a través de sus líneas de atención, a través de las cuales los ciudadanos pueden interponerlas. Además, 900 han sido puestas por la compañía ante la Fiscalía, que ha realizado más de 10 capturas de usuarios e integrantes de las bandas. La invitación a la ciudadanía es a conocer los riesgos penales, en materia de seguridad y fomentar la denuncia para ponerle freno a este flagelo.

Los interesados pueden hacer sus denuncias a través de los siguientes canales: 01-800-5189587 (llamada gratuita), en la página web www.tulineaeticavanti.com y al correo electrónico denunciasvanti@tulineaetica.com. Por parte de la Superservicios, los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea gratuita nacional:(+57) 01-8000-910305, la línea de atención en Bogotá: (+57) 691-3006 y al correo electrónico: sspd@superservicios.gov.co. 

Frente a la afectación presentada en la urbanización Villa Olímpica de Galapa (Atlántico) desde el pasado 28 de julio de 2024, por la falta de suministro del agua, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reunió a las entidades competentes en una mesa de trabajo con el fin de gestionar soluciones de fondo que eviten la recurrencia de estos eventos.

En la mesa de trabajo virtual, realizada este primero de agosto, se convocó a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Municipal de Galapa, la empresa Aguacaribe Colombia, así como a la Interventoría Consorcio Interservicios Galapa, junto con funcionarios de la Dirección Territorial Noroccidente y de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la Superservicios.

“Con este encuentro, desde la Superservicios pudimos confirmar que el daño en un tramo de la línea de aducción fue el que llevó a la suspensión del servicio de acueducto por parte de la empresa Aguacaribe, que ya cumple seis días a los más de 5.400 usuarios, lo que desencadenó afectaciones al orden público. La empresa nos informó que se encuentra adelantando labores de reparación, sin embargo, aunque están captando 45 litros por segundo de agua, las presiones en red no han incrementado, por lo que se presume la existencia de nuevas fugas, situación que dificulta el llenado de los tanques de almacenamiento”, confirmó James Copete, director Técnico Acueducto y Alcantarillado.

Por esta razón, la Superservicios solicitó a Aguacaribe, solucionar a la mayor brevedad posible esta emergencia para el restablecimiento del servicio con normalidad a la urbanización afectada. Y así mismo, requirió reporte de información al prestador para conocer la atención a cada una de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por la comunidad.

Entre los otros compromisos establecidos en la reunión, está una visita técnica a la empresa Aguacaribe por parte de las entidades involucradas, para identificar la problemática en la línea de aducción, verificar cómo se está atendiendo la emergencia, y así evaluar las posibles soluciones en el corto y mediano plazo.

De igual manera, Aguacaribe Colombia, deberá presentar a la Superservicios el Plan de Emergencia y Contingencia, así como los planes de inversión que tiene estimados para dar solución en el corto, mediano y largo plazo, a las dificultades que se presentan, junto con el municipio en su calidad de garante de la prestación de los servicios, con plazo del 8 de agosto de 2024.

La Superservicios articulará el cumplimiento de estas acciones con todas las entidades competentes para asegurar la protección de los derechos de los usuarios y usuarias de esta comunidad.    

Reunidos en el Hotel Tequendama, salón Golfistas 1, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho Morales; el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga; el presidente del Senado, Efraín Cepeda, otros Senadores y Representantes del Atlántico y los alcaldes abajo firmantes, los representantes del Comité de usuarios de servicios públicos del “Movimiento Nacional por la Democracia Energética” y Asambleas Populares de Servicios Públicos del Atlántico, los representantes de la Empresa Air-e SAS-ESP; para dialogar sobre un conjunto de solicitudes y propuestas con el objetivo de abordar de manera integral los problemas energéticos que afectan al departamento del Atlántico y el mercado que atiende la empresa Air- e en la región Caribe.

Entendiendo la difícil situación de 180.198 familias de zonas subnormales (85 Gw hora/mes) y 450.465 usuarios en zonas de difícil gestión (92 Gw hora/mes), quienes están particularmente afectados por las limitaciones económicas y los altos costos de generación de energía, se requiere un plan de acción estratégico que ofrezca soluciones estructurales (inmediatas, de mediano plazo y de largo plazo).

Reconocemos los esfuerzos realizados por la empresa prestadora del servicio en la mejora de la calidad, los esfuerzos del Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, la CREG y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los Gobiernos departamental y local y de los usuarios. Aunque se ha avanzado, entendemos la necesidad de un plan de acción articulado que garantice la prestación del servicio de una energía de calidad, confiable y asequible.

Partimos de acordar la necesidad de encontrar soluciones viables que involucren a todos los actores de la cadena y aseguren un suministro energético justo y eficiente. Con compromiso y actitud proactiva, se acuerdan los siguientes puntos:

Compromisos del Gobierno nacional:

• Se convocó una mesa de diálogo y trabajo permanente con todos los actores de la cadena energética para crear soluciones conjuntas y facilitar una discusión amplia para enfrentar la situación de los mercados más vulnerables, que iniciará el miércoles 31 de julio de 2024 en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía (2:30 p. m.), a la que se invitó a las empresas generadoras de energía para vincularlas a la estrategia de solución estructural del problema aquí referido, que afecta a los sectores más vulnerables de Colombia. En la fecha programada se inició la reunión, pero ante la inasistencia del gremio de los agentes generadores, ACOLGEN, se reprogramará la citación para que sea realizada en la semana del 5 al 9 de agosto de 2024, en la ciudad de Barranquilla, con el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación.
• El Ministerio de Minas y Energía promoverá acciones regulatorias ante la CREG que faciliten a los agentes del sistema la implementación de un plan de mejora consensuado por todos los actores para el recaudo en las zonas especiales, teniendo en cuenta las condiciones culturales y socioeconómicas de la región.
• Se avanzará en la definición de las medidas regulatorias a cargo de la CREG que modifiquen el marco tarifario y que, en consecuencia, beneficien a las zonas especiales. Dentro de dichas medidas se encuentran:
  - La deflactación del IPP artificial de 2021 y 2022 en los contratos bilaterales.
  - Están adoptadas y publicadas las siguientes resoluciones de la CREG, tendientes a bajar las tarifas:
• Proyecto de Resolución 701-053 de 2024. Esquemas de financiamiento y flexibilización del mercado de energía.
• Proyecto de Resolución 701-055 de 2024. Ajuste a los Indexadores del mercado de energía.
• Proyecto de Resolución 701-056 de 2024. Metodología de reglamentación del artículo 236 de la Ley 2294.
• Documento CREG-Circular CREG 033-2024: Creación de varios precios de escasez asociados a cada tecnología de generación.
• Proyecto de Resolución 701-028 de 2023 y 701-049 de 2024. Limitar la especulación de precios de bolsa de energía.
  - Se seguirán emitiendo las regulaciones de la CREG necesarias para la disminución de la tarifa en la región Caribe.
• Se continuará con la ruta establecida por el Gobierno nacional para el pago de los saldos de la opción tarifaria, anunciado el 7 de mayo de 2024, para los estratos 1, 2 y 3.
• A solicitud de los gobiernos locales y departamentales se realizará un estudio imparcial y técnico que busque repuestas a la necesidad de ampliar el consumo básico de subsistencia de 173 KWh/m a 252 KWh/m.
• Ajustar el objeto de los proyectos PRONE para que además de la normalización de barrios subnormales en la región con medición individual e inteligente, se amplíen para la instalación de autogeneración renovable en las viviendas.
• El Gobierno reafirma el compromiso de priorizar los proyectos y postulaciones de municipios y comunidades energéticas del Caribe.
• El Ministerio de Minas y Energía se compromete a buscar una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dialogar con la empresa Air-e sobre el pago de subsidios de energía.

Compromisos de Trabajo de Air-e:

• Tras el vencimiento de los diez días calendario acordados en el comunicado conjunto del 25 de julio de este año, Air-e se compromete a no retomar los periodos de continuidad por seis meses desde el 5 de agosto de 2024, durante la vigencia de las medidas regulatorias adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía y la CREG, que se expedirán para favorecer la continuidad de la prestación del servicio en el mercado atendido por Air-e, como consecuencia del impago de los barrios subnormales y zonas de difícil gestión.
• Congelación de deudas pasadas y plan de pago: congelar la deuda vigente de los usuarios de áreas subnormales en la medida que se acojan a un plan de pago de la factura y así cumplir con el recaudo corriente durante al menos 18 meses. En todo caso se contemplará un esquema de alivios aplicables a dicha deuda.
• Revisar los acuerdos de pago firmados por los municipios y buscar un concepto de las instituciones correspondientes sobre su validez legal y el mecanismo para su eventual terminación.
• Facturación Pagable Permanente: Instalar mesas de trabajo de gestión social en conjunto con las Alcaldías y la Gobernación correspondiente, en donde se definirá la forma en que se programará el levantamiento individual de la carga de cada vivienda sin medidor, socializar y validar con la comunidad. La validación necesita del acompañamiento de las alcaldías.
• Se estudiará, socializará y se procurará la implementación del mecanismo de prepago en zonas vulnerables conforme a su viabilidad técnica y financiera, para lo cual se requerirá el apoyo social de las alcaldías y la anuencia del usuario.
• Se apoyará y se promoverá, previa socialización con la comunidad, la ejecución de los proyectos PRONE para la normalización de barrios subnormales, en las nuevas condiciones establecidas en este acuerdo.
• Participar en los comités de estratificación con el objetivo de que dicho comité realice una actualización individualizada de la estratificación socioeconómica.
• Revisión de suscriptores comunitarios: hacer una revisión con los suscriptores comunitarios y garantizar la posibilidad de renegociar los acuerdos para la prestación de servicios en zonas especiales, conforme a lo señalado en los decretos 111 de 2012, modificado por el 1073 de 2015.
• Comunicación a usuarios morosos: se enviará una invitación a todos los usuarios morosos a ponerse al día en la que se enfatice que el servicio de energía no es gratuito y debe ser pagado conforme a su consumo.
• Deudas oficiales: Air-e ofrecerá planes de financiación a las entidades territoriales (alcaldías y gobernaciones) para el pago oportuno de las deudas contraídas.

Compromisos con congresistas:

• La bancada de congresistas de la Costa Caribe se compromete a apoyar las iniciativas legislativas tendientes a los ajustes tarifarios necesarios para resolver la situación de la región Caribe.

Compromisos alcaldes y Gobernación del Atlántico:

• Facilitar y agendar las reuniones entre cada una de las Alcaldías y Air-e para revisar todos los casos puntuales de las zonas especiales de suministro de energía, con el apoyo y el seguimiento de la Gobernación del Atlántico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
• Coadyuvar y promover al diálogo social con las comunidades pertenecientes a las zonas especiales, para permitir la ejecución de los planes de mejoramiento del servicio, incluyendo los procesos de normalización, actividades de caracterización, operacionales y comerciales.
• Promover campañas pedagógicas y ciudadanas para el uso racional y eficiente de la energía, impulsando programas de eficiencia, cambio de bombillas y de electrodomésticos de alto consumo, por otros de bajo consumo.

 Compromisos de los y las usuarias de servicios públicos:

• Coadyuvar en las campañas de concientización del uso racional y eficiente de la energía, y dar cabida a los procesos de mejora en la prestación del servicio, haciendo uso de sus derechos a la información y participación en todo el proceso de normalización.
• Apoyar y promover el conocimiento sobre el derecho a la energía para mejorar el relacionamiento con los prestadores y para el adecuado ejercicio de sus derechos.
• Promover e impulsar en las comunidades la importancia de cancelar la energía realmente consumida.

Compromisos conjuntos de todos los actores:

• Modificación de la ley 142 de 1994 – Servicios Públicos- tendiente a:
  - Revisar el régimen existente para modificar las tarifas en beneficio de los usuarios.
  - Implementar un consumo mínimo vital y el incremento del consumo mínimo de subsistencia para la región Caribe.
  - Socializar los contenidos de la reforma de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
• Fomentar y participar de los programas de Energías Renovables en el marco de la Transición Energética Justa.
• Para lograr la ejecución de los proyectos PRONE se invita a todos los actores y, en especial, a las comunidades para el mejoramiento del servicio y el desarrollo de estos proyectos, con previas socializaciones de las empresas prestadoras del servicio.
• Plan de acción para el ahorro de energía: Realizar un plan de acción que fomente el ahorro de energía en los barrios subnormales y la normalización o cierre de establecimientos industriales informales que evaden el pago del servicio.
• Permitir y promover el acceso permanente a las operaciones que realiza la empresa Air-e en sus redes eléctricas, como lectura, revisión, PQR, suspensiones y reconexiones, entre otras.

En constancia de todo lo expuesto, se suscribe la presente Acta de las reuniones acontecidas, en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2024, por quienes en ellas participaron:

ASISTENTES

Gobierno Nacional:

• Ministro de Minas y Energía: Dr. Andrés Camacho Morales
• Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios: Dr. Dagoberto Quiroga
• Viceministro de Minas y Energía: Dr. Javier Campillo

Congresistas:

• Presidente del Senado de la República: H.S. Efraín Cepeda Sarabia
• H.S. Laura Fortich
• H.S Carlos Manuel Meisel.
• H.S Luis Antonio Zabarain.
• H.R Germán Gómez López
• H.S José David Name
• H.S Mauricio Gómez Amín
• H.R Gersel Pérez
• H.S Claudia María Pérez
• H.R Betsy Pérez

Gobernador:

• Dr. Eduardo Verano de la Rosa

Usuarios de Servicios Públicos del Atlántico:

• Gary Martínez
•  Abzalón Torres Echeverría

Alcaldes:

• Edinson Palma Jiménez; alcalde de Baranoa
• Carlos Saravia; delegado alcalde del Distrito De Barranquilla
• Vanessa Torres Guette; alcaldesa de Campo De La Cruz
• Hayder Orozco Solano; alcalde de Candelaria
• Fabian Bonett Berdugo; alcalde de Galapa
• Ameth Juan Hanna; alcalde de Luruaco
• Yenis Orozco Bonett; alcaldesa de Malambo
• Yenerys Acuña Cervantes; alcaldesa de Manatí
• José Rúa Fontalvo; alcalde de Palmar de Varela
• Fernando Tejera González; alcalde de Piojó
• Oscar Avilez Oliva; alcalde de Polonuevo
• Aristarco Romero Meriño; alcalde de Ponedera
• Plinio Cedeño Gómez; alcalde de Puerto Colombia
• Jorge Reales Martínez; alcalde de Repelón
• Darwin Rosales Mora; alcalde Sabanagrande
• Edward Ecker Martínez; alcalde de Santa Lucia
• Paula Hun Badillo; alcaldesa de Santo Tomas
• Alcira Sandoval Ibáñez; alcaldesa de Soledad
• Karolay Calvo Rivera; alcalde de Suan
• Natking Coll Alba; alcalde de Tubará
• Julio Calderón Padilla; alcalde Usiacurí

Air-e S.A. E.S.P –

• Santiago Posso

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 

 

Líderes y lideresas de organizaciones comunitarias que gestionan acueductos rurales y comunitarios en Boyacá, se dieron cita en el encuentro ‘Liderazgo comunitario sobre la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico’, organizado por la Superservicios, en donde conocieron información y herramientas por parte de las entidades del Gobierno del Cambio para fortalecerlas y destacar su papel activo y protagónico en la provisión de agua en las zonas rurales y de difícil acceso en Boyacá y sur de Santander.

En este escenario, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, explicó que la entidad tiene el objetivo de acercar la institucionalidad del sector de agua potable y saneamiento básico a los diversos territorios del país, trabajando de la mano con las comunidades.

“Los desafíos que el país enfrenta para garantizar una efectiva y óptima prestación de los servicios en las zonas rurales, son cada vez más complejos y demandan acciones coordinadas con el objetivo de que los habitantes de estas zonas rurales accedan a agua potable de calidad”, expresó el superintendente.

Durante el encuentro, las organizaciones comunitarias celebraron que el Gobierno del Cambio, a través del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de Vida, esté avanzando en una política pública para fortalecer la gestión comunitaria del agua. De acuerdo con Maja Pinzón, experta de la Dirección de Política y Regulación del Viceministerio de Agua, este es un reconocimiento que se hace a una labor histórica que han hecho las comunidades organizadas para autoabastecerse del preciado líquido.

“Calculamos que existen 25 mil organizaciones comunitarias que, tanto en la ruralidad como en las periferias de las grandes ciudades, están solucionando un tema que es responsabilidad del Estado y que garantiza el acceso al derecho al agua. Ellas se fundamentan en la economía solidaria, entonces toman decisiones colectivas, no son un negocio”, afirmó la experta.

En la actualidad, el Ministerio de Vivienda desarrolla la estrategia ComuniAgua, que busca apoyar técnica y económicamente a las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento básico, a través de estrategias como talleres, subsidio comunitario y la estructuración de proyectos.

Por su parte, José Álvarez, representante legal de la Federación Departamental de Acueductos Rurales de Boyacá, explicó que el 44 % de la población de Boyacá recibe el servicio de agua a través de estas organizaciones, que cada vez entienden más la importancia de cumplir con la normatividad, la regulación y la vigilancia. 

Entre los principales retos que enfrentan estas organizaciones, destaca el desconocimiento para cobrar las tarifas, en especial para que puedan cumplir con sus costos operativos y administrativos, la necesidad de flexibilizar el reporte de información de los sistemas gubernamentales y las inversiones en infraestructura que se requieren para modernizar y garantizar la calidad del agua. En el caso de las zonas rurales no es solo para consumo humano, sino también para el de los animales y la producción agrícola.

“Antes, teníamos la percepción de que el Estado solo llegaba a molestar a las organizaciones, pues no recibimos apoyos económicos, solo requisitos por cumplir. Teníamos una percepción errónea de la Superservicios, la mirábamos como el coco, como el sancionador, pero debo decir que desde la Federación hemos encontrado un aliado y son ellos los que han venido al territorio a fortalecernos con estas capacitaciones”, resaltó el líder comunal.

En el encuentro, la Superservicios logró articular representantes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a las autoridades locales y a la Región Administrativa y de Planeación Especial de la Región Central, quienes escucharon y dieron respuesta a las comunidades sobre sus principales necesidades.

“Vemos con optimismo la gestión que está haciendo el gobierno de la vida para organizar el territorio en torno al agua, es lo que venimos pidiendo desde nuestros abuelos”, puntualizó José Álvarez.