Publicado por EL TIEMPO, 6 de agosto de 2024
Por: Dagoberto Quiroga Collazos
Columna de Opinión 

 

Los tiempos para expedir una regulación conspiran contra la toma de decisiones oportunas.

La pregunta reiterada es por qué no bajan las tarifas de energía. La pregunta es pertinente pues nuestra institucionalidad reconoce que la energía es un bien público esencial para la calidad de vida. La Constitución considera que los servicios públicos son fines esenciales del Estado, concretan el principio de solidaridad social y son un instrumento para promover la igualdad.

De ahí que determine que el régimen tarifario debe considerar criterios de solidaridad y redistribución. Además, ordena la intervención del Estado para garantizar calidad, eficiencia, evitar abusos de posición dominante y encarga al Presidente el control de los servicios públicos.

La experiencia reciente, sin embargo, nos lleva a pensar que el Estado no tiene suficientes herramientas para hacer cumplir la Constitución. Es poco lo que se ha podido lograr para conjurar la crisis desatada por las altas tarifas de energía, pues el poder parece estar en otro parte.

Las causas de los altos precios son conocidas. No resultan del equilibrio entre la oferta y demanda. Son consecuencia de decisiones regulatorias que podrían corregirse con decisiones expeditas. No obstante, la institucionalidad y la política detrás de las tarifas han impedido que avancemos.

Hay soluciones. Los precios se dispararon por el índice de los precios al productor que resultó de la pandemia. Este es el indexador de referencia para el ajuste tarifario, a pesar de que poco tiene que ver con los insumos para producir energía. No se ha podido cambiar porque la regulación, para proteger la inversión, no permite revisar el marco tarifario antes de que se cumplan 5 años.

"La política regulatoria también debe ofrecer respuestas oportunas a situaciones críticas, como lo son el aumento desmedido de las tarifas. La energía no es una mercancía, sino derechos ciudadanos." 

Sabemos que la formación de los precios de energía en bolsa no es transparente. Depende del valor que las generadoras le atribuyen al agua y los riesgos que perciben. Por eso, en el último trimestre de 2023 superó los mil pesos por kilovatio, a pesar del alto nivel de los embalses. Esto se podría evitar con una regulación que revele los costos de producción y que introduzca la variable de riesgo sistémico en vez del percibido por cada agente.

También es claro que muchas comercializadoras no consiguen contratos de compra de energía que garanticen precios estables. Por tanto, deben negociar a diario en bolsa una parte de la energía que venden. Necesitamos una regulación que flexibilice las condiciones de las generadoras para vender energía por contrato. Con esto se reduce la exposición a bolsa de muchas comercializadoras. Sin embargo, las normas vigentes protegen a los generadores de eventuales incumplimientos, en detrimento del interés del usuario a precios eficientes.

Estas medidas no se han concretado porque la institucionalidad protege el statu quo. A la decisión del Presidente de recuperar sus funciones regulatorias, el Consejo de Estado le salió al paso con una medida cautelar, bajo el argumento de que el constituyente les consagró estas competencias a otras entidades. Lo cierto es que las comisiones resultan de la ley 142 de 1994.

Algunos dirán que el Presidente es responsable porque no ha nombrado comisionados. La dificultad para nombrarlos se debe a que los requisitos para ocupar el cargo se hicieron a la medida de las empresas. Para ser parte de la Creg basta con haber trabajado 6 años en un cargo de responsabilidad en una empresa del sector. Sin embargo, Omar Prias, con una trayectoria académica de más de 20 años, no reúne las condiciones. No sorprende que los intereses de las empresas estén representados, mientras que los de los usuarios están ausentes.

Los tiempos para expedir una regulación conspiran contra la toma de decisiones oportunas. El borrador de un cambio en las bases del marco tarifario requiere un año de consulta. Luego, el documento modificado debe consultarse otros tres meses.

Por supuesto, un marco regulatorio estable es fundamental para atraer la inversión y los cambios deben consultarse. Sin embargo, la política regulatoria también debe ofrecer respuestas oportunas a situaciones críticas, como lo son el aumento desmedido de las tarifas. La energía no es una mercancía, sino derechos ciudadanos. La regulación, sus trámites y procesos también deben pensarse para proteger a los usuarios. Necesitamos nivelar la cancha de acuerdo al espíritu de la Constitución.

 

Al término de la reunión realizada hoy entre el Ministerio de Minas y Energía, las generadoras, miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y actores del orden nacional y local, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) se pronunció sobre el debate de los altos costos de la energía en bolsa, que han perjudicado especialmente a los usuarios de la región Caribe. Informó que continuará con las indagaciones que permitan esclarecer la legitimidad de los contratos de autocompra de energía a precios significativamente más altos, entre Air-e Comercializador y Air-e Generador.  

A partir de la convocatoria para la compra de energía desarrollada en la plataforma del Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP), a cargo del operador XM, entre los meses de diciembre de 2023 y febrero de 2024, se adjudicó un contrato de compra de energía entre Air-e Generador y Air-e Comercializador, vigente entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre de 2024.

A partir de la entrada en vigencia del contrato, Superservicios realizó una revisión general de las condiciones de la convocatoria, considerando a detalle el procedimiento establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, y sus modificaciones. Vale recordar que esta normatividad define los principios, comportamientos y procedimientos que deben cumplir los comercializadores en la celebración de contratos de energía destinados al mercado regulado.

A partir de una serie de requerimientos, esta superintendencia le solicitó a Air-e Comercializador, información detallada respecto a la convocatoria que derivó en la adjudicación de compra de energía con Air-e Generador; orientada a que se sustentaran las razones para la definición del precio de reserva de esta convocatoria y el precio ponderado adjudicado.

De manera adicional, la entidad realizó el requerimiento al administrador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM-XM) para que entregara información de contratos de respaldo e información de Air-e Generador para respaldar sus operaciones en este mercado y conocer a detalle las condiciones que debe cumplir Air-e Generador para ser registrado como agente Generador.

Desde la Superservicios, con el ánimo de velar por un mercado eficiente y garantizar justicia tarifaria, se realizaron cuestionamientos sobre los contratos de respaldo y compromisos contractuales que sustentaron la oferta de energía de Air-e Generador en la convocatoria mencionada.

Frente a la indagación realizada por esta superintendencia, en comunicación del 27 de junio de 2024, XM informó que, a partir de la validación de los procedimientos regulatorios, se tendría como consecuencia inmediata el no registro de contratos bilaterales de largo plazo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), debido a que Air-e Generador no contaría con la condición de agente generador y por lo anterior no podría realizar el registro de contratos de largo plazo. Como consecuencia, el ASIC debería realizar los ajustes transaccionales y dicho contrato entre Air-e Generador y Air-e Comercializador no sería despachado.

Posteriormente, en comunicación del 12 de julio de 2024, XM informó a esta entidad que elevó la consulta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el 04 de julio de 2024. En respuesta, la Comisión estableció que, con base en la consulta realizada por XM, el registro de frontera comercial no es un requisito ante el ASIC para ser agente generador y transar en el MEM; este registro sí es necesario para el cálculo de garantías asociadas a esta frontera.

Frente al concepto detallado, se desvirtúa lo mencionado por XM a partir de la comunicación del 27 de junio y, a partir de lo descrito, la convocatoria y adjudicación del contrato sigue vigente a la fecha.

Ahora bien, se informa que, con base en el desarrollo de las indagaciones realizadas por esta superintendencia, se continua con el despacho del contrato de compra de energía entre Air-e Comercializador y Air-e Generador por un valor promedio ponderado de $689/kWh y una energía de 827.854 MWh-mes.

Si bien, para el mes de diciembre de 2023 el precio promedio ponderado de Bolsa del mes fue de $669/kWh, se esperaba que a partir del mes de abril de 2024 se redujera a partir del previsible fenómeno de La Niña, resultado demostrado que para el mes de julio fue de $291/kWh, muy inferior al valor promedio del contrato.

La Superservicios seguirá realizando acciones de inspección y vigilancia en el marco de sus funciones y realizando recomendaciones regulatorias y de formulación de política pública que garanticen eficiencia del mercado eléctrico y justicia tarifaria para las y los colombianos.

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) realizó evaluaciones integrales a los prestadores del servicio de energía eléctrica de Acandí, Chocó, para analizar la gestión técnica, operativa, financiera, comercial, administrativa y tarifaria de las electrificadoras de este municipio.

Las evaluaciones se realizaron a la Empresa de Servicios Públicos de Acandí (Emselca), que presta sus servicios en la cabecera municipal, así como a las localidades de Triganá, San Francisco y Santa Cruz de Chugandí; y a la Junta Administradora de Servicios Públicos de Capurganá (Jasepca), que atiende las localidades de Capurganá y Sapzurro; mediante visitas técnicas llevadas a cabo entre el 15 y el 19 de julio de 2024.

Acandí, está ubicado sobre la costa del Golfo de Urabá, en la frontera con Panamá y hace parte de los municipios priorizados en el Acuerdo de Paz para fomentar su desarrollo con enfoque territorial. Cuenta con una población, especialmente étnica, estimada de 15.868 habitantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), y experimenta un crecimiento poblacional importante. Garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía y mejorar la prestación de servicios públicos básicos es uno de los principales retos de la región.

Durante este ejercicio de vigilancia, la Superservicios evaluó aspectos técnicos relacionados con: los activos eléctricos, comerciales, de atención al usuario, Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), así como reportes al Sistema Único de Información (SUI). También asuntos financieros y de cumplimiento normativo de acuerdo con las disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Esta superintendencia realizará un seguimiento riguroso de los compromisos adquiridos por los prestadores y coordinará las medidas adicionales necesarias para mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica en estas comunidades. Estos resultados se reflejarán en el informe de evaluación que la entidad publicará de manera individual para cada prestador.

Este esfuerzo se enmarca en el compromiso del Gobierno Nacional de asegurar que todas las regiones del país reciban el desarrollo y los servicios básicos que les corresponden, en cumplimiento de su misión constitucional y legal y en defensa de los derechos de los usuarios.