De acuerdo con el Sistema Único de Información (SUI) en Colombia desde el año 2016 hasta el 2023 ocurrieron 2.099 accidentes de origen eléctrico que se pudieron prevenir. Las principales víctimas son los niños con el 30 % de los casos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y las empresas prestadoras del servicio público de energía se unieron para hacer un llamado a las alcaldías municipales y las autoridades territoriales para fortalecer la prevención y los controles que permitan evitar que la construcción y/o mejoras de viviendas, lleven a un cercamiento a la infraestructura eléctrica, tanto a nivel de postes y torres como de redes energizadas. Una práctica que ha cobrado la vida de 1.823 personas en los últimos siete años, especialmente de niños.
Durante el encuentro ‘Responsabilidades legales y normativas para la mitigación de riesgos de origen eléctrico’, se visibilizó una problemática social que se está agudizando en el país y que pone en riesgo la vida de las comunidades más vulnerables, especialmente de aquellas que viven en barrios subnormales, en la ruralidad e incluso en zonas urbanas que no cumplen con las distancias de seguridad, tal como lo dispone el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
De acuerdo con el Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios, en Colombia ocurrieron 2.099 accidentes de origen eléctrico durante los últimos siete años, de los cuales, el 30 % fueron víctimas los niños. Las regiones con el mayor número de accidentes por electrocuciones reportadas son Atlántico y Bogotá. Los principales factores de accidentalidad son la violación de las distancias de seguridad y la manipulación indebida de las redes eléctricas.
Se busca que las alcaldías y curadurías que tienen que ver con la expedición de licencias de construcción, conozcan la normativa y garanticen la seguridad de sus habitantes a través de sus Planes de Ordenamiento Territorial. Estos deben contemplar espacios para el desarrollo de infraestructura para el servicio de energía y la identificación de peligros e irregularidades en las construcciones existentes, ante lo cual podrían generar sanciones y órdenes de demolición.
La invitación a las autoridades locales es a informarse y trabajar de la mano con la Superservicios para que conozcan la normatividad y protejan la vida de las personas, los animales y el medio ambiente, de acuerdo con la regulación.
