El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, expidió la circular externa 20261000000124, a través de la cual recuerda y reitera a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas municipales, las obligaciones constitucionales y legales que les asisten en relación con la promoción, conformación y fortalecimiento del control social en la prestación de los servicios públicos domiciliarios en sus territorios.

Vale recordar que el control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar individual o colectivamente por medio de organizaciones, redes e instituciones, en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado. 

En este sentido, deben brindar mecanismos que permitan a los ciudadanos ser partícipes de la toma de decisiones para el bienestar de sus comunidades. En el caso de los servicios públicos, esta veeduría se hace a través de los Comités de Desarrollo y Control Social y los vocales de control, organizaciones que vinculan a la ciudadanía con el fin de promover la defensa de los derechos y deberes de todos los actores que intervienen en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.

De acuerdo con la circular, bajo el marco de la Ley 142 de 1994 (artículos 62 a 65) y el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 (artículos 2.3.6.1.15 y 2.3.6.1.17), se establece la obligatoriedad de organizar y apoyar los Comités de Desarrollo y Control Social como mecanismos esenciales de democracia participativa, labor que corresponde a las autoridades territoriales.

 

“Los alcaldes y las alcaldesas municipales, como primeras autoridades administrativas del territorio, desempeñan un rol determinante en la garantía del derecho a la participación ciudadana, razón por la cual la promoción, acompañamiento y capacitación de los Comités de Desarrollo y Control Social no son facultativos, sino mandatos de obligatorio cumplimiento”, expresó el superintendente Durán.

De esta forma, corresponde a los alcaldes y gobernadores velar por la conformación de este tipo de comités, por lo que la Superservicios hace un llamado para apoyar a los usuarios en la convocatoria de las asambleas y demás actividades, con el fin de organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión y fiscalización de los prestadores.

Actualmente, la Superservicios desarrolla la estrategia de la Red de Comunidades por el Control Social, que permite fortalecer la incidencia de las comunidades en el sistema de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

A través de mesas de articulación con actores involucrados en la prestación y regulación, en las que se encuentran las empresas prestadoras, la Superservicios trabaja por el fortalecimiento de las capacidades técnicas y participativas de las comunidades en los territorios, promoviendo el monitoreo, veeduría y apropiación ciudadana.

 

 

De acuerdo con los compromisos del Gobierno Nacional y las instrucciones del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continúa en los territorios haciendo seguimiento al estado de los embalses del país, en especial los que se encuentran en alerta por el fenómeno atípico de lluvias que se presentan en el país.

“Estamos en Hidroituango, revisando los indicadores relacionados con la generación de energía, los aportes y vertimientos, en el marco de lo que viene pasando con las inundaciones. En este caso, el gran aportante es el río Cauca, revisamos su recorrido y lo que sale después del proceso de generación”, señaló el superintendente Durán.

Explicó que el río mantiene una relación entre los aportes de entrada y salida en sus caudales. “Seguimos en la vigilancia, pensando no solo la generación de energía sino el impacto a las poblaciones que están aguas abajo del embalse”, señaló Durán Carrón.

 

Durante el recorrido, el superintendente y su equipo de trabajo, revisaron aspectos relacionados con la operación y gestión del embalse, sus volúmenes (útiles, descargados, turbinados y los vertimientos), así como la supervisión del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de este proyecto, uno de los más grandes del país.

“En nuestro análisis también estamos recogiendo información sobre la conformación de los precios de la energía en bolsa, en momentos en donde hay una gran disponibilidad de agua. Estamos fortaleciendo nuestra supervisión para proteger a los usuarios del servicio de electricidad y asegurar que las tarifas se den a precios costo-eficientes”, agregó el funcionario.

Estas acciones se encaminan para prevenir y mitigar los efectos de la emergencia por lluvias que afecta al país y garantizar una operación segura, eficiente y la protección de los usuarios del servicio de energía eléctrica.
 

 

En el marco del Consejo de Ministros que se realiza en Montería, en donde el Gobierno Nacional hace presencia institucional y acompaña a la población afectada por las inundaciones, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, expuso el análisis de la entidad sobre el comportamiento de los embalses ante la emergencia por lluvias.

En el caso de la Hidroeléctrica de Urrá, explicó que los niveles de enero ya estaban por encima de lo normal. “El primero de febrero, día de la emergencia, cuando llega el frente frío, es cuando se genera ese salto de una entrada de menos de 300 metros cúbicos por segundo a 2.300 metros cúbicos por segundo. Pero ya el embalse estaba lleno y la capacidad de amortiguación que tenía era menor”, explicó el superintendente Durán.

A través de diferentes gráficas, evidenció el comportamiento de las curvas guía máximas y mínimas de operación, de descarga y los límites técnicos establecidos para estas infraestructuras de generación, en donde hay especial atención sobre otros embalses como Hidroituango, Betania y Playas.

Uno de los asuntos de especial interés es el comportamiento de los precios de la energía en bolsa que, en medio de un escenario de alta hidrología, no guardan una relación clara con la formación de precios y lo que están pagando los usuarios por las tarifas de energía. “Lo que usted menciona, señor Presidente, no se entiende esta dinámica de oferta de precios en bolsa. El agua está casi al filo del embalse, pero los precios suben. Y las curvas van cambiando sin una aparente correlación”.
 
En este sentido, Durán Carrón explicó al presidente cómo la Superservicios ha venido adaptando sus herramientas de vigilancia para supervisar a las empresas generadoras de energía.

 

En ese sentido, la entidad diseñó y puso en marcha el estudio de canasta de costos que es una herramienta técnica que permite contrastar los precios de la energía con sus costos reales de producción, avanzar en mayor transparencia y empezar a incidir en la reducción de la curva de precios en bolsa, en defensa de tarifas más justas para los usuarios.

Con datos técnicos, el superintendente explicó que el nivel actual de los embalses supera el promedio histórico (61,6%), con mayores aportes de agua en los últimos días y efectos directos en el análisis del mercado y la formación de precios de la energía.

A partir de la vigilancia realizada y en un trabajo articulado con la Superintendencia de Industria y Comercio se ha logrado en los últimos meses bajar la curva de los precios en bolsa. “Y eso ha sido un esfuerzo del gobierno, un esfuerzo de la vigilancia, y es que, a pesar de las preocupaciones, sí hemos venido logrando que el precio en bolsa vaya reduciéndose, incluso el precio de escasez también ha venido teniendo un descenso, lo que se refleja en la tarifa para las familias y usuarios de la energía eléctrica”, afirmó.

Agregó que la Superservicios continúa en su proceso de indagación respecto al caso de la represa de Urrá y los demás embalses del país, en especial los que se encuentran en alerta roja, con el objetivo de esclarecer los hechos, fortalecer el control y proteger a los usuarios del servicio de energía. 

 

En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) inició indagaciones preliminares orientadas a verificar la gestión de los embalses por parte de los agentes generadores del Sistema Interconectado Nacional. 

Estas actuaciones se centran en analizar de manera integral el comportamiento operativo y comercial de los embalses, se evalúan los precios de oferta presentados al Mercado de Energía Mayorista, las disponibilidades declaradas, los volúmenes útiles y totales de almacenamiento, así como la relación entre dicha información y las condiciones reales del sistema. 

De igual forma, la Superintendencia verifica el presunto incumplimiento del Reglamento de Operación del Sistema interconectado Nacional - SIN, así como la normativa técnica y regulatoria vigente, particularmente en lo relacionado con la aplicación de las curvas guía máximas y mínimas de operación, las curvas máximas y mínimas de descarga, y los límites técnicos establecidos para cada infraestructura de generación. Estas variables resultan fundamentales para garantizar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico, especialmente en escenarios de variabilidad climática. 

 

Además, en el marco de estas indagaciones se verifica el posible incumplimiento de los Planes de Gestión del Riesgo y Desastres (PGRD) por parte de los agentes generadores, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable. 

Esta verificación permite determinar si las empresas cuentan con instrumentos adecuados para la identificación, prevención, mitigación y atención de riesgos asociados a la operación de embalses, incluyendo de manera especial la gestión de riesgos por inundaciones aguas abajo, así como la existencia de protocolos, planes de contingencia y medidas operativas que propenden por la seguridad de la infraestructura y la continuidad del servicio frente a eventos críticos o situaciones de emergencia. 

La Superservicios reitera que estas indagaciones buscan fortalecer la transparencia y confiabilidad en la operación del sector eléctrico, proteger los intereses de los usuarios, contribuir a la estabilidad del sistema y que se cumplan los criterios de despacho económico y costo-eficiencia. Una vez se tengan los resultados, si a bien se tiene, se tomarán las medidas pertinentes. 

La Superintendencia continuará informando oportunamente a la ciudadanía los avances y resultados de las funciones de inspección y vigilancia y reafirma su compromiso con una vigilancia técnica, rigurosa y objetiva que promueva la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica en el país.