La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) se encuentra atendiendo las convocatorias conjuntas y particulares realizadas por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para trabajar articuladamente en los propósitos comunes que buscan la vigilancia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, en especial los de energía y gas en el país.

La Superservicios se complace en que estos tres órganos de control puedan articular esfuerzos para garantizar que los servicios públicos se presten con calidad, eficiencia y sostenibilidad para mejorar la vida de la población.

Es importante la participación de la Contraloría en la verificación de que el comportamiento de las empresas distribuidoras de gas no afecte los recursos públicos, dado que cualquier alza injustificada de tarifas implica gastos del Estado a título de subsidios a los usuarios de menores ingresos.

Por su parte, la Procuraduría tendrá un rol muy importante en garantizar que la Superservicios pueda cumplir con su misión constitucional, además de evitar entorpecimientos en el cumplimento de tan importante función.

Vale recordar que el alza injustificada de las tarifas de gas -sobre las que se ha pronunciado la Superservicios- comenzaron en diciembre de 2024 y ya completan cinco meses. Estos hechos han impactado a más de 3,5 millones de usuarios, lo que implica la afectación a 18 millones de personas y la ocurrencia de aproximadamente 90 millones de infracciones.

Esta Superintendencia realiza los esfuerzos necesarios para avanzar en el objetivo de inspeccionar, vigilar y controlar a las empresas prestadoras y garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos como un derecho.

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Comité de Seguridad de Gas Licuado de Petróleo (GLP) realizarán el próximo viernes 30 de mayo en Popayán, la Mesa Técnica Regional Cauca con el fin de analizar la comercialización ilegal de GLP, las condiciones informales de distribución y los riesgos que esto representa para la población. 

La Mesa también busca identificar casos regionales específicos, establecer compromisos con los actores del territorio y explicar el esquema de subsidios, así como su focalización, con el fin de facilitar el acceso de las comunidades étnicas. Además, se pretende definir estrategias articuladas que promuevan la legalidad y la seguridad en el uso de este combustible, conocido como gas de cilindro, especialmente utilizado por comunidades rurales.

Vale recordar que el Comité de Seguridad de GLP está conformado por el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), Ecopetrol, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Superservicios. También participan la Asociación Colombiana de GLP e Industrias Metálicas del Gas S.A. (Metalgas), además de otros actores invitados. Su misión es desarrollar actividades de promoción del cumplimiento de la regulación del sector de GLP y difundir sus buenas prácticas.

Por ello, la Superservicios invita a los usuarios de este servicio, a vocales de control de servicios públicos, líderes comunitarios, alcaldías del departamento de Cauca y a las autoridades étnicas territoriales a participar en esta Mesa Regional. 

El evento se realizará en el Claustro San José de la Fundación Universitaria de Popayán, Auditorio 2, ubicado en la Calle 5 # 8 - 58 de la ciudad de Popayán. Para confirmar su participación puede hacer su registro en este enlace. 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) realizó la tercera versión de su Café Jurídico, centrada en el tema de la tributación y contribución especial en los servicios públicos domiciliarios. La apertura del evento estuvo a cargo de Jhonn Vicente Cuadros, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien destacó la continuidad de este espacio como un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional y el fomento del aprendizaje continuo en la entidad.

En esta ocasión, el encuentro contó con la participación del exmagistrado José Antonio Molina Torres, quien brindó orientación sobre la obligación tributaria como un vínculo jurídico que establece una relación obligatoria entre el Estado y las personas (naturales o jurídicas). En virtud de este vínculo, los individuos o entidades deben cumplir con una prestación que puede implicar dar algo, hacer una acción o abstenerse de hacerla, bajo los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

José Molina se refirió al Artículo 85 de la Ley 142 de 1994, indicando que las autoridades pueden, mediante ley, ordenanza o acuerdo, fijar las tarifas de tasas y contribuciones. Si bien estas se cobran para recuperar costos de servicios o por beneficios a los ciudadanos, Molina recalcó que el sistema y el método para cuantificar y distribuir esos costos y beneficios deben estar explícitamente definidos en la misma norma legal.

Además, el evento se enriqueció con las intervenciones de Álvaro Gómez Colmenares, asesor del Despacho de la Superservicios, y Diego Tangarife Rodríguez, profesional de la Dirección Financiera. Ambos expertos abordaron temas de gran relevancia para la sostenibilidad financiera de la Superservicios.

Por su parte, Álvaro Gómez profundizó en la contribución especial como el tributo diseñado para financiar el funcionamiento de la Superservicios, explicando detalladamente el procedimiento de liquidación y cobro de la contribución. Complementariamente, Diego Tangarife compartió un ejemplo práctico mediante el cálculo de la contribución especial para una empresa del sector de energía. 

Si deseas ampliar el desarrollo de estos temas reproduce aquí el tercer Café Jurídico