Superservicios presenta informe sobre concentración, riesgos y transición energética en la generación eléctrica del país

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) presenta el informe “Generación Eléctrica en Colombia 2026: Concentración, Riesgos y Transición Energética”, que caracteriza el parque de generación actual, los proyectos aprobados hasta el año 2032, e identifica los principales riesgos para la seguridad del abastecimiento eléctrico del país.

El documento es uno de los primeros estudios del nuevo Observatorio de Servicios Públicos Domiciliarios, una herramienta de información para fortalecer el control social y la toma de decisiones en el sector. El superintendente, Felipe Durán Carrón, señaló que este documento busca “ofrecer una radiografía completa del sector para orientar decisiones de política y regulación, con el fin de anticipar riesgos antes de que afecten la prestación del servicio a los usuarios”.

Una de las principales conclusiones del análisis, señala que la política de Transición Energética muestra resultados concretos pues la energía solar ya es la segunda fuente de generación en la matriz del Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, el 70 % de la nueva capacidad solar se concentra en la región Caribe, lo que crea una nueva dependencia sobre un recurso de alta variabilidad horaria.

En cuanto los riesgos para la suficiencia energética, señala que el 57,14 % de la capacidad instalada depende de fuentes hídricas, lo que expone al sistema ante temporadas de baja hidrología o el fenómeno de El Niño por lo que se requiere reforzar la coordinación de mantenimientos de las plantas térmicas de respaldo en la costa Caribe.

Respecto a la concentración geográfica y territorial, muestra que cinco departamentos (Antioquia, Córdoba, Atlántico, Cundinamarca y La Guajira) concentran el 55 % de la generación actual y futura, mientras Chocó registra cero megavatios (MW) y Bogotá apenas 6,1 MW pese a ser el centro de mayor demanda del país.

La marcada centralización de la generación en el corredor andino y la región Caribe, contrasta con la exclusión de zonas vulnerables.

El informe de generación eléctrica, también se refiere a la concentración de mercado, agentes y promotores, donde seis agentes concentran el 72 % de la capacidad actual: Empresas Públicas de Medellín, Enel, Isagen, Celsia, AES Colombia y TEBSA (Termobarranquilla). 

En cuanto a los proyectos futuros, aunque 259 promotores participan en su ejecución, los análisis de propiedad e integración demuestran que las dinámicas de consolidación y control final de la capacidad proyectada hacia 2032 seguirán en manos de los mismos operadores tradicionales.

Una de las alertas son las demoras en la ejecución de proyectos pues a marzo de 2026 existe un atraso de 10.376 MW frente a lo programado. El 15 % de los aprobados (13,8 % de la capacidad) ya fue liberado al sistema interconectado.  

Respecto a la gestión de activos existentes, el análisis señala que se proyectan intervenciones sobre centrales que abastecen el centro del país y el área oriental, lo que generará indisponibilidades en los próximos tres años y deberá compensarse con el ingreso oportuno de nuevas fuentes de generación.

Recomendaciones de política pública y regulación

Tras el análisis, la Superservicios hace las siguientes recomendaciones:

• Consolidar la transición energética: profundizar el marco regulatorio para blindar la sostenibilidad de la transición frente a los riesgos de concentración, intermitencia y atraso identificados en el informe.
• Trasladar al usuario los menores costos de las renovables: revisar los mecanismos de formación de precios del mercado mayorista para que la reducción de costos de la energía solar y eólica se refleje en la tarifa, y evaluar subastas de largo plazo o contratos PPA estandarizados que faciliten la entrada de nuevos competidores.
• Diversificar la matriz y avanzar en almacenamiento: incentivar tecnologías complementarias a la solar (eólica, biomasa, geotérmica) y crear señales regulatorias para sistemas de almacenamiento, condicionando nueva capacidad solar en el Caribe y La Guajira a su incorporación progresiva.
• Descentralizar geográficamente la generación: diseñar incentivos regulatorios diferenciados para priorizar proyectos en zonas de alta demanda y baja capacidad instalada, como el Área Oriental, y fortalecer la planeación conjunta entre la Unidad de Planeación Minero Energética y los operadores de red.
• Regular la concentración de mercado: fortalecer el seguimiento a la formación de precios de los agentes dominantes, evaluar umbrales regulatorios de concentración (tipo HHI) y profundizar el análisis de control accionario indirecto entre grupos empresariales.
• Blindar el licenciamiento previo a la asignación de capacidad: condicionar la reserva de capacidad de transporte a la acreditación previa de licenciamiento ambiental, crear mecanismos de priorización (“fast-track”) para proyectos no supeditados a obras de transmisión, y revisar la Resolución UPME 528 de 2021 sobre liberación de proyectos.
• Coordinar el despacho y los mantenimientos de centrales críticas: exigir a los grandes generadores cronogramas de mantenimiento articulados con el Centro Nacional de Despacho y reforzar las auditorías de disponibilidad real de las plantas térmicas de respaldo.
• Auditar precios de oferta y depreciación de activos: verificar que los precios declarados en bolsa por las plantas más antiguas reflejen sus costos de operación y no capital ya amortizado, y revisar la metodología del Cargo por Confiabilidad para activos de alta madurez.
• Modernizar el esquema de despacho económico: incorporar la variabilidad horaria de las renovables y la disponibilidad de almacenamiento en las reglas de despacho, y avanzar hacia un modelo centralizado, liderado por XM, que refleje con mayor precisión los costos operativos del sistema.

El superintendente Durán recordó que la información fortalece la participación ciudadana. “No se puede ejercer un control social real ni tener una incidencia verdadera en los tomadores de decisiones si se carece de la información y el conocimiento para participar. Al entregarles estos estudios a los usuarios, se les dota de herramientas para la autogestión y la vigilancia comunitaria”, expresó.

El Observatorio de Servicios Públicos está disponible aquí