- Junto a la Gobernación, la entidad se comprometió a revisar los casos particulares que expuso la comunidad de San Andrés para garantizarles un debido proceso.
- El superintendente, Felipe Durán, invitó a las comunidades y autoridades locales a insistir en el debate hacia la transición energética como solución estructural para reducir tarifas.
El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón y la gobernadora (e) del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vilma Jay, articularon un encuentro con las comunidades raizales de la isla para escuchar sus necesidades en materia de prestación del servicio de energía y analizar incrementos que se han presentado en los precios de este servicio público.
Vale recordar que el archipiélago es una Zona No Interconectada del Sistema Nacional y cuenta con una concesión y regulación exclusiva. El servicio es prestado por la Sociedad Productora de Energía de San Andrés (Sopesa) y cuenta con una interventoría por parte de la Empresa de Energía del Archipiélago (Eedas S.A.), las cuales deben garantizar la calidad y continuidad del servicio.
Tras una mesa técnica con el equipo de la gobernación, los Delegados de Energía y Gas, Omar López y de Protección al Usuario y Gestión en Territorio, Iván Romero, y las empresas prestadoras; el superintendente se reunió con la comunidad y vocales de control del archipiélago para escuchar sus inquietudes y realizar pedagogía sobre el debido proceso en la presentación de reclamaciones.
En este sentido, la entidad se comprometió a revisar los casos particulares que trajo la comunidad, con factura en mano.
Durante este encuentro, el superintendente Durán explicó la necesidad de avanzar hacia la política de transición energética para dejar atrás la dependencia del diésel en las Zonas No Interconectadas (ZNI), un combustible costoso y volátil por los precios internacionales, así como actualizar el modelo regulatorio.
La Superintendencia realizará una auditoría específica al área de atención al usuario de Sopesa pues se detectaron inconformidades en el registro y gestión de las reclamaciones presentadas por la comunidad, por lo que se recordó a la ciudadanía el trámite del debido proceso y sus derechos fundamentales al presentar una queja. “Ante una factura en reclamación, la empresa no puede cobrar el monto reclamado ni suspender el servicio hasta que se resuelva”, explicó el superintendente Durán.
Si la empresa niega la reclamación, el usuario tiene derecho a presentar un recurso de reposición con subsidio de apelación dentro de los 5 días siguientes, o un recurso de queja ante la Superintendencia si el primero es rechazado.
