- A través de un nuevo Decreto se busca mitigar la situación financiera y operativa que afecta al sector eléctrico, especialmente en la región Caribe, y asegurar la sostenibilidad del suministro eléctrico en el país.
En el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 0044 de 2025, a través del cual se fortalece el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo que le permitirá financiar las acciones necesarias para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica.
El Decreto atiende, de manera prioritaria, los problemas que ha venido enfrentado el mercado eléctrico de la región Caribe, los cuales se han traducido en dificultades operativas, técnicas y financieras para las empresas encargadas de la prestación del servicio. Factores como altos niveles de pérdidas, rezagos en infraestructura, restricciones de flujo de caja y una elevada exposición a las dinámicas del mercado mayorista, han afectado la sostenibilidad de los operadores en la región, comprometiendo la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios.
De forma complementaria, el Decreto establece una contraprestación tributaria en energía, consistente en un aporte temporal en especie a cargo de determinadas empresas generadoras hidráulicas con despacho centralizado, mediante la entrega de un porcentaje de la energía vendida en bolsa, con destinación exclusiva a respaldar la prestación del servicio de las empresas intervenidas.
Este mecanismo permite reducir la exposición de dichas empresas al mercado de energía en bolsa, que se sitúa en rangos del 15 % al 20 %, al sustituir parcialmente las compras en el mercado spot, caracterizado por su alta volatilidad de precios, mientras que el porcentaje restante de energía se encuentra respaldado mediante contratos bilaterales conforme a la regulación vigente.
Los recursos derivados de este mecanismo se destinan al mismo sector eléctrico, con el propósito de fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa, en particular para respaldar la prestación del servicio público de energía eléctrica en la región Caribe.
La Superintendencia reitera que estas medidas tienen carácter excepcional y temporal y hacen parte de una estrategia integral del Gobierno Nacional orientada a proteger a los usuarios, asegurar la prestación continua de un servicio público esencial y preservar la estabilidad del sistema eléctrico, en concordancia con las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Constitución Política.
