- En Ubalá, Cundinamarca, se implementó la Red de Comunidades por el Control Social como eje de articulación entre actores públicos, privados y comunitarios para la toma de decisiones en el sector.
- La iniciativa busca que la vigilancia de los servicios públicos se sustente en un modelo de gobernanza que fomenten la promoción de políticas públicas y la resolución de conflictos.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía lideraron un encuentro en el municipio de Ubalá, Cundinamarca, en donde socializaron el nuevo Régimen de Protección de los Derechos y Deberes de los usuarios y brindaron herramientas de control social a las comunidades en sus procesos de reclamación administrativa frente a empresas de servicios públicos.
En este espacio, la Dirección Territorial Centro dio a conocer el conjunto de propuestas regulatorias que la Superservicios presentó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), orientadas a llenar vacíos en lo que respecta al derecho del debido proceso de los usuarios frente a las empresas. Este asunto terminó siendo definido por los prestadores a través de los contratos de condiciones uniformes, frente a lo cual la entidad ha planteado fijar reglas de juego en beneficio de los usuarios.
Se trata de ocho propuestas que buscan garantizar el debido proceso en aspectos como la recuperación de consumos, el cobro de reconexión y la suspensión del servicio, e incluyen una medida clave que obliga a los prestadores a contar con oficinas presenciales de atención al usuario, con el fin de mejorar la comunicación y la gestión oportuna de quejas en primera instancia.
Además, durante la jornada, se creó la Red de Comunidades por el Control Social en el municipio, un escenario de articulación e integración para garantizar la incidencia de las comunidades en la prestación de los servicios públicos.
Los asistentes al encuentro destacaron que este modelo implica una interacción necesaria entre los diversos actores del sector, permitiendo gestionar intereses comunes y establecer espacios de deliberación técnica. "Ahora sabemos cómo reclamar y hacer seguimiento. Nos sentimos más acompañados y con herramientas para defender nuestros derechos", manifestó Miriam Pérez, una de las lideresas del municipio.
La Superservicios ratificó que el objetivo de esta articulación es que el debido proceso y la resolución de conflictos no sean acciones aisladas, sino parte de una dinámica social e institucional fluida. A través de la Red, los usuarios de Ubalá cuentan ahora con herramientas para incidir en las decisiones que afectan la prestación del servicio, garantizando que sus peticiones y recursos sean atendidos bajo criterios de justicia y transparencia.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía vinculó este modelo de gobernanza con la política de Transición Energética, socializando proyectos de granjas solares y la conformación de comités de energía locales. Estos espacios facilitarán el reporte oportuno de fallas y promoverán el uso eficiente del servicio, integrando la visión comunitaria en la gestión de energías limpias.
De esta forma, el Gobierno Nacional fortalece la democracia participativa, ubicando a los usuarios en el centro de las decisiones y transformando las relaciones sociales en el sector de los servicios públicos hacia un modelo más equitativo y eficiente.
