La gestión de los alcaldes es fundamental para tener servicios públicos eficientes y de calidad. Son los municipios los principales accionistas de las empresas de acueducto, aseo y alcantarillado. Cuando no existe algún privado dispuesto a ofrecer el servicio, las alcaldías tienen que encargarse de la prestación. También son corresponsables de las inversiones para ampliar redes de acueducto y alcantarillado, deben clasificar la población en estratos y canalizar los subsidios correspondientes.
Los alcaldes son la primera línea de vigilancia en la prestación de los servicios públicos. Conocen los problemas mucho antes que las entidades nacionales y están en diálogo permanente con los ciudadanos. Les corresponde activar los comités de control social de servicios públicos y apoyar a los vocales de control en sus tareas de veeduría. Por eso, el artículo 5 de la ley 142 de 1994 es claro en cuanto a que tienen que asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos.
Ahora que todos los municipios están formulando sus planes de desarrollo, es indispensable que tengan muy presentes sus obligaciones legales, pues los planes municipales deben estar en armonía con el nacional, que ordena la transición hacia un modelo de Basura Cero. El servicio de aseo que privilegia la disposición se agotó. Uno de cada 3 rellenos sanitarios están en estado crítico porque ya cumplió su ciclo de vida útil o porque le queda menos de 3 años.
Entre estos se cuentan los de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Yopal, en donde se dispone la tercera parte de la basura del país. Abrir nuevas celdas o relocalizarlos en otros terrenos no es viable debido a la dificultad de conseguir licencias ambientales y la resistencia de las comunidades. Además, la disposición en rellenos sanitarios aporta a la emisión de gases efecto invernadero y la contaminación de fuentes hídricas.
Por hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo, los alcaldes están obligados a adoptar la política de Basura Cero como marco de referencia en la formulación de sus propios planes. Destinar mayoritariamente recursos públicos en actividades de recolección, transporte y disposición de residuos en rellenos sanitarios sería contrario a la ley.
También es el momento de que los municipios de Colombia asuman con seriedad la formulación y actualización de los Planes Inspección de Residuos Sólidos (PGIR). En estos planes se define la localización de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), las medidas para incentivar la separación en la fuente, la formalización de la población recicladora y las acciones afirmativas a su favor. A pesar de su importancia, lo común ha sido que los PGIR sean formulados de manera descuidada para cumplir con el requisito legal.
Por eso no sorprende que la ejecución de la política de aprovechamiento hasta el momento haya sido deficiente. La gran mayoría de los municipios de Colombia no realiza el censo a recicladores, indispensable para verificar el reporte de toneladas aprovechadas y para definir las acciones afirmativas que ordenó la Corte Constitucional. En 2023, apenas 261 municipios reportaron información sobre las organizaciones de recicladores de oficio en su jurisdicción. La negligencia de los municipios frente a los PGIR y el registro de recicladores y sus asociaciones ha facilitado el fraude en la actividad de aprovechamiento. A los alcaldes actuales les corresponde revertir esta situación.
Un segundo punto del Plan Nacional de Desarrollo que los gobiernos locales deben tener muy presente es el del ordenamiento del territorio alrededor del agua. La gestión del desarrollo municipal siempre debe considerar la oferta y capacidad de las fuentes hídricas, así como la infraestructura de acueducto y alcantarillado disponibles. Sin embargo, en muchos municipios, especialmente en los de más rápido crecimiento, se entregan licencias de construcción de manera irresponsable, lo que posteriormente se traduce en una prestación deficiente de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Del mismo modo, el manejo descuidado y a veces corrupto de las empresas municipales también pone en riesgo la prestación del servicio. De la gestión de estas empresas depende que se materialicen los derechos constitucionales al agua y al saneamiento básico. Los alcaldes no pueden dejar que se conviertan en un botín para pagar favores políticos. Por el contrario, deben fortalecer sus gobiernos corporativos, nombrar gerentes idóneos y permitir que las decisiones siempre se tomen con criterios técnicos. Desde la Superintendencia tenemos toda la disposición para apoyar a las empresas municipales con nuestros conocimientos y recursos.
Por último, las alcaldías tienen en sus manos la posibilidad de saldar la deuda con la participación ciudadana en la planeación y control de los servicios públicos. Por ley, todos los municipios deben constituir un Comité de Control Social de los Servicios Públicos, elegir vocales de control y fomentar su participación. En la práctica, sin embargo, en casi todos los municipios de Colombia estos comités brillan por su ausencia.
No nos sorprende entonces que la voz de los usuarios se diluya en cientos de miles de reclamos individuales, sin impacto alguno sobre la calidad en la prestación. Solo una participación ciudadana vigorosa servirá para nivelar la cancha entre los usuarios y las empresas de servicios públicos. Solo con una movilización ciudadana organizada, las autoridades tendremos información oportuna para tomar las decisiones necesarias para ofrecer servicios públicos de calidad. Los alcaldes deben ver a los ciudadanos como aliados y no como obstáculos.
Somos conscientes de los déficits y necesidades en materia de servicios públicos, que superan los recursos con los que cuenta la mayoría de los municipios del país. Pero tenemos la certeza de que con una gestión responsable y la vinculación de la ciudadanía en la toma de decisiones podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo.
